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Melilla podrá optar a las ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones

Melilla tiene hasta el 30 de septiembre para presentar solicitudes a las ayudas que el Gobierno va a suministrar para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto la primera convocatoria para repartir entre los municipios 1.000 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El objetivo de este primer programa de ayudas, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), es acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE), la transformación sostenible del transporte público colectivo y la digitalización de la movilidad.

La convocatoria va dirigida para que los municipios que dispongan de servicios de transporte colectivo público puedan optar a las ayudas destinadas a la digitalización de estos, la renovación sostenible de la flota y el fomento del cambio modal en entornos urbanos, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo.

Oportunidad para Melilla

La Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha puesto en valor estas ayudas y la oportunidad que, con ellas, se le abren a Melilla. “Nuestra ciudad por sus dimensiones y especificidades es un lugar idóneo para la implantación de una zona de bajas emisiones”, ha señalado.

En palabras de la máxima representante del Gobierno de la Nación en Melilla, este paquete de ayudas no solo pueden conseguir descarbonizar la movilidad y a luchar contra el cambio climático con la implantación de autobuses híbridos o eléctricos, la potenciación del carril bici o la modernización del transporte colectivo en nuestra ciudad, también pueden suponer un impulso a la creación de empleo y a la reactivación económica.

“Melilla tiene la oportunidad de modernizar su transporte público, apostando por los servicios públicos de calidad, sino también de convertirse en una ciudad referente en el país con una movilidad colectiva basada en el transporte limpio y medioambientalmente sostenible”, ha señalado.

Ahondando en esta idea, la delegada ha hecho hincapié en la importancia de que Melilla aproveche la captación de fondos europeos, como herramienta para modernizar la ciudad, así como para favorecer la cohesión social.

Objetivos y líneas de actuación

Los proyectos seleccionados deberán cumplir los objetivos establecidos en el PRTR aprobado por la Comisión Europea, que abarcan desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución a objetivos relacionados con el impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible.

De este modo, deberán contribuir a articular un sistema de transporte público urbano fiable, atractivo, accesible y asequible con flotas más modernas, eficientes y sostenibles; con la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos y con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación. Deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024.

Desde el Mitma señalan que, en la selección de los proyectos, se primará la madurez, la calidad y el impacto de los proyectos presentados por los municipios, exigiéndose en todo caso la disposición de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar su solicitud.

El amplio abanico de actuaciones previstas para alcanzar estos objetivos se estructura en cuatro líneas. La primera de ellas, versa sobre las actuaciones de implementación de zonas de bajas emisiones que recojan el conjunto de inversiones que requiere su puesta en funcionamiento. Esta línea incluye, por ejemplo, inversiones en controles semafóricos, sensores o programas de reconocimiento de matrículas de residentes, entre otras iniciativas.

La segunda son las medidas destinadas al fomento del cambio modal hacia el transporte público e impulso a la movilidad saludable. Recoge proyectos que faciliten la movilidad activa, como la peatonalización de las calles o la creación de infraestructura ciclista; que prioricen la circulación de los modos de transporte colectivo y que fomenten sistemas de transporte a demanda, la intermodalidad con vehículos cero o bajas emisiones (carsharing, motosharing, patinetes, bicicletas), la mejora de la eficiencia en la distribución urbana de mercancías o en la habilitación de aparcamientos disuasorios entre otros.

La tercera se refiere a las actuaciones de transformación de flotas del transporte público con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios, mediante la compra de autobuses eléctricos o impulsados por hidrógeno y la instalación de puntos de recarga, entre otros.

Y la cuarta y última tiene que ver con las actuaciones de digitalización de los servicios públicos de transporte que redunden en una mejora de la experiencia del usuario o de la accesibilidad en el uso del transporte público colectivo, o bien que contribuyan a la mayor eficiencia en la gestión del tráfico y del transporte y gestión de la demanda, así como en el análisis de información.

Las bases publicadas en el BOE y en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que los municipios pueden presentar proyectos que hayan sido licitados después del uno de febrero de 2020 y recogen rigurosos mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de los hitos y objetivos recogidos en la convocatoria.

Las ayudas

En relación con los proyectos seleccionados, serán financiables hasta un 90% de los costes elegibles, estableciéndose un importe mínimo de subvención a solicitar en 200.000 euros por cada actuación.

En el caso de la adquisición de autobuses o vehículos de limpieza de propulsión cien por cien eléctrica o de hidrógeno, se fija un importe unitario de subvención según la categoría de este.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta primera convocatoria forma parte del programa de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano que, a su vez, está incluido en el Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno y la Comisión Europea para la gestión de los 69.500 millones de euros que España recibirá en transferencias directas.

El programa completo está dotado con unos 2.900 millones de euros por lo que, además de los 1.000 millones de esta primera convocatoria, Mitma tiene previsto sacar una segunda en 2022 para distribuir otros 500 millones de euros entre los municipios, transferir a las Comunidades Autónomas 900 millones de euros para financiar iniciativas que contribuyan a la puesta en funcionamiento de zonas de bajas emisiones y al impulso de la eficiencia del transporte colectivo, habilitar 400 millones de euros para transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas y 105 millones de euros a proyectos de humanización y calmado de tráfico en travesías.

Objetivos del plan de choque

El objetivo del componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, es promover la inversión en infraestructuras y servicios de movilidad verde y sostenible que también sirvan de palanca para la digitalización de la movilidad urbana y metropolitana, contribuyendo a la mejora de la accesibilidad y la calidad del transporte público y a una mayor eficiencia en la planificación de la movilidad. Con los cuatro programas incluidos en este componente, el Gobierno espera aportar 11.100 millones de euros al PIB y crear 154.000 puestos de trabajo.

Además de estos grandes objetivos, el plan de choque contribuirá a la cohesión social, al incremento de la productividad y a la mejora de la competitividad.

La finalidad última es, por lo tanto, la generación de entornos urbanos más accesibles e inclusivos, respirables, sostenibles e inteligentes a través del impulso a la descarbonización y la mejora de la calidad del aire. No en vano, se estima que en 2019 el sector del transporte fue el responsable del 29% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, casi una tercera parte generadas en el ámbito urbano.

 

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