El Ministerio de Educación sacó el lunes la resolución de todos los años para informar de las fechas de escolarización de los alumnos de todas las edades para Melilla y Ceuta. Pero añadió dos disposiciones nuevas indicando en una que se tiene que exigir el certificado de empadronamiento, pero a la vez añadía que si no se contaba con él, se podría acreditar a través de “un certificado de servicios sociales o de otra documentación que acuerde el órgano de admisión de alumnos”. El Faro ha contactado con cinco sindicatos diferentes y cada uno de ellos ha interpretado este mismo párrafo de formas distintas. Eso sí, todos coinciden en que se necesitan más aulas y más docentes para poder ampliar las matriculaciones de los alumnos.
CCOO afirmó a este periódico que no cree que estos añadidos a la orden de escolarización aclare nada. De hecho, subrayó que no aportan nada para resolver los problemas complejos que hay con determinados casos de matriculación determinados menores. Aseveró que lo deja todo en el aire.
El sindicato indicó que detrás de ese párrafo lo que hay es una “carta de legalidad” para la actitud que desee adoptar el Ministerio de Educación porque no se aclara qué documento solicitar en todas las circunstancias que hay en Melilla.
Es más, argumentó que incluso se apunta que las direcciones provinciales pueden determinar instrucciones y, por lo tanto, destacó que no tienen por qué ser iguales. Y puso como ejemplo que esto implicaría que a un niño se le escolarizaría en Melilla con un recibo de luz y en Ceuta con uno de luz más del teléfono.
SATE señaló que estas disposiciones contribuyen a acabar con la “situación de indefensión” del director o del secretario del centro a la hora de hacer las matriculaciones. Subrayó que ahora marca la normativa qué hacer para escolarizar a los menores por escrito.
Cree que el “blindaje” de la normativa estaba antes a la hora de hacer las matriculaciones y que ahora se ve “más laxa” la normativa aunque desconoce qué hará la Dirección Provincial.
Insistió en que antes había más ambigüedad. Añadió que está bien que se introduzca en el texto el concepto de “la viabilidad del sistema”.
Desde la Federación de Enseñanza de UGT se ha reiterado la postura de este sindicato a cuando se produjeron las escolarizaciones extraordinarias de hace un curso. Explicó que los requisitos legales de admisión de alumnos en los centros públicos los establece la Administración.
“Entendemos que todos los niños en edad de escolarización obligatoria que cumplan esos requisitos deben estar escolarizados”, aseveró UGT, añadiendo que la Educación es un derecho universal y no se puede negar a ningún menor ese derecho.
“Por lo tanto, si los requisitos legales, se cumplen ese menor tiene que estar escolarizado, pero por otro lado también insistimos en que se tiene que dotar a esos centros de los recursos necesarios para una óptima educación de esos menores. Hablamos de más personal y de más recursos materiales”, aseveró el sindicato.
Además, argumentó que “por desgracia en Melilla” esos recursos son de los más escasos por alumnos de todo el territorio nacional”.
Para el sindicato ANPE, “la escolarización debe estar basada en legalidad ante todo”. Subrayó que siempre ha defendido que, “si la escolarización es legal, no se tiene más remedio que acatar lo que dicte la justicia”.
Pero hizo hincapié en dos cuestiones son necesarios más centros y más docentes.
Además, remarcó que son necesarias “evidentemente medidas para paliar el hecho de escolarizar a alumnos que desconocen el idioma. Aulas específicas donde estos alumnos puedan estar hasta que dominen el idioma para poder incorporarse a las aulas normalizadas sin retrasar a los demás, por el bien de ellos y el de los que ya están. Asimismo, aseguró que se precisa más inversión en Educación, “algo que de momento no llega”, lamentó.
CSIF se preguntó si el Ministerio de Educación “está abriendo más la puerta para alumnos sin derecho a estar escolarizados”.
El sindicato recordó, en un comunicado, que habían organizado hasta una concentración para protestar por las escolarizaciones extraordinarias y que han sido numerosas las protestas realizadas por escrito ante esta situación porque entiende que antes se solicitaba el DNI y el padrón para poder entrar en el sistema educativo.
“Está claro que alguna ONG de Melilla le está doblando el brazo al Ministerio de Educación y Formación Profesional y, sin querer ser pedantes, el tiempo siempre da la razón a CSIF Educación, recuérdese cuando decíamos que una entrada del cine Perelló servía para acceder al colegio. Lo que ocurre es que ahora le han dado forma y respaldo con el artículo decimoquinto”, de la resolución que se publicó en el BOE este lunes.
El sindicato lamentó que la calidad de la educación en Melilla no importe y que se vayan a producir ratios más altas.
“Desde CSIF Educación exigimos transparencia y rigurosidad en la escolarización de los alumnos a la hora de entrar en el sistema educativo mediante esos documentos”, aseveró. También dijo que se buscarán las explicaciones sobre este tema y añadió que no se entiende que este tipo de cuestiones que afectan a las ratios de alumnos por aula no sean consensuadas con los sindicatos.
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