El Gobierno confía en que en abril entre en vigor el reglamento que regula el sistema de acogida de refugiados, que permitirá ir aumentando el número de plazas de titularidad estatal (de las 420 actuales a más de 5.000) y que cambiará el modelo de financiación de las entidades colaboradoras para pasar de la subvención a una acción concertada.
Un nuevo sistema que se aprobará por Real Decreto, cuyo borrador ha comenzado este mismo viernes su trámite de información pública para que pueda ya empezar a aplicarse en abril, como han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Con este reglamento no solo se pretende dotar al sistema de una normativa única que le dé seguridad jurídica, sino establecer las condiciones generales básicas del sistema, recoger las características de los centros y recursos de acogida y regular un modelo de financiación y gestión que garantice su estabilidad en el tiempo, como reza su exposición de motivos.
El sistema se abrirá a las entidades que lo deseen y cumplan una serie de requisitos, aunque la "experiencia magnífica", según las mismas fuentes, de las 19 que hasta ahora están colaborando con la administración para la acogida de refugiados hace prácticamente segura su continuidad.
Las fuentes reconocen que el actual sistema, con una normativa dispersa, estaba pensado para un número limitado de solicitantes de protección internacional o asilo, pero desde 2015 y la crisis de Siria se ha visto "desbordado", hasta el punto de que desde ese año y hasta 2021 se ha multiplicado por 8 el número de peticiones.
Migraciones es consciente de que el actual número de plazas es insuficiente, sobre todo el de las estatales, que apenas representa un "exiguo" 4 por ciento de total. En suma, se trata ahora de adaptar la capacidad del sistema a las necesidades reales de acogida.
El borrador del Real Decreto incluye una disposición adicional para que se pueda aplicar el futuro reglamento a las personas acogidas en los centros de estancia temporal, los CETI, de Ceuta y Melilla (actualmente con un ocupación "excepcionalmente baja"), que pasarán a formar parte del sistema.
Serán favorecidos por el sistema los solicitantes y beneficiarios de asilo y apátridas, siempre por un tiempo limitado. Con carácter excepcional lo serán también los beneficiarios del plan nacional de reasentamiento y aquellos en situación de especial vulnerabilidad.
Para acceder, tendrán que acreditar carencia de medios económicos. El reglamento establecerá como referencia para el cálculo de los recursos el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Comienza esta fase con la solicitud de la protección internacional. El sistema valorara las necesidades específicas de acogida y propondrá la derivación a un recurso (o centro) adecuado al perfil del peticionario en función de su sexo, edad situación familiar, discapacidad, etc....
De este modo, se le proporcionará un alojamiento provisional y se le cubrirán sus necesidades básicas.
Todo ello hasta que se le resuelva la admisión de su solicitud, por un máximo de tiempo de 30 días. No obstante, Migraciones es consciente de que a veces estos plazos se prolongan, por lo que excepcionalmente podrán ampliarse.
Una vez superada esa fase, el beneficiario pasará a la de acogida e inclusión, que promueve la adquisición gradual de autonomía.
Se le destinará el alojamiento colectivo más adecuado a su perfil y solo podrán permanecer en él seis meses, ampliables en circunstancias excepcionales.
En el supuesto de beneficiarios de protección internacional que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, su permanencia podrá extenderse por una duración adicional de un máximo de seis meses.
Mientras, para las personas reasentadas, su permanencia en esta fase tendrá una duración máxima de seis meses, según el borrador.
La tercera fase de la acogida es la de autonomía, cuyo objetivo es "apoyar la adquisición de autonomía" mediante la asignación de ayudas económicas personalizadas en función del perfil y destinadas a cubrir las necesidades básicas.
Durante esta fase, el sistema prestará apoyo social, psicológico y jurídico, proporcionará la enseñanza del idioma y facilitará asesoramiento laboral y el acceso a programas de formación, entre otros apoyos.
Migraciones quiere dar estabilidad y perdurabilidad al sistema y, por ello, ha propuesto un modelo de financiación a las entidades colaboradoras que supera la hasta ahora subvención.
Se trata de un "concierto social" o "acción concertada", una figura poco usada en la administración, "relativamente atípica", según las fuentes del Ministerio, pero que permitirá una evaluación de la actuación de esas entidades colaboradoras, que debe cumplir los objetivos acordados.
El borrador señala que las entidades concertadas serán retribuidas según los costes efectivos en los que incurran. No obstante, se determinará "ex ante" una retribución máxima para ellas en base a los precios de referencia que se determinen por la Secretaría de Estado de Migraciones y que se definirán por plaza concertada y unidad temporal, preferiblemente por día.
Los acuerdos de acción concertada podrá alcanzar una duración de hasta cuatro años, pero pueden ser prorrogados por mutuo acuerdo de las partes por el mismo periodo por el que se haya suscrito inicialmente.
La duración total del acuerdo, incluida la posible prórroga, no podrá superar los ocho años, si bien la entidad podrá volver a presentarse al concurso.
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