Melilla y Ceuta son las regiones con mayor tasa de población con discapacidad

Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por CERMI, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad. Melilla y Ceuta son los territorios españoles con la mayor tasa de población con discapacidad, según se desprende de un estudio realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Este estudio constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, sus características sociodemográficas, dificultades, acceso al empleo y la educación, apoyo familiar, ayudas o discriminación, según informó este organismo en un comunicado de prensa.
Para su elaboración se ha contado con la colaboración de las personas con discapacidad y sus familias, las entidades públicas y privadas de representación y apoyo, organizadas en torno a los CERMI de las dos ciudades, así como de la administración local y estatal.
La tasa de población con discapacidad está encabezada por Melilla –11,9 por ciento–, seguida de Ceuta –11,3–, Galicia –11,3–, Extremadura –11–, Castilla y León –10,9– y Asturias –10,4–.
Los principales resultados del estudio destacan que el enclave geográfico, la alta densidad de población de un territorio de pequeña extensión, la presión de la población flotante demandante de servicios y la falta de recursos de atención específica a la discapacidad hacen que exista tanto en Melilla como en Ceuta una gran competencia por el acceso a los recursos sociales.

Marco competencial

En este sentido, el marco competencial de las Administraciones Públicas en Ceuta y Melilla es un elemento diferencial clave, ya que ambas Ciudades Autónomas cuentan con un estatuto que no les confiere competencias sobre servicios básicos: educación, sanidad, servicios sociales y autonomía personal y dependencia entre ellos, ni capacidad legislativa.
Por ello, el resultado es un marco legal menos complejo, pero también escaso a veces, que limita notablemente la capacidad de autogobierno de ambas ciudades, el desarrollo normativo y la gestión de servicios relacionados con el bienestar.
En el ámbito de la educación, la inclusión educativa en ambas ciudades es relativamente efectiva en los primeros niveles, pero tiene grandes dificultades a partir de la educación secundaria.
Según los datos de la Encuesta de la Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), la tasa de actividad de las personas con discapacidad era del  21,5 por ciento en Melilla y del 13,8 por ciento en Ceuta, ambas lejos de la tasa para la población con discapacidad en España –35,5 por ciento– y, a su vez, muy lejos de la población general –74,87–.
De igual forma, destaca que las tasas de paro para la población con discapacidad eran un 34,8 por ciento en Ceuta, un 23,2 en Melilla y un 20,9 en el resto de España, para el 2008, antes de que la crisis económica afectara al empleo y la actividad.
En cuanto a las dificultades relacionadas con la atención sanitaria en ambas regiones, las personas con discapacidad se ven perjudicadas con más frecuencia e intensidad por la falta de recursos especializados y la necesidad de desplazarse fuera de su ciudad para recibir atención sanitaria adecuada.
“Este hecho es especialmente perjudicial para las personas con enfermedad mental y para los menores con discapacidad”, destaca el CERMI.

Eficaces en la tramitación

Por otra parte, el estudio resalta que Melilla y Ceuta son los territorios más eficaces de España en el procedimiento de tramitación de solicitudes relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Sin embargo, la cobertura de servicios relacionados con el SAAD es escasa en los recursos de atención de día y servicios residenciales, especialmente en Ceuta.
Por último, el estudio también incluye una serie de propuestas integrales para la mejora de la atención y apoyo en cada una de las Ciudades Autónomas, entre las que se encuentran mejoras en el terreno de la inclusión educativa, la promoción del empleo en el ámbito privado, la atención a las personas con enfermedad mental y sus familias, el desarrollo del tejido asociativo y la promoción de la autonomía personal.