Los gobiernos de Melilla y Ceuta celebrarán una reunión técnica “en las próximas fechas” para consensuar la propuesta de modificación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) que enviarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ambas ciudades autónomas tienen el encargo de definir una nueva figura impositiva que sustituirá el IPSI, según avanzó ayer el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos y portavoz del Gobierno ceutí, Guillermo Martínez (PP).
La reunión técnica que se celebrará próximamente tendrá lugar después de que el pasado día 15 el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acompañado de Martínez, se reuniera con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y quedaran emplazados a aprobar la modificación del IPSI este año.
Para acometer el diseño de la nueva figura impositiva que sustituirá al IPSI, Melilla y Ceuta han contratado a una asesoría externa que estará presente en la reunión técnica que “previsiblemente” se celebrará en Málaga “en los próximos días”, según fuentes de la organización.
La intención de Melilla y Ceuta es crear un impuesto equiparable al IVA o al IGIC canario, “pero con la atenuación de los tipos de gravamen correspondiente a la realidad económica de ambas ciudades autónomas”, de manera que se puedan corregir algunas disfunciones del IPSI.
Devolución del impuesto a la salida de la ciudad
La propuesta de modificación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) se plantea la posibilidad de establecer un sistema (a la salida de Melilla y Ceuta) de devolución del IPSI en régimen de viajeros y sin que después el turista tenga que pagar el IVA.
Se trata de un procedimiento similar al que se aplica actualmente en Canarias, con devoluciones por compras particulares por importe de hasta 600 euros, una cantidad límite que también se podría fijar para Melilla y Ceuta.
En la reunión que mantuvieron el pasado día 15 el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el presidente ceutí, Juan José Vivas, ambos se comprometieron a presentar en el plazo de dos meses una propuesta para definir el ciclo mercantil completo de cara a la aplicación de las ventajas fiscales que ofrecen las dos ciudades autónomas.
Con esta iniciativa se pretende, según sus impulsores, “dotar de seguridad jurídica tanto a la deducción del IRPF como a la bonificación del Impuesto de Sociedades”.
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