Melilla: una ciudad rabiosamente impune

Señor presidente de la ciudad autónoma de Melilla:

Excelentísimo señor:

Hoy (por el viernes 17 de junio) hemos podido leer el comunicado oficial del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria sobre la actualización de la situación de la rabia en la ciudad autónoma de Melilla notificando un nuevo caso de rabia en un perro. Desde septiembre del 2021 van 11 perros positivos.

El pasado mes de febrero le remitimos una carta trasladándole nuestra preocupación por la situación de alto riesgo en su ciudad debido a los sucesivos y continuos casos de rabia detectados en perros, la mayoría de ellos perros vagabundos o asilvestrados que vagan en grupos por diferentes zonas de Melilla.

En nuestra carta le pedíamos la dimisión o el cese consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal. Le trasladábamos Sr. presidente que “según nuestras informaciones se están produciendo gravísimas irregularidades en la gestión de esta crisis sanitaria. Irregularidades de todo tipo, por inacción, por suplantación, por incumplimiento de la legislación vigente a sabiendas, por decisiones contrarias a lo marcado en el Plan de contingencia contra la rabia, y lo más grave, la obstrucción a los veterinarios oficiales de la ciudad de Melilla, únicos funcionarios autorizados para tomar decisiones en relación con esta crisis, por motivos estrictamente competenciales. La mayoría de las irregularidades indicadas, según nuestras informaciones, tienen su origen en

decisiones adoptadas por la Consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar animal, Dª.  Francisca García Maeso en relación con la gestión de la crisis sanitaria. Decisiones que, no solo contraviene la legislación vigente, sino que, además, pone en muy grave riesgo a la población de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

No hubo contestación por su parte. Era de esperar, y la respuesta de la consejera, a través de los medios, fue que se estaba aplicando el Plan de Contingencia y que “nunca ha faltado información”.

No conformes con esa respuesta solicitamos a la consejera, de manera formal, copia de los expedientes e informes técnicos veterinarios relacionados con los sucesivos brotes de rabia notificados oficialmente desde el pasado año. Hasta la fecha no hemos recibido ningún documento, ni siquiera una respuesta.

En alguno de esos documentos, a los cuales sí tuvo acceso un partido político, dentro de la Comisión de Salud Pública de la Ciudad de Melilla celebrada el miércoles 23 de febrero, quedó patente la existencia de un informe emitido por los veterinarios oficiales de la Ciudad Autónoma sobre este asunto de la rabia. En este informe ponían de manifiesto que la consejera no atendía las indicaciones que realizaban los veterinarios, en relación con las necesarias actuaciones a llevar a cabo, según su criterio técnico y según lo establecido en el Plan de contingencia contra la rabia.

De febrero hasta el día de hoy, junio, al parecer nada ha cambiado respecto a la presencia de perros con rabia en la ciudad autónoma. Desde septiembre del pasado año, ya van 11 casos de perros positivos a rabia. Seguimos en nivel de alerta 1.

Bueno, para ser más exacto, algo sí ha cambiado y no para bien. Actualmente los tres veterinarios oficiales, de los cinco que habitualmente componen la plantilla, están de baja laboral. Desde hace mucho tiempo no se han contratado a los dos veterinarios de refuerzo por decisión de la Consejería. Esto significa que, actualmente, a día de hoy no hay ningún veterinario oficial de la Ciudad de Melilla que pueda atender las obligaciones y competencias que, en materia de Seguridad Alimentaria, Salud Pública y Sanidad Animal le corresponden a

esa administración, como ciudad autónoma.

Solo a modo de ejemplo. Si se produce una nueva agresión de un perro a una persona no se podrá valorar su estado sanitario, extraer su cerebro y remitirlo al laboratorio de referencia, Instituto Carlos III, para verificar la positividad a rabia. Además, indicar que la rabia no es la única enfermedad de declaración obligatoria en el ámbito de la sanidad animal. Hay también otras que requieren la intervención de un veterinario oficial para su declaración y para adoptar las medidas previstas en su correspondiente plan de control.

Tampoco se podrán atender cualquier brote de intoxicación de origen alimentario que se produzca en la ciudad, lo que conocemos vulgarmente como intoxicación alimentaria. Estamos en la época del año con mayor número de intoxicaciones alimentarias. Las salmonelas no entienden de problemas administrativos.

Si surge una alerta alimentaria, procedente del R.A.S.F.F. (Rapid Alert System For Food and Feed) de la Unión Europea, tampoco podría ser atendido poniendo en peligro la salud y la seguridad de la población de Melilla. En el primer cuatrimestre del 2022 se han recibido 374 alertas alimentarias.

Cualquier transacción mercantil de alimentos o ganado en vivo que requiera el certificado de un veterinario oficial no se podrá realizar lo cual supone la paralización de la actividad empresarial en estos casos.

Podríamos seguir señalando situaciones que según la normativa vigente requieren la actuación de un veterinario oficial.

Quizás haya que explicar a algún político que la presencia y el trabajo de los veterinarios oficiales está recogida y regulada por la normativa vigente. Que, si el sistema funciona, razonablemente bien, no es por nada milagroso.

Simplemente hay varios miles de funcionarios veterinarios oficiales que hacen su trabajo habitualmente de manera discreta y eficaz, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa, en beneficio de los ciudadanos. A veces con la interferencia y la oposición de algunas personas que ostentan cargos de decisión y que se rigen por otros intereses.

Sr. presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

¿Qué tiene que ocurrir para esta situación cambie y dejemos de constatar el continuo goteo de perros positivos a rabia en la Ciudad de Melilla y un peligro permanente para su población?

Tenemos un Plan de Contingencia contra la rabia y unos equipos de veterinarios oficiales en Melilla, y en el resto de administraciones españolas, que han demostrado sobradamente su eficacia y su profesionalidad en los últimos años atajando cualquier foco de rabia detectado, especialmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Si el Plan y los veterinarios oficiales funcionan y son eficaces, nos surgen una serie de preguntas: ¿Qué o quién está provocando este desastre, por acción o por omisión (o por impedir el trabajo de los veterinarios) que viene a ser lo mismo desde el punto de vista de las consecuencias?

¿Cuántas personas mordidas por perros rabiosos tiene que haber (o quizás algún muerto) para que las autoridades responsables reaccionen? Ya llevamos al menos siete personas mordidas por perros rabiosos y, afortunadamente, ningún muerto.

Por otra parte, esta grave situación tiene una responsabilidad compartida a nivel nacional, y estaría bien que alguien contestara a las siguientes preguntas: ¿Qué medidas ha adoptado, o va a adoptar, la máxima autoridad nacional (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Sanidad) en esta “eterna crisis rábica” para resolverla de una manera rápida y eficaz?

¿Qué decisiones ha tomado la organización colegial veterinaria, en este caso el Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ante esta situación? Por un lado, en defensa de la Salud Pública. Por otro, en defensa de nuestros compañeros veterinarios que han sido, y son, acosados, ignorados y perseguidos por la consejera de Sanidad.

Como dice el refrán: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”

Firmado: Juan Carlos Ortiz Menéndez

Presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales