Melilla quiere que el Estado asuma a todos los MENA que sobrepasen el número de entre 200 y 250 que es el máximo considerado con un estándar que garantice un mínimo de calidad en la prestación de los servicios.
Este es uno de los acuerdos alcanzados entre los consejeros de Bienestar Social de Melilla y Ceuta en la reunión mantenida el martes en Málaga. Los dos gobiernos han establecido un itinerario que articule una respuesta unitaria entre la administración central y la autonómica.
Quieren realizar un Plan de Contingencia, debido a la fragilidad de la frontera y de posibles eventos fortuitos de accesos grupales de menores marroquíes, mediante la designación de un responsable estatal.
Este mismo coordinador estatal sería el responsable de derivar otros recursos, siendo el encargado de activar los protocolos sanitarios o la búsqueda de medios para los menores que llegan a España.
Esas acciones irán contempladas en función de las necesidades de los menores, de un modo singularizado y teniendo como principio guía el interés superior de los menores.
Se encargaría igualmente de redistribuir a los menores y paliar en lo posible la gran crisis migratoria que el propio Frontex reconoce en sus comunicados.
En sus conclusiones, las dos ciudades afirman que “observan falta de medios materiales y humanos en materia de seguridad, de sanidad y a nivel judicial para poder atender la presión que sufren estas ciudades y por tanto se requiere la necesaria cooperación del Estado o de instituciones supranacionales como la Unión Europea, que permita el reparto o redistribución por otras comunidades autonómas o países de la UE”.
Aparte de estas medidas que tienen que ver con la relación entre el Estado y las administraciones autonómicas, igualmente, quieren que se reactive el acuerdo suscrito en el año 2007 que permita una mayor colaboración entre España y Marruecos y el retorno concertado de estos menores.
Quieren promover nuevas formas de cooperación con el tercer sector y conveniar con ONG para que éstas sean las encargadas de realizar las reagrupaciones familiares en su países de origen a los menores “cuyo itinerario migratorio obedece a la situación socioeconómica en la que se encuentran en su entorno”.
Asimismo desean seguir avanzando en el nuevo modelo de atención a los menores, teniendo en cuenta que el sistema de protección “no responde a las demandas de éstos por ser un modelo que no está acorde al proyecto migratorio del menor que está centrado en oportunidades laborales y en proyectos de vida independientes y emancipados”.
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