Melilla, única región española que no reducirá sus sociedades pública

Este descarte a reestructurar su sector público viene motivado por las saneadas cuentas que tiene la Ciudad. Imbroda afirma que la Administración está “dimensionada”.

Melilla es la única región española donde parece que su sector público empresarial y fundacional no peligra. En el resto, los ajustes presupuestarios están llevando a los Gobiernos autonómicos a deshacer el camino de expansión emprendido en los años 90 y a optar por reducir, a la mínima expresión, el número de fundaciones y empresas públicas.
La excepción que representa Melilla viene marcada por el buen estado de sus cuentas, aspecto que ha dado pie al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a descartar la reestructuración de las sociedades públicas y a afirmar que la Administración local está “dimensionada”.   
No ocurre lo mismo en la práctica totalidad del resto de autonomías, y cada región ha presentado sus planes para remodelar su sector público. Ceuta, por ejemplo, ya ha anunciado que  emprenderá en los próximos meses la reordenación del sector, para lo que pretende reducir de diez a cuatro sus sociedades.
Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010, un proyecto que afecta a más del 40% del sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16.
Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo autonómico para modificar el 70% de las 103 empresas en las que el Gobierno regional tiene participación.
Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas al fomento de la investigación.  
En Baleares, el Gobierno regional inició hace meses una auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad y a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas existentes.
Canarias, por el momento, ha presentado ERE en empresas como Viviendas Sociales de Canarias  y la sociedad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental. También ha habido despidos en la empresa privada que gestiona los informativos de  la Televisión Canaria.
Cantabria tiene dos meses para cumplir el plazo que se dio de reducir de 45 a 23 sus empresas públicas.
Castilla-La Mancha es una de las que más está ajustando su sector público y ya ha rebajado de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura.
Castilla y León, pese a ser una de las regiones con menos entidades públicas, reducirá de seis a cuatro las empresas y de trece a nueve las fundaciones.
Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público y ha rebajado el salario a sus empleados en dos ocasiones. Además, estudia fórmulas para garantizar la viabilidad económica de TV3.
Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40% de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros.
El Ejecutivo extremeño, por el momento, únicamente ha autorizado la fusión de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.
Galicia presume de tener sus cuentas saneadas y descarta la “necesidad” de hacer ajustes tan severos como los de otras autonomías.
La Comunidad de Madrid lleva reduciendo el sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas –un tercio de las existentes– y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones.
Murcia ha extinguido figuras como la del Defensor del Pueblo, ha privatizado la gestión de la televisión autonómica y ha eliminado la Entidad Pública del Transporte.
La reestructuración del sector público navarro permitirá pasar de 39 a 14 empresas públicas para ahorrar 28 millones de euros al año.
El Gobierno saliente de Patxi López no planteó un tijeretazo a las empresas públicas del País Vasco, pero su Ejecutivo está en funciones.
La Rioja ha dejado sin actividad al Consejo Económico y Social y al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud.

Promesa

Promesa es la sociedad pública de promoción económica de Melilla cuyo principal objetivo es precisamente la promoción del desarrollo socioeconómico de la ciudad mediante el apoyo a la inversión, la creación de empleo y la formación, tanto de empresarios como trabajadores. Ha contribuido a generar cerca de 3.200 empleos directos en más de 1.800 proyectos empresariales y ha realizado más de 1.200 acciones formativas. De ella dependen, la Escuela de Hostelería y la de Negocios

Emvismesa

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Melilla S.A., Emvismesa, fue creada en febrero de 1992. Tiene como objetivo la promoción, preparación y gestión del suelo y el desarrollo de programas de promoción de viviendas y de rehabilitación de viviendas e inmuebles en Melilla. Al frente de la sociedad se encuentra el viceconsejero de Fomento, Juan Antonio Iglesias, y entre sus actuaciones más recientes está la concesión de la subvención para la entrada de las viviendas de Montes Tirado

Remesa

Otra de las sociedades públicas de la Ciudad Autónoma es Residuos de Melilla S.A., Remesa, encarga de la recogida de residuos sólidos urbanos, los sanitarios, aceites usados –procedentes de motores de combustión interna–, muebles viejos y neumáticos usados. El tratamiento de éstos tiene lugar en la incineradora. La sociedad pública también gestiona el centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso y el centro temporal de almacenamiento de residuos urbanos

Inmusa

Información Municipal Melilla, S.A., Inmusa o coloquialmente ‘Tele Melilla’, fue constituida en abril de 1994, y según consta en su página web, tiene por objeto social y podrá llevar a cabo, entre otras actividades, la reproducción y difusión de sonidos mediante señales radioeléctricas, la creación y mantenimiento de un taller de radiodifusión, la impresión del Boletín Oficial de la Ciudad, la edición de folletos, carteles o impresos y la difusión de imágenes mediante los soportes técnicos adecuados