Ni siquiera en el ‘caso Bárcenas’

Durante los registros ejecutados ayer en la Asamblea, los agentes dieron la orden de cortar la conexión de Internet y dejar al Ayuntamiento sin su Intranet. Cuanto menos “exagerado”. Agentes de Guardia Civil y de la UCO (Unidad Central Operativa) cortaron ayer la conexión a Internet de las dependencias municipales donde practicaron nuevos registros enmarcados en la ‘Operación Ópera’, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores.
Los trabajadores de la Asamblea se quedaron sin acceso a la Intranet por la que se comunican habitualmente y, además, no se pudieron tramitar las nóminas de los empleados municipales, que tenían previsto gestionarse en el día de ayer.
Diversas fuentes judiciales consultadas por El Faro se mostraron cuanto menos “sorprendidas” por “la magnitud” de una medida que ni siquiera ha solicitado la jueza Mercedes Alaya para investigar el supuesto fraude de los ERE de Andalucía o el juez Pablo Ruz, para esclarecer la presunta trama de pagos con dinero negro, recogida en los papeles del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Incluso hay quien ha llegado a asegurar que puede que sea el primer caso en España en que se corten las conexiones de Internet mientras se practica un registro en un Ayuntamiento. “Parece ser que nunca ha habido una medida de estas dimensiones. Creemos que es exagerado”, apuntaron a El Faro.
Testigos de los registros en el Ayuntamiento han asegurado a este periódico que los agentes registraron despachos de los consejeros y que su forma de proceder hace pensar que buscaban algo concreto. “Parecía un capítulo de CSI. Los guardias llevaban guantes”, comentaron.
Consultadas por El Faro, fuentes judiciales han explicado, además, que cuando la Guardia Civil entra a registrar dependencias municipales es porque tiene datos e indicios que apuntan a que se puede encontrar “algo” que aporte luz a la línea de investigación. “Es lo normal. Pasa lo mismo cuando se practican registros domiciliarios”, destacan.
También es “normal”, añaden las mismas fuentes, que tras varios meses de investigación se repitan los registros. “No es nada malo en sí mismo. Puede que se hayan llevado la documentación que podían analizar porque tendrán exceso de trabajo y que hayan vuelto ahora a por más material”, añaden.
Sigue dentro de lo “normal” el hecho de que no haya más detenidos en la ‘Operación Ópera’ tras el revuelto mediático que supone que se practiquen registros en dos empresas de la ciudad (Himosa y Eulen) y en tres casas particulares (la del consejero de Medio Ambiente José Ángel Pérez Calabuig, la del director general de Medio Ambiente, José Pastor, y en la del empresario Abdelkader Kassem). También en seis dependencias municipales (Bienestar Social, Economía y Hacienda, Medio Ambiente, Cultura, Seguridad Ciudadana y la Viceconsejería de Festejos).
En todo caso, aún se desconoce qué buscan los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil porque el caso continúa bajo secreto de sumario y la jueza que lleva la investigación, María José Alcázar, está siendo especialmente estricta con su entorno: No quiere que se sepa nada y no se sabe nada.
Por su parte, fuentes cercanas a los imputados, que obviamente son parte interesada, tienen la sospecha de que estamos ante una “investigación abierta” y aclaran que hay que tener mucho cuidado con esta amplitud de miras porque la ley es meridianamente clara al respecto. “El sistema tienen que funcionar de la siguiente manera: Yo sé que hay algo y voy a encontrarlo. No puede ser al revés. Creo hay algo y voy a ver qué encuentro”, concluyen.