Mohand señala que la libertad de culto tiene dos límites: la seguridad ciudadana y la salud pública

El consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, se encuentra en el ojo del huracán, especialmente, de la comunidad cristiana por su decreto ordenando el cierre de los templos los días de mayor aforo: los viernes en el caso de las mezquitas, los sábados con las sinagogas y los domingos con las iglesias.

Sin embargo, en una conversación con El Faro de Melilla, establece que “la libertad de culto tiene dos excepciones: la seguridad ciudadana y la salud pública”. Reconoce que no ha tenido ninguna queja ni por parte de la comunidad musulmana ni por la judía, pero en el caso de la católico se ha encontrado con una escrito dirigido al presidente de la Ciudad por parte del vicario episcopal, el apoyo al vicario por el Consejo de Hermandades y Cofradías y un anuncio de querella por la Asociación de Abogados Cristianos.

El consejero relata que para la toma de esta decisión se han dado dos circunstancias. La primera, el análisis de la situación epidemiológica de Melilla que “por supuesto, no es como la de la segunda ola, pero que no deja de ser importante porque muchos días estamos rondando los mil casos por cien mil habitantes y que, por tanto, nuestra obligación es eliminar las concentraciones en los lugares de mayor afluencia de ciudadanos”. Además, la segunda razón se concreta en una conversación que mantienen con el presidente de la Comunidad Islámica de Melilla, quien le confiesa que está teniendo problemas para mantener el aforo máximo que está establecido por la ciudad destinado a los lugares de culto. Por esta razón deciden suprimir el culto en los días de mayor afluencia y que mantenga el aforo para el resto de los días de la semana. Quiere recordar igualmente que muchos miembros de la comunidad judía también han estado contagiados por el coronavirus.

En cuanto a las acusaciones sobre que está recibiendo porque se entiende que se limita el derecho constitucional a la libertad de culto estima que es una interpretación jurídica y que solamente las críticas han venido por parte de la comunidad católica, “pero la verdad es que lo entiendo. Le voy a decir una cosa, soy una persona creyente y entiendo que Dios está en todos lados y si durante un tiempo, por razones de salud pública, tenemos que rezarle en nuestras casas lo va a entender. Desde mi punto de vista tenemos claro que no se está restringiendo la libertad de culto porque nadie prohíbe que unos sean católicos, musulmanes o judíos, nadie lo está prohibiendo, sino que lo estamos modulando”.

De todas maneras alude a que el decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOME, pero como han hecho con el resto de decretos firmados a lo largo de todos estos meses lo han enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “y si desde el alto tribunal nos dicen que no podemos efectuar esta medida o que no entra dentro de nuestras competencias tenemos claro que rápidamente lo modificaremos y volveremos a la situación anterior. Hemos enviado el documento y está pendiente de ratificación, pero tenemos claro que entró en vigor en el mismo momento de la publicación”.

Sobre la posibilidad de la presentación de un querella por parte de la Asociación de Abogados Cristianos por prevaricación estima el consejero que “en ningún momento he podido cometer este delito porque para que todos nos entendamos, este delito se produce cuando uno toma una decisión a sabiendas de que es ilegal, pero no ha sido mi caso, en primer lugar porque cuento con el respaldo jurídico de técnicos de mi Consejería, basándonos en la Ley de Emergencia Sanitaria o en el decreto que regula el estado de alarma”.