La consejera de Igualdad, Elena Fernández Treviño, informó de que en la última conferencia sectorial con el Ministerio de Igualdad, desde Melilla se puso de relieve el hecho fronterizo y la situación de irregularidad de las víctimas de trata de la ciudad, por lo que se incidió en la necesidad de derivarlas hacia la península. La consejera enfatizó que la trata en una ciudad pequeña y fronteriza “es una situación de peligro” para las víctimas y es por ello que deben ser protegidas en centros alejados de la persona que ejerce la trata. “Siempre se habla del hecho fronterizo y se pone sobre la mesa”, aseguró.
Treviño relató que las características de Melilla hacen que se deba que tener en cuenta factores que, por ejemplo, no existen en León. Estos pueden dificultar la labor de la Administración en materia de Igualdad, pero apuntó a que por ley se van salvando y que el Estado debe apoyar a la Ciudad Autónoma frente a los obstáculos que se vayan encontrado de cara a la protección integral de dichas víctimas. Y es que desde el Ministerio de Igualdad, la ministra, Irene Montero, informó de que están trabajando en una nueva ley integral contra la trata de personas y en la que están colaborando diferentes actores sociales especializados en el área. Por otro lado, el tema principal fue el ‘Plan Corresponsables’, del que Melilla recibirá algo más de 1,7 millones de euros que irán destinados crear una red de cuidados y que a su vez fomentará el empleo.
El segundo asunto fue la creación de centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia de género, hasta ahora solo existentes en las comunidades de Madrid y de Asturias, y por el que Melilla recibirá 1 millón de euros. El primer tramo que llegará será uno del 30% del total, unos 305.000 euros.
Sobre los dos proyectos, Treviño detalló que en el ‘Plan Corresponsables’ hay diseñada una línea de actuación con el objetivo de facilitar la conciliación en familias con menores de 14 años gracias a una bolsa de cuidadores profesionales.
Este punto lleva a un segundo, que es fomentar el empleo en el cuidado de niños y de niñas y en tercer lugar se pondría en marcha un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional a través de “vías formales o no formales”.
Un cuarto eje de actuación es sensibilizar en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y un quinto es elaborar un mapa estatal que analice la situación de los cuidados en las distintas zonas del país. Gracias a este estudio, se podrá crear un banco de buenas prácticas que permita la creación de esta red de cuidados y de políticas públicas.
La partida para el centro de crisis 24 horas durará hasta 2023. Estos centros facilitarán atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género, sus familiares y personas del entorno.
Habrá un protocolo de colaboración instituciones para la atención a las usuarias de este servicio. Así pues, la CAM, la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ingesa o los juzgados, entre otros, formarán parte de una colaboración conjunta.
“El objetivo, por tanto, es extender y hacer accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral”, dijo. Esto implica no solo cumplir la ley del 2004, sino también extender la actuación a todo tipo de violencias machistas señaladas en el Convenio de Estambul ratificado en el año 2011 por España.
Sin embargo, este proyecto está pensado para víctimas mayores de 16 años, por lo que las menores extranjeras que residen en la ciudad que estén por debajo de esta edad no podrán acceder a este servicio. La consejera señaló que para antenderlas habría que colaborar con la Consejería del Menor, responsable de este perfil de víctimas de trata. “Muchas de estas menores son tuteladas y están bajo la competencia directa de otra consejería”, dijo. Recordó que ya tuvieron las distintas partes una reunión en Delegación del Gobierno para tratar este asunto. “Se trata de menores, hay que tener mucho cuidado en este sentido y desde luego este recurso abordará también este asunto, no puede dejar de hacerlo”, expresó. En la conferencia sectorial, numerosas autonomías, incluida Melilla, pidieron que se aboliera la prostitución porque sin esta “no hay trata”. Esta es la línea que va a seguir la Ciudad Autónoma.
También pidieron incluir en la agenda del día la ejecución de los fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género. Treviño apuntó a que les llamó la atención a varios de los asistentes que este punto no estuviese en la lista a tratar y salieron con el compromiso de que sería llevado al Consejo de Ministro para ser aprobado en la mayor brevedad posible. Estos fondos, dijo la consejera, sirven para numerosos servicios de la ciudad para trabajar el tema de la violencia de género, así como la sensibilización en este sentido.
Y es que la Consejería tiene en marcha tres contratos mayores en los que se invertirá el millón de euros que va a recibir la CAM por este pacto de Estado. Al parecer, el Pacto se ha retrasado porque se paralizaron los pliegos y algunos de los contratos, como el Punto Violeta, dependen de esto. También se financia un tercer recuso de acogida para atender a las víctimas. Por otro lado, plantearon la duda de cómo se sostendrán los centros de crisis después del 2023.
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