Melilla, penúltima en el ranking, suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

Melilla y Ceuta son dos de las siete regiones que suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio Estatal para la Dependencia.

De hecho, ambas ciudades autónomas se sitúan en penúltimo lugar, con 2,50 puntos, tan sólo superadas por la Comunidad Valenciana (1,25).
También suspendidas se encuentran Madrid (3,33), Murcia, Canarias, Aragón y Baleares (3,75). El Observatorio señala que sólo aprueban 5 comunidades autónomas: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92), Andalucía (7,50), Extremadura (6,67) y La Rioja (6,67). Finalmente, seis rozan el aprobado, todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia.Reacciones
La diputada del PPL, Paz Velázquez, señaló que antes de analizar esta clasificación “habría que comprobar los datos y ver cuántas solicitudes ha habido, si son pocas  o no”. “En cualquier caso”, añadió, “esta es una ley del PSOE que nació sin dotación presupuesaria, dejada en manos de las comunidades. Así cualquiera hace una ley. El estado debería apoyar con financiación”, reclamó.
Por su parte, el diputado de Coalición por Melilla (CpM), Hassan Mohatar, recordó que la Ley de Dependencia fue “la propuesta estrella del PSOE, que solucionó la vida a muchas familias españolas”, pero  aseguró que “desgraciadamente se tenía que haber apostado más y buscar recursos de donde fuese”. “Es una ley necesario pero no tiene dotación presupuestaria y por eso está parada”, añadió Mohatar.
Desde Ciudadanos, su coordinador Eduardo de Castro señaló que era “mala noticia”. “Como siempre, estamos a la cola en ciertos asuntos. Habría que preguntar a los servicios sociales qué tienen que decir al respecto”.
Este periódico trató ayer de recabar la opinión de la directora territorial del Imserso, Isabel Quesada, sin conseguirlo.Demolición
La conclusión principal del Observatorio es la “demolición” de la ley de Dependencia, puesto que  el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura. Además, unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera, lo que supone un incremento de 156.761 personas desde julio de 2012.