Melilla, el segundo peor territorio de España en pobreza y exclusión social detrás de Ceuta

Una de las debilidades más alarmantes de Melilla que atenta en contra de su desarrollo sostenible es el reparto desigual de la riqueza, con una alta prevalencia de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE, por sus siglas en inglés).

La tasa AROPE de Melilla abarcó en 2019 el 38,5% de la población. Es decir, que más de un tercio de los melillenses se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2020-2029, Melilla se sitúa como el segundo territorio autónomo más pobre de España, solo superada por Ceuta (45,9%). De hecho, el AROPE de España es muy inferior al melillense: 25,3%. La situación en Melilla es bastante similar a Andalucía y Extremadura (ambas con 37,7%), pero dista mucho de la de regiones como País Vasco (14,4%) o Navarra (11,7%).

Tristemente el empeoramiento económico ha llevado a que el 35,7% de la población melillense esté en situación de pobreza y el 18,1%, de pobreza severa (un incremento del 44% desde 2008), que contrasta con el 9,2% del país (que ha experimentado un aumento del 24% en la última década).

Lo más lamentable es el rápido crecimiento que ha tenido en corto plazo la tasa AROPE en Melilla. Solo de 2018 a 2019, se incrementó drásticamente en un 59,5% y el cierre fronterizo fue la principal causa de este alza. Por el contrario, entonces la media nacional se redujo en un 3,1% y la de Ceuta, en un 6,8%.

Esta realidad golpea especialmente a la población extranjera de Melilla, que padece también un importante nivel de exclusión social porque cuenta con índices de paro muy elevados, habita en los barrios más pobres de la ciudad y acaba recurriendo a la violencia y a las drogas.

Quiénes son los pobres en Melilla

A tenor con el Instituto Nacional de Estadística y la Estrategia Europea 2020, las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social son aquellas que, primero, viven con bajos ingresos. En otras palabras, personas que por unidad de consumo ingresan menos del 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales).

También incluye a las personas que sufren carencia material severa porque  no pueden permitirse cuatro de los conceptos siguientes en sus hogares: ir de vacaciones al menos una semana al año; tener una comida de carne, pollo o pescado como mínimo cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada; disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora; afrontar gastos imprevistos (de 650 euros) o no tener retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, etc.) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.

Asimismo, se comprenden las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja, o sea, que no supera el 20% del total de su potencial de trabajo. Se calcula a partir del número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante un año determinado, y del total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado.

Según los componentes del AROPE de Melilla, en 2019 el 35,7% de sus habitantes estaba en situación de bajos ingresos; 12,9% enfrentaba una carencia material severa; y el 24,8% vivía en hogares con baja intensidad de trabajo.

Por otro lado, Melilla es el territorio autonómico español con mayor renta media por hogar: 37.552 €/hogar en 2019, superior a País Vasco (36.399 €/hogar), Comunidad de Madrid (35.587 €/hogar) o Cataluña (33.321 €/hogar). Aunque parezca un dato sorprendente, se explica por el mayor tamaño de hogar de Melilla. Sin embargo, por persona, la población melillense se encuentra casi al nivel del promedio nacional (11.733 €/persona en Melilla, frente a 11.680 €/persona en España).

Para colmo de males, la ciudad muestra uno de los índices de desempleo más altos de todo el país. En 2019, esta tasa era del 27%, casi el doble que en España (14,2%). Además, el desempleo en Melilla es abismalmente superior entre los extranjeros (42,7%) que entre las personas de nacionalidad española (24,8%). En tanto, se acentúa en la población de 16 y 24 años y particularmente en las mujeres.

Los extranjeros no solo llevan la peor parte en cuanto a tasas de paro, sino que habitan sobre todo en los distritos 03, 04 y 05, que cuentan con los valores de renta media por persona más bajos de Melilla. Dicho de otra manera: los habitantes foráneos viven en las zonas más pobres de la ciudad.

Si se suma pobreza y exclusión social, normalmente se obtiene un aumento de la criminalidad. De ahí que el 57,1% de los detenidos en Melilla en 2018 tenía nacionalidad marroquí y eran mayormente personas entre 18 y 30 años, que es el segmento poblacional más desempleado.

Igual de llamativo es que el 1,04% de las infracciones cometidas por drogas en España tienen lugar en Melilla, que constituye un punto de entrada importante. Precisamente el consumo de drogas es otro elemento generador de exclusión social.

Cómo responde la estrategia del gobierno local

De forma puntual, el Plan Estratégico quiere destinar un presupuesto de 5.4 millones de euros al desarrollo del potencial de la ciudad a través de la inclusión social. De ellos, 2.25 millones son para garantizar el acceso a las políticas sociales de toda la población melillense que lo necesite y 3.15 millones para implantar mecanismos de inclusión social que faciliten la progresiva solución de los problemas en relación con la inmigración.

En ese sentido, propone también diseñar una estrategia de regeneración urbana en zonas y barrios desfavorecidos, por un valor 6.5 millones de euros.

Sin olvidar el enfoque preventivo, plantea la importancia de construir una red de trabajo y apoyo para la coordinación entre los diferentes agentes (personal técnico, sociedad civil, administración y tercer sector) a fin de dar respuesta a colectivos vulnerables, y de diseñar instrumentos para que la aplicación de las políticas sociales sea efectiva y eficaz.

Es imprescindible subrayar que el autosostenimiento melillense será posible en la medida en que se potencien actividades económicas de producción de bienes y servicios que generen empleo y renta.