Desde hace mucho tiempo, los trabajadores de los centros sanitarios melillenses vienen denunciando situaciones de violencia, tanto física como verbal, a la que son sometidos por parte de algunos usuarios de los mismos.
El pasado marzo, un estudio de la Organización Médica Colegial subrayó que la ciudad registró durante el sexenio 2010-2016 28 casos de agresiones contra personal médico. Ese lamentable dato situó a Melilla a la cabeza en el porcentaje de agresiones por cada mil colegiados, como publicó El Faro en su edición del 17 de marzo.
Ayer, este periódico asistió a una vista en los Juzgados de Melilla en la que se acusaba a un hombre de agredir a un médico en el ambulatorio de la Zona Centro.
Según las declaraciones del afectado y de otros trabajadores que presenciaron los hechos, el supuesto agresor le golpeó con una muleta tras una discusión, algo que el inculpado niega. Ahora, está en manos de la Justicia determinar si el investigado cometió esos hechos y, en su caso, decidir la pena a aplicar.
Este artículo no pretende en modo alguno influir en la decisión judicial, sino subrayar las penas que el Código Penal establece para todos aquellos que agredan a personal médico.
El Ministerio Fiscal solicita en este proceso una pena de cuatro años de prisión por un delito de atentado. Ahí radica el quid de la cuestión. Atacar a un doctor no implica un simple delito de lesiones, sino que además supone que se está agrediendo a una autoridad, puesto que el personal médico goza de esa consideración. Es decir, pegar a un médico, a efectos penales, reviste la misma gravedad que golpear a un agente de la Policía o la Guardia Civil.
En este caso concreto, el acusado asegura que el doctor “no llevaba bata” y que desconocía que se tratase de un médico. Ahora, la juez deberá determinar si dice la verdad o miente. No obstante, la pena reclamada por la acusación pública es una buena forma de recordar a qué condena se enfrenta todo aquel que agreda a un médico.
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