Menores e inmigración centran las quejas al Defensor del Pueblo

El informe anual de la Institución recoge algunos de los casos que se han estudiado   de Melilla, entre los que hay varios referentes al CETI y a tutela de menores. ¿De qué se quejan los melillenses? El Defensor del Pueblo recibió el año pasado un total de 80 quejas procedentes de la ciudad autónoma y la mayoría de ellas tenían como hilo conductor temas relacionados con inmigración y discriminación.
Así, entre los temas que investigó durante 2011 el Defensor del Pueblo, se encuentra el seguimiento de las obras de ampliación del Centro de Estancia Temporal, sobre el que han requerido información para saber si una vez acometidas las reformas, se pondrá en marcha el plan de prevención, detección y tratamiento de víctimas contra la trata de seres humanos, que solicitó la institución durante su visita al CETI en 2010.
También referente al CETI, en el documento se apunta que se ha finalizado la investigación iniciada con la Delegación del Gobierno de Melilla por las quejas recibidas por parte de ciudadanos extranjeros en situación irregular y residentes en este centro. Así, se explica que en una primera argumentación de la Delegación, apuntaba que las solicitudes formuladas por los inmigrantes no contaban con el informe municipal de inserción social, algo que el Defensor del Pueblo considera “llamativo” ya que el propio Ceti, tiene entre sus fines procurar la integración social de los extranjeros. La segunda argumentación de la Delegación del Gobierno era que las solicitudes de residencia no podían ser admitidas porque había resoluciones de expulsión por estancia irregular, algo que el Defensor del Pueblo tampoco consideraba “adecuado”, por lo que se concluyó la investigación con diferencia de criterios.
El cese de la tutela de menores que se encuentran en centros de protección, también se encuentra entre los casos analizados por la institución. Así se apuntan que algunas entidades encargadas de esta labor en Melilla no cumplen el artículo 276 del Código Civil que establece que el cese de la tutela se producirá por causas tasadas entre las que no se incluye el abandono del centro de protección. Según se apunta en el Informe Anual del Defensor del Pueblo, en la ciudad autónoma algunas instituciones acuerdan el cese de la tutela por esta razón y “no sólo no corrigen su actuación sino que la defienden justificando la situación fronteriza de Melilla”.
Otro caso referente a menores inmigrantes se centró en la aplicación de la Ley de Extranjería, según la cual un menor en situación de desamparo no puede ser expulsado salvo por razones de reagrupación con su familia. Así, desde el Defensor del Pueblo se apunta en el informe que “con cierta frecuencia y de forma automática” se acordaba la repatriación de menores, lo que motivó que en 2002 se recomendara a la Consejería de Bienestar Social que no realizara este tipo de prácticas.
En relación con la misma Consejería, la institución realizó una visita al Centro de Menores de la Purísima para comprobar el trato que se dispensa a los internos y trasladó a la Fiscalía los datos observados para que elabore un informe de la situación de estos menores y se elabore un protocolo marco de menores extranjeros no acompañados para analizar la tramitación de sus expedientes.
Desde el Defensor del Pueblo también se apuesta por realizar un protocolo de actuación en lo que se refiere a los criterios necesarios para determinar la edad de los menores extranjeros, después de haber recibido numerosas quejas sobre irregularidades en este punto, tanto desde la ciudad autónoma, cómo desde otras regiones españolas.
Otras  de las investigaciones que recoge el informe sobre Melilla, analiza el requerimiento del certificado de residencia española por parte de la empresa pública Promesa (Proyecto Melilla SA) para poder participar en tres programas formativos. Según la institución esta petición podría ir en contra del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 4/4000, por lo que está solicitando información para tomar una decisión.
La petición de un padre, que quería que su hijo estudiara religión católica en un colegio público de la ciudad, aparece también reflejada en las páginas del informe. En este caso el Defensor del Pueblo consiguió que el Ministerio de Educación ofreciera al demandante varias alternativas para que su hijo pudiera cursar la asignatura.