Medio ambiente

Melilla en Verde se constituye en asociación y apunta al PGOU

Los miembros de la iniciativa Melilla en Verde han decidido constituirse en asociación para llegar más lejos en sus reivindicaciones sobre temas ambientales y urbanísticos ante la “política del hormigón en la que siguen centrados dirigentes y técnicos del territorio.

A través de una nota de prensa, la organización anuncia que su primera acción estará dirigida hacia el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual “modificará de forma determinante la ciudad” y está centrado en una política “agresiva”, lejana a “las corrientes urbanísticas que se siguen en el resto de Europa”.

A partir de ahora, la naciente asociación “encauzará y gestionará la respuesta de los ciudadanos” que han manifestado su disposición a llevar las denuncias a las más importantes instancias jurídicas y administrativas.

El texto señala que la misma surge como respuesta ante el “escaso tejido social” para contrarrestar “infames” decisiones, pues parece que los planes europeos y españoles, así como sus estrategias de sostenibilidad en sectores como urbanismo, construcción, energía, movilidad, residuos, deportes, turismo “y un largo etcétera”, no aparecen en las políticas locales.

Actualmente en la ciudad se puede percibir el deterioro “alarmante” del espacio no urbanizado, el cual se encuentra tapizado de residuos, chatarrerías y almacenamiento de vehículos. Además de ello, es notable la situación persistente durante décadas relacionada con el movimiento de tierras ilegales o plantas de áridos.

Sobre esto último, Melilla en Verde asegura que los dirigentes siguen sin plantear cuestiones de sostenibilidad, conservación o circularidad en el contexto del territorio más pequeño del país “y con la presión demográfica más alta de Europa”.

Esas condiciones deberían conducir a Melilla a ser pionera y vanguardista en cuanto al aprovechamiento del espacio y las soluciones alternativas, “ahora más que nunca con la nueva situación fronteriza”, la cual ha implicado que los ciudadanos se vean “obligados” a efectuar sus actividades en el interior de su “escaso” territorio.

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