Un nuevo ataque al debilitado Estado de derecho de Venezuela

No es un ensueño, es una realidad, que más de dos décadas después de alcanzar el siglo XXI, la República Bolivariana de Venezuela, que aún no ha tocado techo en las cotas más extremas de represión contemplados en países como la República de Cuba, la República de Nicaragua o la República Popular Democrática de Corea, comúnmente, Corea del Norte, sí que se encuentra sumergida en un régimen autoritario radical, punteado por inclementes obstáculos al pluralismo político y la libertad.

Y es que, el 17/X/2023, el Gobierno de Nicolás Maduro Moros (1962-61 años) junto a la Plataforma Unitaria, rubricaron en Bridgetown dos Acuerdos Provisionales sobre la ‘promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos’ y la ‘protección de los intereses vitales de la nación’, al objeto de establecer las bases para unas elecciones presidenciales competitivas.

La medida del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en los últimos días de enero de 2024 de conservar la negativa a la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado Parisca (1967-56 años) y a Henrique Capriles Radonski (1972-51 años), paralizándole el desempeño de sus funciones durante quince años, ha conjeturado un duro mazazo al Acuerdo y una notoria sospecha del recorrido punteado para unas elecciones simuladas por parte de Maduro. A este escenario ha de adherirse las múltiples querellas de la alianza política opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sobre los embates represivos del régimen, lo que acentúa la clarividencia sobre los tejemanejes dictatoriales para asegurar el poder. O séase, el modus operandi de un régimen enmascarado en el totalitarismo.

Este entorno a primera vista opresivo se encuadra en la última campaña de acoso y derribo del autócrata, quién empezó con la primicia de su Plan Furia Bolivariana. Bajo este diseño se tendieron fuerzas militares y policiales, para hacer frente ante cualquier tentativa terrorista o golpista, según retrata el portal entendido en crimen organizado en Latinoamérica InSigth Crime.

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en las postrimerías de enero del presente año un Proyecto de Ley para normalizar e inspeccionar las ONG, al igual que grupos de defensa han condenado como un conato de callar a las organizaciones civiles que reclaman la paz y la democracia y, a la postre, una evidente ascensión de la represión estatal.

En opinión de varios analistas, el mero ruido de esta norma suscita recelos, como una estrategia de represión psicológica hacia las libertades. Esto es parte de una pericia de acorralamiento concienzudamente concebida procedente del Plan Furia Bolivariana antes mencionado. En otras palabras: el conjunto poblacional venezolano está saturado del sistema y existe un mutismo encrespado. Toda vez, que el absolutismo está en condiciones de atenazar a algunos sujetos, resulta complicado moderar la desilusión extendida de todo un país.

Con estas connotaciones preliminares, la política de represión en Venezuela posee como base primordial la estigmatización y persecución a cualquier disidencia. De ahí, que las autoridades o representantes hayan robustecido una descriptiva en las que las reprobaciones a las políticas públicas, u otros comportamientos que sean advertidos como opositor, deben quedar en una espiral viciosa para en conclusión ser vencidas e impugnadas, purgadas y enmendadas y cómo no, abordadas a cualquier precio.

El régimen está totalmente exasperado porque se ha ido desplomando abruptamente su valoración entre la ciudadanía y no hace más que cosechar calificaciones contrarias de la comunidad internacional.

"A pesar de que la represión ya no es capaz de encerrar a los venezolanos en sus casas, llámense los ataques a los espacios cívicos y democráticos para silenciar la oposición a cualquier precio, Maduro continúa perpetrando importantes inobservancias de los derechos humanos"

Adelantándome a lo que posteriormente fundamentaré, como es sabido la política de represión en Venezuela que ha sido ampliamente puesta al corriente por entidades tanto dentro como fuera del estado, debe ser rechazada firmemente, ya que únicamente con una presión externa inquebrantable que refuerce un apoyo resuelto por quienes trabajan minuciosamente por la libertad, será viable acometer progresos reales hacia la vuelta de una efectiva democracia.

En atención a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la que Venezuela forma parte, uno de los componentes integrantes de las desapariciones forzadas es el enorme vacío de información sobre el destino de los individuos, lo que frena la actuación de los recursos legales y las garantías procesales adecuadas. Las pesquisas tardías e inconclusas sobre la situación y estado de éstos, con la finalidad de producir desasosiego entre quienes muestran objeciones al Gobierno, hacen responsable al Estado bajo el paraguas del derecho internacional.

En Venezuela, el calibre de represión y amenaza encaminadas a asfixiar el recinto cívico, en este momento en mayor peligro con el acogimiento de la ley que sistematiza las organizaciones no gubernamentales y que atañe a su independencia, prosiguen fusionándose con otros ideales complejísimos de represión. Sin lugar a dudas, es alarmante que la Fiscalía continúe maniobrando en la complicidad con el interés del Gobierno para otorgarle una plante de legitimidad a los innumerables abusos.

Dicho esto, es preciso referir sucintamente algunos de los guarismos correspondientes al año 2023 proporcionados por el Foro Penal Venezolano, que facilita amparo jurídico pro bono a sujetos y familiares detenidos arbitrariamente, en materia de represión por razones políticas, al objeto de hacer una valoración del contexto real que subyace. Inicialmente, el cómputo general de detenidos políticos equivale a veinte individuos, siendo los meses de enero y febrero en los que se originó un mayor número de detenciones.

En base a lo anterior, los prendimientos acumulados por precedentes políticos desde principios de 2014 hasta la fecha de cierre, arrojan la cifra de 15.812 personas. Y en el nivel de presos políticos, el Foro Penal Venezolano consignó el 31/XII/2023, nada más y nada menos, que 257 personas.

Conjuntamente, de los presos políticos que se hallan tras las rejas, el 56% fueron registrados como funcionarios militares, quienes principalmente han sido distinguidos por funcionarios del Gobierno de proyectar o emprender supuestas ejecuciones militares desestabilizadoras, así como estar relacionados con líderes de la oposición venezolana. Además, a últimos de 2023 se excarcelaron dieciocho presos políticos venezolanos e indultados diversos sujetos de nacionalidad norteamericana que estaban siendo encausados por causas políticas.

Otro antecedente significativo, al menos veintiuna de estas excarcelaciones, de las que pueden ser considerados presos por fuentes políticas, estarían coligadas a una negociación entre agentes del régimen de Maduro y de la propia dirección de Joe Biden (1942-81 años), a cambio de la puesta en libertad del oficialista Alex Nain Saab Morán (1971-52 años), señalado como probable testaferro del presidente venezolano y quien estaba siendo enjuiciado en Estados Unidos.

De la misma manera y sin hallarse éstas supeditadas con las negociaciones políticas, se promovieron las excarcelaciones con libertad plena por sentencia absolutoria, tanto de Adrián Leonardo de Gouveia de Sousa como de Abraham Américo Suárez, quiénes habían estado incomunicados por una sobreentendida rebelión militar. Amén, que durante el año 2023, se produjeron pronunciamientos de organismos internacionales sobre el curso imperante en materia de derechos humanos. Sobre este último matiz, se subraya lo divulgado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela en su Cuarto Informe, una fuerza de observación establecida en 2019, para enfocar y analizar los derechos humanos de la revolución bolivariana.

En ella se señala literalmente entre otras materias: “…identificó tres patrones comunes de detención arbitraria”. Primera, “muchas detenciones se llevaron a cabo sin una orden previa de detención…”. Segunda, “se produjeron detenciones arbitrarias debido a que las personas estuvieron detenidas por períodos superiores a los permitidos por ley…”. Y tercera, “la misión identificó un patrón en el que las personas permanecieron en prisión, incluso después de que un juez hubiera ordenado su liberación inmediata”.

Y ensamblado a lo anterior, destacan las conclusiones e indicaciones últimas formuladas por las autoridades del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en razón del Quinto Informe periódico sobre Venezuela.

En relación a las resoluciones sobre detenciones arbitrarias y la ausencia ilegítima de la libertad de los ciudadanos, el Comité expuso al pie de la letra: “… también preocupan las denuncias relativas al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad, incluida la reclusión en régimen de incomunicación en casas clandestinas, sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vista como opositoras al gobierno. Al Comité le preocupa la alarmante impunidad en relación con los casos denunciados y lamenta profundamente que la delegación haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité”.

Lo cierto es, que la pugna pacífica ha variado en sus formas de operar. Si anteriormente residía en discurrir y regresar a las casas, hoy en día le sitúa directamente el cuerpo a los represores. Estos episodios de valentía, sobre todo, del colectivo más joven, entrañan tormentos, capturas y fallecidos. Evidentemente, es un cambio que compensa moralmente la inspiración atrevida, pero cuya repercusión real está por distinguirse. Este enjambre de críticas perpetúa la acontecida en el año 2014, conocida como ‘La Salida’, pero por aquel entonces, el marco era bien distinto.

El apoyo a estas protestas nacionales recalcan la divergencia habida con las del año antes mencionado. Mientras que ‘La Salida’ reprodujo un conflicto en la coalición entre las formaciones que armaban la solicitud de una alianza de transición y la Asamblea Constituyente, y quienes por otro lado competían por el acaparamiento de fuerzas concéntricas, ahora tanto los diputados, como los líderes, alcaldes y dirigentes se han puesto manos a la obra y en la avanzadilla de los desplazamientos.

Ya no se trata de demostrar la insatisfacción de quienes vieron dilapidadas sus opciones en las elecciones de 2012 y 2013, sino de pronunciar el fiasco del electorado ante las carencias divisadas y el ascenso dictatorial que engloba, como la discreción de las televisiones nacionales y la tacha en la censura de los medios audiovisuales por suscripción, como resultó con la interrupción de los canales ‘El Tiempo’ de Colombia, ‘Antena 3’ de España‘ y ‘Todo Noticias’ de Argentina.

Expuesto de otra manera, se despliega otra ordenación de los partidos políticos, los gremios y las organizaciones no gubernamentales tomadas como actores políticos ante la severidad de las dificultades y la masa de a pie que manifiesta su queja con un único fin: rescatar, sea como fuere, los valores democráticos.

Esta finalidad es orquestada por organismos internacionales e innumerables gobiernos antes silenciosos y herméticos al sentir general, como la República de Colombia, que se pronunció tenazmente sobre el contexto degradante venezolano. O lo que es lo mismo, quienes se reúnen acaban engarzándose como ciudadanos para desenvolverse ante un chavismo fracasado electoralmente en las Elecciones Parlamentarias de 2015.

A resultas de todo ello y como gota que colma el vaso, la Asamblea Nacional de Venezuela recibió recientemente el Proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y enunciados análogos, promovido y espoleado por el Gobierno de Maduro. Según comunicó el Poder Legislativo, el documento quedó admitido en primera discusión y a corto plazo pasará a segunda discusión.

La proposición de Ley armonizada por 30 Artículos distingue numerosas sanciones para quienes practiquen actuaciones que las autoridades contemplen fascistas, neofascistas o parecidas. Estos castigos podrían ser penales con varios años de prisión; o bien, administrativas, que aparejaría multas y, por último, llevar consigo la disolución de organizaciones.

En la explicación de motivos, el Gobierno enfatiza que esta Ley es imprescindible porque en los últimos años se han constatado esferas sociales que en reiteradas ocasiones “acuden a la violencia como forma de acción política, contrariando abiertamente los postulados constitucionales que, entre otras cosas, protegen el ejercicio democrático de la voluntad popular”.

Asimismo, el pasaje desgrana al pie de la letra: “el presente Proyecto de Ley busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

El Proyecto de Ley puntualiza en su Artículo 4 ‘el fascismo’, como la posición ideológica que asentada en una sospechada superioridad moral, étnica o nacional, literalmente “asume la violencia como método de acción política”, menoscaba a la democracia y sus instituciones y suscita la eliminación de derechos de algunos espacios para beneficiar a otros.

También establece palabra por palabra que: “son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y diversidad”. Esta redacción pareciera querer redelinear qué es ‘el fascismo’, al menos en Venezuela.

"Cueste lo que le cueste, Maduro empuña el poder e intensifica los tentáculos de la represión contra la oposición. Prueba de ello es la artimaña puesta en el Proyecto de Ley contra el fascismo"

En los sectores políticos y académicos de varios estados, según explicita la editorial estadounidense de la Enciclopedia Británica, se reconoce como ‘fascismo’, la “ideología política y movimiento de masas que dominó muchas partes de Europa central, meridional y oriental entre 1919 y 1945 y que tuvo adeptos en Europa occidental, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, América Latina y Oriente Medio”.

Si bien, los grupos y movimientos fascistas se dificultan entre sí a lo largo de la historia, añade la Enciclopedia Británica que poseen “muchas características en común, incluido el nacionalismo militarista extremo, el desprecio por la democracia electoral y el liberalismo político y cultural, la creencia en la jerarquía social natural y el gobierno de las élites, y el deseo de crear una comunidad popular, en la que los intereses individuales estarían subordinados al bien de la nación”.

Hay que recordar al respecto, que Benito Mussolini (1883-1945), el primer paladín fascista del Viejo Continente, junto a Adolf Hitler (1889-1945), cabeza visible de la Alemania nazi, se manejan como puntas de iceberg de dicha corriente. Pero el Proyecto venezolano da la sensación de encarrilar sus coordenadas por otros derroteros.

Me explico: el Proyecto de Ley traza el límite tajante de las reuniones o manifestaciones que causen la ponderación de lo que el Gobierno entiende como fascismo, neofascismo o expresiones equivalentes en el Artículo 12, así como en el Artículo 14, determina que los tribunales civiles de primera instancia contengan la competencia de disgregar a las organizaciones sociales que propaguen estas tendencias.

Además, este bosquejo legislativo apunta que será incumbencia del Ministerio Público dictaminar y conducir la investigación con penas de estos delitos. Dentro del entramado político, presume que el Consejo Nacional Electoral anule la inscripción de los partidos que impulsen “actos fascistas” (Artículo 15), y que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a propuesta del Ministerio Público, disponga la disgregación de esos partidos (Artículo 16).

La herramienta en discusión contempla que son “actos fascistas”, aquellos en los que un individuo “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos”.

Refiriendo sucintamente a algunos de estos apartados, “quienes recurran a la violencia con fines políticos serán sancionados con una pena de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación política” (Artículo 22). O para quien realice ensalzamiento del “fascismo”, se sugiere sanción de 6 a 10 años de prisión e inhabilitación política (Artículo 23). Del mismo modo, para quien sufrague cualquier tipo de labores “fascistas”, se prevén recargos en bolívares que equivalgan entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor, de cara al dólar difundido por el Banco Central de Venezuela (Artículo 27).

No ha de soslayarse, que el documento circunscribe sanciones para los medios de comunicación. En esta ocasión, se considera la revocación de la concesión a los canales de televisión o las estaciones de radio que divulguen señales “fascistas”, a juicio de las autoridades (Artículo 28).

Llegados a este punto, mientras aumentan los forcejeos y rebeldías entre el Ejecutivo y la oposición, esta Ley que espolea el Gobierno se cuestiona en la Asamblea Nacional, que como es sabido es de mayoría oficialista, cuando quedan escasos meses para las Elecciones Presidenciales del 28/VII/2024 y en las que Maduro no dará un paso en falso para conquistar un tercer mandato.

Una porción representativa de la oposición conducida por Corina Machado, culpa al Gobierno de imposibilitar tanto su pretensión de presentarse a la candidatura, como la de la académica Corina Yoris Villasana (1944-80 años). Actualmente Corina Machado se encuentra inhabilitada por supuestas anomalías patrimoniales, inculpaciones que ella rechaza y Yoris, a quien Corina Machado había propuesto como su relevo, no pudo registrarse ante el Consejo Nacional Electoral.

Durante la exposición del Proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, la ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez (1969-54 años), indicó que existen organismos que exploran “asaltar nuevamente el poder político”. Y haciendo alusión a las fuerzas de oposición, añadió: “hoy se presentan como ovejas para ser lo que nunca han sido, nunca han sido demócratas”.

En consecuencia, cueste lo que le cueste, Maduro empuña el poder e intensifica los tentáculos de la represión contra la oposición. Prueba de ello es la artimaña puesta en el Proyecto de Ley contra el fascismo, donde aun contando con explicaciones conceptuales abiertas y de justificación improcedente, podría ser esgrimido como arma arrojadiza de censura y divisoria extrema a la libertad de expresión e información, para así prolongar su hoja de ruta con el propósito de contener cualquier indicativo de crítica, con cárcel, inhabilitación política y disolución de organizaciones.

Ni que decir tiene, que el acogimiento de esta medida mostraría un anticipo en la arquitectura de un modelo de gobierno totalitario, empeorando las garantías para la complacencia de los derechos humanos y apartando el mínimo resquicio de aplanar el sendero de una posible transición a la democracia. O lo que es igual: criminalizar opositores e inhabilitar posibles candidatos.

Obviamente, a día de hoy, a pesar de que la represión ya no es capaz de encerrar a los venezolanos en sus casas, llámense los ataques a los espacios cívicos y democráticos para silenciar la oposición a cualquier precio, Maduro continúa perpetrando importantes inobservancias de los derechos humanos con el convencimiento que en Venezuela se confirman graves restricciones para asegurar elecciones transparentes y lo más peliagudo, el Gobierno reactiva la represión gubernamental más violenta con crímenes de lesa humanidad.