LA expulsión del presidente Eduardo de Castro de su partido, Ciudadanos, ha caído como agua de mayo en la precampaña electoral de Madrid, pero ha dejado a Melilla al borde del colapso.
El hecho de que los diputados de la Asamblea de Melilla no estén aforados ha llevado a De Castro a acumular seis denuncias en apenas dos años al frente del Gobierno. La primera de ellas, fue el recurso electoral interpuesto por Imbroda contra la proclamación como presidente de la Ciudad del único diputado que Cs consiguió en la ciudad en las pasadas elecciones. Finalmente la sentencia 2394/19 declaró inadmisible la denuncia y el Constitucional no admitió el recurso de amparo. Caso cerrado.
Le siguió una segunda denuncia por injurias, también interpuesta por Imbroda ante el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 3 de Melilla, que tras el acto de conciliación 217/19 quedó archivado. Caso cerrado.
La tercera denuncia la puso el PP en el juzgado de Instrucción 5 (diligencias previas 445/19), acusándole de prevaricación administrativa por el cese de los consejeros y viceconsejeros y la contratación de los fuegos artificiales de las fiestas de Melilla. Este asunto quedó sobreseído provisionalmente. El fallo ha sido recurrido por las dos partes ante la Audiencia Provincial de Málaga.
La cuarta y la quinta denuncias las puso Vox. La primera de ellas fue archivada y era por injurias relacionadas con el Colegio de Médicos de Melilla y la Presidencia de Jesús Delgado Aboy. Caso cerrado.
También ante el Juzgado de Instrucción número 5 (diligencias previas 239/19) los de Abascal lo acusaron ante la Junta Electoral de Zona y Provincial de falsear una firma en la lista electoral. El tema fue sobreseído y la Audiencia Provincial de Málaga así lo confirmó. Caso cerrado.
La sexta denuncia a De Castro salió del PP por presunta prevaricación en la adjudicación supuestamente “a dedo” de la concesión de la gestión del Centro de Menores de Rostrogordo y está previsto que el presidente declare como investigado en esta causa a primeros del próximo mes de mayo.
Ésta es la imputación en la que se basa la Comisión de Régimen Disciplinario de Cs para incoarle un expediente de expulsión del partido, que da un espaldarazo a la campaña de Edmundo Bal en Madrid, al dejar claro que pese a que Ciudadanos se está desangrando con bajas voluntarias, dimisiones, traiciones, tránsfugas o deserciones no le tiembla la mano para cesar al único presidente autonómico que tenían. Todos recordamos a Bal diciendo que en Cs los corruptos no duran ni cinco minutos.
¿Qué pasa si el juez no llama De Castro a juicio oral? ¿Qué pasa si como en el resto de denuncias, todas del Imbroda, PP y Vox, el caso queda archivado?
Soy una defensora del fin de los aforamientos, pero creo que se debe proceder a hacerlo en aquellos territorios donde la clase política esté dispuesta a participar y defender la consolidación de nuestra democracia. En Melilla se ha judicializado la política. Aquí la oposición se hace a golpe de denuncias en los juzgados. Hoy vivimos en el caos. Esto no pasaba en los tiempos de Imbroda porque al ser senador está aforado. Pasa ahora.
Si De Castro es llamado a juicio oral, tiene que dejar el partido. Ni recursos, ni leches. Tiene que dejarlo. No se hable más del asunto. Pero ahora mismo su expulsión de Cs, en un proceso incipiente, siembra el caos en la estabilidad política de Melilla.
Nunca se lo pusimos tan fácil a Marruecos. En Rabat tomaron la decisión de apretarnos el cuello y el resto lo hemos hecho nosotros solitos desde Melilla. Poco a poco. Sin prisas, pero sin pausas y así es como hemos llegado a una situación a medio camino entre el caos y la rendición.
Estamos en un callejón sin salida. Paralizados. De Castro tiene intención de recurrir su expulsión de Cs y todos sabemos que ninguna formación política, en precampaña electoral, da marcha atrás en estas circunstancias.
Sabemos que una moción de censura no puede progresar en Melilla porque el Reglamento de la Ciudad exige un voto extra por cada tránsfuga que apoye la moción aunque el propio Reglamento advierte de que eso debe ser modificado por la sentencia del Constitucional del 21 de diciembre de 2017 que lo declaró nulo.
En todo caso, hagamos números. Suponiendo que la iniciativa saliera del PP, necesitaría el voto del diputado de Vox y de otros dos diputados. A menos que Delgado Aboy apoyara la moción. En ese caso harían falta tres votos aparte de populares y Vox. Ese apoyo sólo podrían prestárselo de PSOE o de CpM. ¿Creen ustedes que en estos momentos alguno de estos dos partidos quiera volver a ver a Imbroda como presidente? ¿Y si hubiera otro candidato?
En Melilla sólo sería posible en estos momentos un gobierno sólido de PP+CpM o de PP+PSOE. Todos sabemos que los populares exploraron sin éxito la segunda posibilidad. ¿Habría salido adelante sin Imbroda? Yo creo que sí. De la misma manera que creo que De Castro habría hecho caso a Albert Rivera y habría apoyado con su voto al PP si Imbroda no hubiera sido el candidato.
Sin embargo, Imbroda quiere seguir y por eso aspira a la Presidencia del PP de Melilla porque considera que sólo él es capaz de devolver la estabilidad a una ciudad en estado de shock. Es la pescadilla que se muerde la cola. O él o el caos y tenemos que elegir porque si no, Marruecos no tendrá que hacer mucho esfuerzo para que se cumplan los rumores del supuesto pacto que se alcanzó en tiempos de Hassan II de ceder Melilla a cambio de que no se hable de la soberanía de Ceuta en 50 años.
Por tanto, es descabellado que De Castro, por voluntad propia, se someta a una moción de confianza. ¿Para qué? ¿Se soluciona el problema? ¿Qué pasa si mañana la imputada es Gloria Rojas? ¿Hay posibilidad de pacto entre CpM y PP?
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