Melilla y Ceuta piden a la ministra de Hacienda “ayuda y colaboración”

El Faro ha tenido acceso a la carta firmada por las consejeras de Hacienda de Melilla y Ceuta, Dunia Almansouri y Kissy Chandiramani, dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde le explican todos los razonamientos necesarios para que ambas ciudades tengan la posibilidad de acceder a los distintos fondos aprobados por el Gobierno de la Nación destinadas a aliviar los gastos que las autonomías tienen a lo largo de estos dos meses de lucha contra la pandemia.

En la misma recogen que los dos territorios “atraviesan por un momento especialmente crítico y preocupante, provocado por causas sobrevenidas y ajenas y es por ello que como consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta y como consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad Autónoma de Melilla, respectivamente, nos dirigimos a ti para pedirte el apoyo y la colaboración del Gobierno de la Nación, y más concretamente, del Ministerio del cual eres titular, en unos asuntos de gran calado para los intereses de nuestras ciudades”. Le anuncian que el interés de las dos ciudades es participar en todos los fondos aprobados por el Gobierno.

Les preocupa quedar al margen de la cuantía destinada al ámbito sanitario por no tener las competencias en materia de sanidad, en cuanto al ámbito asistencial. En ese apartado, significan que, si bien no se ostenta las competencias en materia de Sanidad, sí que las tienen en materia de Salud Pública, (BOE nº 30, de 4 de febrero de 1999, RD 32/1999, de 15 de enero sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Sanidad y BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2005, RD 1515/2005, de 16 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de Sanidad).

Defensa

Defienden que no solamente no pueden quedar al margen sino ser partícipes de pleno derecho en el mismo. El papel activo de nuestras ciudades en la crisis del COVID-19 ha sido y es evidente. “Aún habiendo recibido del Ministerio de Sanidad 350.000, la realidad es que desde nuestros servicios de Salud Pública se ha venido asistiendo, en todo momento, a los servicios centrales del Ingesa y a todos los requerimientos de información y ayuda que nos ha efectuado el Ministerio de Sanidad. De esta manera, y a título de ejemplo, hemos procedido a la compra de material de prevención tales como los test rápidos o epis sanitarios, hemos puesto a disposición del Ingesa los recursos humanos de los que disponemos (especialmente nuestros respectivos servicios de Epidemiología, emitiendo cuántos informes se les requieren y haciendo una labor de detección y prevención nada desdeñable) y no hemos escatimado a la hora de colaborar con todo lo que nos ha solicitado la Autoridad Delegada”.

Aprovechan para destacar la atención que la Ciudad de Ceuta y Melilla están llevando a cabo a los inmigrantes marroquíes que no han podido volver a su país de origen y a los que “hemos tenido que albergar en diversos espacios, como polideportivos o albergues. En el mismo sentido, nos encontramos con los Menores Extranjeros no Acompañados (mena) marroquíes, cuya situación se hace insostenible, ya que nos hemos visto obligados a habilitarles espacios de estancia y residencia extraordinarios por temor al contagio dado su alto número y la situación de hacinamiento en los centros actuales. Una administración como la nuestra no puede asumir la situación de estos colectivos, inmigrantes y mena, dado que el hecho de ser Ciudades fronterizas hace que a pesar de ser el 0,2% de la población española soportemos el 14% de la presión migratoria de adultos y mena marroquíes y argelinos”.

Crisis sanitaria

Recuerdan que en esta crisis sanitaria las Ciudades de Melilla y Ceuta, están teniendo que utilizar los Fondos Extraordinarios Sociales habilitados en el mantenimiento de estas personas. Finalmente y en este ámbito se han tenido que realizar esfuerzos tanto económicos como humanos, adquiriendo material sanitario, habilitando dos espacios de acogida (no solo a los colectivos enunciados sino también para posibles casos necesitados de aislamiento), atendiendo a la Autoridad Delegada en las peticiones de mayores servicios de los cuerpos de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, personal de asistencia social, así como residencias de mayores entre otras, desinfección de las calles y edificios públicos, lo cual, a su vez, ha supuesto un aumento considerable del gasto tanto en contrataciones como en servicios extraordinarios requeridos. Acompañamos nota con los gastos ocasionados por COVID-19, relativos a Melilla y Ceuta.

En cuanto al Fondo relativo a paliar la pérdida de recaudación de las diferentes administraciones creen que debe tenerse en cuenta el Régimen Económico y Fiscal especial de las Ciudades de Melilla y Ceuta y sobre todo el tributo propio, el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, de características similares al IGIC Canario. Sostienen que “es evidente que la menor recaudación va a afectar a nuestras cuentas públicas limitadas por la incapacidad de endeudamiento de nuestras haciendas”.

“Los cálculos realizados vienen a determinar que aunque este impuesto esté compensado, al estar referenciado al PIB, la caída será de un 10,1%, lo cual devendrá en la imposibilidad de prestar los servicios públicos indispensables en las mismas condiciones que el resto del territorio español. Le acompañamos cuadros en los que se cuantifica la pérdida de recaudación prevista. Sí se muestran, de acuerdo con el apartado del Fondo Social, donde recibirán 5 millones cada ciudad”.

Denuncian el gasto “inasumible” por los mena

En otro apartado de la carta le señalan la necesidad de destacar el incremento de la llegada de inmigrantes marroquíes y argelinos, adultos y menores, “hasta superar, con creces, el límite de lo soportable. En el caso de los mena, el problema es de verdadera emergencia: en apenas cuatro meses ha aumentado en un 70% la estancia en el Centro de Realojo Temporal, lo que ha derivado en hacinamiento, colapso e incapacidad para acoger a los varios centenares de menores que malviven en la calle, en unas condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad”.

Reflejan que el gasto “que asumimos es insoportable y creciendo día a día, es por ello que solicitamos auxilio para que se incrementen las cuantias de los convenios o incluso devolver estas competencias al Estado, dado que se refieren fundamentalmente a cuestiones relacionadas con la inmigración que exceden en mucho la capacidad de gestión y de competencia de nuestras administraciones. En cualquier caso, manifestamos nuestra plena disponibilidad a cuantas reuniones estimes necesarias para afrontar o aclarar las diferentes cuestiones que han sido planteadas que son de vital importancia”.