El consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha remitido al Ejecutivo de la Nación una declaración para reclamar soluciones ante la decisión tomada de forma unilateral por parte de Marruecos de cerrar la aduana comercial de la frontera de Beni Enzar. En el documento, al que ha tenido acceso El Faro, se ruega al Gobierno que preside Pedro Sánchez que se emprendan todas las acciones necesarias “para exigir el restablecimiento de los acuerdos bilaterales” entre España y el país vecino. Pide que se tomen medidas, pero “siempre en aras de mantener el histórico clima de paz y concondia que ha caracterizado las relaciones” entre ambas naciones.
Así, el Gobierno local solicita al Ejecutivo nacional que realice todas las gestiones pertinentes en el ámbito de las relaciones bilaterales para aclarar los términos del cierre. Además, en la declaración del consejo de gobierno de Melilla se insta a que se proporcione a la Ciudad Autónoma la información sobre las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, además de permitir al Ejecutivo local proponer cuantas medidas sean necesarias en defensa de los intereses de Melilla.
Para el Ejecutivo de Imbroda, la decisión de Marruecos de cerrar la aduana comercial supone un “acto hostil” que va totalmente en contra de lo contemplado en los acuerdos hispano marroquíes que, desde los años 50 del pasado siglo, reconocen por parte de ambos países el carácter comercial del puesto fronterizo de Beni Enzar.
Según reprochan desde el Gobierno local, Marruecos ha adoptado esta medida sin informar previamente a Melilla. “Esto supone un quebrantamiento de la letra y el espíritu de los diversos convenios de colaboración suscritos entre los reinos de España y Marruecos”, incen en el texto. “Sobre todo es abiertamente contrario al Tratado de Amistad, Vecindad y Cooperación del año 1991”, inciden.
“Respetamos el derecho de un país soberano como Marruecos a adoptar todas las decisiones que estime oportunas para favorecer el desarrollo económico y social de sus regiones y habitantes, pero ello no puede, no debe, hacerse a costa de actuaciones como estas, que implican un gesto absolutamente inamistoso hacia España y hacia Melilla”. Así se expone en la declaración del consejo de Gobierno local, remitida al Ejecutivo de la Nación.
“No queremos pensar que hayan primado otros intereses a la hora de adoptar esta decisión, más bien encaminados a dañar económica y socialmente a Melilla y a su ciudadanía, o a poner en cuestión la soberanía española en nuestra ciudad”, manifiestan desde el consejo de gobierno en el texto.
Así, en el mismo se recuerda que “son muchos los beneficios” que tanto Marruecos como España obtienen de los “intensos intercambios fronterizos, humanos y comerciales que a diario se producen”.
En este sentido, desde el Gobierno local recuerdan que más de 20.0000 ciudadanos marroquíes atraviesan de forma diaria la frontera para realizar actividades comerciales en Melilla. A ello, suma “los 14.000 inmigrantes marroquíes que residen en la ciudad y el millar de menores extranjeros que vienen solos y terminan siendo tutelados por la Administración local.
Según expone el consejo de Gobierno en su declaración, hasta ahora se ha mantenido un clima de colaboración mutua. Algo que ejemplifica con los miles de permisos transfronterizos otorgados a ciudadanos marroquíes, o con la atención “a miles” de personas del país vecino en los centros hospitalarios “en un principio indudable de solidaridad” que, según sostiene, se extiende a otras prestaciones, como la educación o los servicios sociales.
Por todo ello, el Ejecutivo de Melilla no comprende que desde el día 1 de este mes las autoridades marroquíes hayan decretado de manera “imprevista y unilateral” el cierre de la aduana comercial, impidiendo el despacho aduanero de expediciones comerciales.
Como lamentan desde el gobierno local en el documento, el primer e inmediato efecto ha sido el bloqueo de varios vehículos con contenedores y mercancías en la parte marroquí del puesto de Beni Enzar. “Llevan varios días retenidos de manera absolutamente arbitraria por parte de las autoridades marroquíes”, critican.
En la declaración, el consejo de Gobierno insisten en la “total indefensión” que representa el cierre de la aduana comercial, por lo que manifiesta su intención de hacer frente “a los perjuicios ocasionados”. Por ello, la Ciudad Autónoma de Melilla ofrece su “leal colaboración” al Ejecutivo de España. Siempre en aras de encontrar una solución “a tan grave perjuicio social y económico a la ciudadanía melillense”, como se resalta en el texto. Un perjuicio que el propio presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en la cantidad de 100 millones de euros.
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