Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) inauguró ayer en Ceuta, y hará lo propio hoy en Melilla, las nuevas oficinas desde las que el Ministerio del Interior tramitará ahora las solicitudes de asilo de los inmigrantes que aleguen su condición de represaliados o víctimas de violencia en sus países.
Llegó a Ceuta justo un año después de su última visita (cuando la tragedia del 6-F estaba aún latente) con la reforma de la Ley de Extranjería y las ‘devoluciones en caliente’ (una expresión que prefiere sustituir por ‘rechazos en frontera’) plasmadas en texto legal y la amenaza yihadista más viva que nunca.
–Su visita esta semana a Ceuta y Melilla da luz verde a las Oficinas de Protección Internacional que el Gobierno ya anunció en noviembre. ¿Cuál augura que va a ser su cometido real, habida cuenta de que Marruecos impide el acercamiento de los inmigrantes hasta la frontera?
–La instalación de esas oficinas pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de facilitar que aquellas personas que efectivamente tengan derecho subjetivo a solicitar el asilo, o que consideren que lo puedan tener, sean conscientes de que existen unos locales habilitados en los pasos fronterizos donde poder efectuar la petición con todas las garantías que el procedimiento exige. Van a encontrar allí unos funcionarios de Policía especialmente formados e instruidos para esa finalidad, asistidos en su caso por los letrados necesarios para la asistencia jurídica del demandante, y de los intérpretes en su caso.
–¿Ve reforzados el Gobierno sus posicionamientos ante quienes le acusan de negar asistencia a los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla?
–Estas oficinas responden a una voluntad del Gobierno de que en todo momento se respete, porque no puede ser de otra manera, el contenido de todos los convenios de derechos humanos de los que España forma parte. Y es evidente además que nadie podrá alegar que España no cumple con sus compromisos, porque responde a una previsión que va a entrar en vigor en los próximos días y que se ha incluido en la Ley de Extranjería, que establece una regulación específica atendiendo a la situación única y excepcional que tienen los perímetros fronterizos de ambas ciudades dada su ubicación geográfica y la presión migratoria a la que se ven sometidas. Esa reforma de la Ley de Extranjería se ha efectuado mediante una enmienda introducida en la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana que va a ser previsiblemente aprobada la semana que viene por el Congreso, y donde se alude de forma especial a estas oficinas que he inaugurado hoy [por ayer] en Ceuta y tengo previsto hacer mañana [por hoy] en el paso fronterizo de Beni Enzar. Ahí se hace referencia a que las personas que quieran pedir protección internacional lo harán en las oficinas que están ubicadas para este fin en los pasos fronterizos habilitados al efecto. Nos anticipamos a esa previsión que será efectiva a partir de la semana que viene.
–¿Servirán esas oficinas para que quien realmente tiene derecho a solicitar asilo evite la entrada en territorio español de forma ilegal? Usted ha reiterado en las últimas semanas que quien violente la frontera queda al margen de esa posibilidad...
–La petición en frontera de la protección internacional se podrá hacer de manera especial desde ahora en esas oficinas en los términos señalados, con todas las garantías y posibilidades para esa persona y con la rapidez y la sumariedad que requiere el proceso para determinar si se admite o no, que se decidirá en ocho días. Ese procedimiento tiene todas las garantías previstas en el ordenamiento internacional y nadie de esas personas que pretenden entrar ilegalmente en el país a través de los perímetros de Ceuta y de Melilla podrá alegar ahora que es peticionario de asilo –cosa que no se produce nunca, porque no llega al 0,1 por ciento de los que han consumado su entrada– porque si así fuera tendrían las oficinas en los pasos fronterizos para hacerlo .
–Queda aún más marcada por tanto la diferencia entre quien intenta entrar en ambas ciudades huyendo de la persecución y quien lo hace por otros motivos.
–Es que una cosa es la inmigración irregular por razones económicas y sociales, que responde a una realidad dramática, no lo podemos ocultar, pero que no legitima la petición de protección internacional, y otra las personas que tienen derecho potencial a pedir asilo o protección subsidiara, que son por razones de persecución política o sexual, que huyen de las guerras... Son situaciones distintas y cada una tiene su tratamiento especial, pero en ningún caso se puede legitimar la comisión de actos ilegales como la entrada de forma no autorizada a través del perímetro.
–Vuelve a Ceuta justo un año después. En la anterior visita faltaba sólo un día para cumplirse el primer mes de la tragedia del 6-F. Con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo y pese a haber dado ya explicaciones en el Congreso, ¿qué imagen retiene de lo ocurrido?
–Como usted sabe, hay 16 guardias civiles imputados en Ceuta por homicidio imprudente. Prestaron declaración en la Comandancia de la Guardia Civil y han pasado también a hacerlo ante la juez que instruye el sumario y la causa. Por razones obvias al respeto de la autoridad judicial y a la división de poderes no es prudente ni conveniente que yo como ministro me pronuncie en estos momentos. Me reitero en todo lo que dije en sede parlamentaria en su momento y, por supuesto, en la presunción de inocencia, garantizada para todos los ciudadanos en la Constitución, y los guardias civiles no tienen menos derechos que otros. Pero no quiero ir más allá, sólo manifestar mi pleno y absoluto respaldo a los guardias civiles que prestan un cometido dificilísimo en circunstancias complicadísimas para defender nuestras fronteras. Pero insisto, dicho eso no voy más allá por respeto a la división de poderes y de la jueza que instruye el caso.
–Sin valorar la imputación, ¿cree que se ha sido injusto en las críticas lanzadas contra los agentes?
–Se han dicho auténticas barbaridades de ellos, pero prefiero no contribuir a darles más altavoz. Simplemente digo que la Guardia Civil tiene por ley la misión de preservar e impedir la entrada ilegal de personas y mercancías. Es evidente que ese cometido que la ley les encomienda en Ceuta y en Melilla se tiene que realizar en circunstancias extraordinariamente complejas y difíciles como no se da en ningún otro lugar del territorio nacional. Y me atrevo a decir incluso que como en ningún lugar de la frontera exterior de la Unión Europea. Conviene recordar que ambas ciudades son frontera exterior de la UE y del territorio Schengen, además de única frontera terrestre de la UE en África. Estamos hablando en la UE de la ‘securización’ de las fronteras externas de la Unión como requisito previo para preservar el acerbo de la libertad de circulación en el espacio Schengen, por eso es difícil entender cómo algunos están pidiendo claramente la ‘securización’ de nuestras fronteras frente a las nuevas amenazas que tenemos, ante una presión migratoria y circunstancias tan complejas y, al mismo tiempo, nos piden más o menos que la gente tenga derecho a entrar masivamente, en no pocas ocasiones violentamente, y siempre ilegalmente en nuestro país. Mire usted, en Ceuta y Melilla el perímetro fronterizo delimita nuestro territorio, nuestra soberanía, y no hay ninguna ley, ninguna, ninguna, que pueda interpretarse de forma que España pueda hacer dejación de esa soberanía. Hay que hacerlo de forma proporcionada, con total respeto a los derechos humanos, faltaría más, es evidente... porque los derechos humanos hay que preservarlos en Ceuta, en Honolulu, en Hong Kong y en todas partes del mundo y en todo momento... Es evidente, pero dicho eso no hay interpretación razonable de una norma para que a un Estado se le obligue a que en la práctica no pueda preservar y ejercer la soberanía sobre su territorio
–¿La autorización de las llamadas ‘devoluciones en caliente’ otorga a la Guardia Civil ese protocolo de actuación que reclamaban los agentes ante intentos masivos de entrada de inmigrantes a través de los perímetros?
–Ya sabe que yo no entro en ese concepto de lo que se llaman ‘devoluciones en caliente’, términos que tienen acuñados y establecidos determinados medios. No hacemos ‘devoluciones en caliente’, en frío ni en templado. Hacemos rechazos en frontera de personas que intentan entrar ilegalmente en España y que no lo consuman, bien porque se los impiden los obstáculos materiales, como las vallas, o los humanos, que son la Guardia Civil. Hago en voz alta la reflexión que ya he hecho varias veces en sede parlamentaria y ante otras instancias y que nadie me ha sabido contestar adecuadamente: oiga, si superada la primera valla ya a todos los efectos el inmigrante estuviera en territorio nacional y en consecuencia se tuviera que aplicar la Ley de Extranjería, ¿me quiere usted decir para que existe una segunda valla, una tercera y la Guardia Civil? Que alguien me conteste, porque también hay que aplicar e interpretar leyes desde el sentido común. España, en el uso de su soberanía, ha establecido un perímetro fronterizo con obstáculos materiales y con la Guardia Civil, que por ley tiene encomendada la misión, tan razonable, de que en España se entre de manera legal, y no ilegalmente.
–¿Cree que la nueva Ley de Extranjería aclara esa diferencia?
–Es que una cosa es intentar entrar ilegalmente y otra haber consumado ese intento. Si no lo han consumado, evidentemente se pueden devolver. Lo que se está haciendo es entregar a personas que han intentado entrar ilegalmente en España y entregárselas a las autoridades marroquíes porque, repito, los obstáculos materiales y la Guardia Civil les han evitado consumar la acción ilegal. Y lo que hacemos con la reforma de Ley de Extranjería es, para que no haya ninguna duda razonable desde el punto de vista jurídico, introducir esa enmienda mediante una disposición adicional con todas las garantías jurídicas.
–¿En la aprobación de esa reforma legislativa le habría gustado contar con el apoyo del PSOE, que en el poder no hizo una política muy diferente a la del PP en materia de inmigración?
–Mire, quiero recordar que en agosto y septiembre de 2005, en la crisis de los vallados de Melilla y Ceuta, murieron personas. Es público y notorio, y la reacción del PP entonces en la oposición fue muy diferente a la que ha habido en estos momentos. Pero, en fin, en todo caso es evidente que yo tengo la firme convicción de que la sociedad española entiende perfectamente varias cosas. En primer lugar, que el fenómeno de la inmigración no lo puede resolver España en solitario, ni que lo deba hacer. En segundo lugar, que España tiene todo el derecho a exigir que se entre legalmente en el país. En tercero, que España tiene la capacidad de acogida que tiene. Y en cuarto, que no podemos invertir la carga en la prueba y que quienes intenten hacer un acto de entrada ilegal se conviertan en denunciantes del agente de la ley que tiene por misión cumplir y hacer cumplir la ley, y normalmente en circunstancias muy difíciles. Y le diré también una cosa: España tiene en estos momentos, porque hemos salido de la recesión pero no de la crisis, mucho trabajo que realizar. Tenemos un tasa de paro, especialmente juvenil, muy elevada aún. Le digo, con toda la seriedad y toda la franqueza, que el mejor caldo de cultivo para la xenofobia y el racismo es hacer demagogia con estos temas. Afortunadamente, gracias al civismo de la sociedad española, no hay en España con fuerza, a diferencia de otros países, ni partidos racistas ni xenófobos. Pero estos temas conviene tratarlos con la seriedad porque el drama de esas personas no merece frivolizar. Y porque hablamos de un fenómeno de enormes dimensiones que España no puede ni debe afrontar en solitario.
–En las últimas detenciones de yihadistas en Ceuta y Melilla se ha insistido en que estaban en disposición de atentar. ¿Tienen ambas ciudades un nivel de riesgo más alto que el resto de España?
–El nivel de riesgo de España, con carácter general, es el que activamos el 7 de enero, el mismo día de los atentados contra ‘Charlie Hebdo’. Es un nivel de alerta 3 de intensidad baja, con un grado de probabilidad muy alto de atentado terrorista aunque con intensidad baja, que en escala de 1 a 10 equivaldría a 7. Desde entonces no se ha modificado y no hemos establecido grados distintos para diferentes zonas del territorio nacional. Recientemente se ha producido una operación con ocho detenciones y en siete de los casos han ingresado en prisión, y ninguna de ellas ha sido en Ceuta ni en Melilla. Se han producido en Cataluña, Ávila, Ciudad Real... como en otras ocasiones en Madrid o Levante. No hay una especial amenaza en unas zonas o en otras.
–No comparte entonces esa nueva etiqueta de “Ceuta y Melilla, cantera de yihadistas”...
–No la comparto en absoluto, porque entre otras cosas no responde a la realidad. Es verdad que desde el punto de vista migratorio y geográfico es una realidad que hay que contemplar. Pero también somos conscientes de que Marruecos está actuando de forma contundente contra esa amenaza de la misma manera que lo hacemos nosotros en estrechísima colaboración, compartiendo Inteligencia, información y, en no pocas ocasiones, procedimientos operativos en el desmantelamiento de células yihadistas que operan a los dos lados de la frontera, en Ceuta o en Castillejos, en Melilla o Nador. La situación geoestratégica es la que es, pero pese a ello España no es un país con mayor nivel de amenaza que otros de la UE. Es más, los hay que cuentan por centenares, e incluso el millar, los desplazados a zonas de conflicto y por centenares los retornados, mientras España cuenta por decenas los desplazados y por unidades los retornados. Teniendo en cuenta la situación geoestratégica, es un dato que conviene poner en valor.
–¿A qué lo atribuye?
–Pues a que pocos países como España han padecido durante tanto tiempo y tan intensamente la amenaza terrorista: la de ETA, con tanto sufrimiento y dolor durante más de 40 años, o que hayamos sufrido el mayor atentado yihadista de la historia de Europa en 2004. Hemos hecho de la necesidad virtud en la eficacia en la lucha terrorista. Y eso hace bueno el aforismo: no hay mal, el terrorismo, que por bien no venga.
Las “razonables” peticiones de Imbroda
“En relación a lo que me ha pedido el presidente Imbroda, mañana (hoy) me veo con él y le contestaré. Pero, en fin, en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar y procurar atender las razonables peticiones que nos traslada. Estamos haciendo un esfuerzo suplementario tanto en grupos de intervención policial del CNP como en los módulos de intervención rápida de la Guardia Civil para la protección del perímetro fronterizo de Beni Enzar y todo el perímetro de Melilla frente a la importantísima presión migratoria que viene sufriendo, pero también tengo que decir que con ocasión de la crisis y los esfuerzos de consolidación fiscal de reducción del déficit que hemos tenido que hacer, la oferta de empleo público en estos años con carácter especial para la función pública ha quedado congelada, pero en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hemos tenido tasa de reposición el 10 por ciento. No tenemos los efectivos que querríamos tener y nos hemos tenido que apretar el cinturón y hemos pasado de centenares y miles de agentes en promociones de otros años a últimamente con esa tasa de reposición ha sido sensiblemente inferiores y no hemos podido atender todas las necesidades planteadas, como las que plantea el presidente Imbroda. También quiero decir que en un momento de crisis y recesión como el que hemos vivido, de reducción de efectivos, a pesar de todo España ha bajado su tasa de criminalidad y es el tercer país con menor tasa de la UE y es, dicho en positivo, es el tercer país más seguro. Y eso es como decir del mundo, porque Europa es un espacio de libertad, justicia y seguridad”.
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