Ayer domingo amanecimos en Melilla con las terribles imágenes del incendio provocado en Rostrogordo, que la Policía Judicial de la Guardia Civil investigó y resolvió en cuestión de horas. Sabíamos que había al menos un sospechoso de prender fuego a una de las casetas y finalmente resultaron ser dos los supuestos responsables, que pasarán hoy a disposición de la Fiscalía de Menores. Tienen 17 años y tendrán que responder ante la justicia por un presunto delito de incendio con el agravante de lugar habitado y a otra acusación por un delito de daños.
No sé si decir que gracias a Dios, sólo hubo pérdidas materiales de 20.000 euros. No nos sobra el dinero y encima, tenemos que asistir a su quema. Pero evidentemente pudo ser peor. Pudo ser una tragedia porque había 30 niños durmiendo en esas casetas.
¿Qué impulsó al pirómano a protestar con llamas? Una versión de los hechos apunta al anuncio del traslado a La Purísima. No querían ir a un centro que a priori tiene mejores condiciones de habitabilidad, pero también normas que cumplir, horarios y restricciones como las hemos tenido todos los adolescentes, de cualquier cultura, en la casa familiar.
A un conocido político de esta ciudad, no por su trayectoria política, sino por su afición a inflamar a la opinión pública, le faltó tiempo para compartir el vídeo y permitir en su muro de Facebook mensajes de odio y de intolerancia, de esos que vomitan sin pudor muchos melillenses, hartos del descontrol que durante años ha habido en torno a la emigración de niños solos y adolescentes desde Marruecos, principalmente. Me parece impresentable y me gustaría que la Fiscalía actuara de oficio ante este tipo de situaciones que se han convertido en una forma natural de manifestarse en esta ciudad.
También se apresuró a condenar los hechos el Sindicato Independiente, que ha responsabilizado de lo ocurrido a la empresa encargada del cuidado de los menores.
Por esa regla de tres, la Policía Local de esta ciudad sería culpable de todos los contenedores quemados en Melilla; la Policía Nacional, de todos los retrovisores rotos y coches desvalijados en nuestras calles y la Guardia Civil de toda la droga que consigue cruzar en barco a la península. Lo siento, pero me convence.
No comparto el ataque a una empresa, sea cual sea, y menos en estos momentos, en que nuestro tejido empresarial está haciendo malabares para aguantar la crisis en la que nos han metido el coronavirus, el cierre de la frontera y la errática política económica de los últimos 21 años en esta ciudad.
A veces se nos olvida que las empresas son empresas porque ganan dinero y cuando eso pasa, crean empleo y pagan impuestos. Y esos tres factores (dinero, impuestos y empleo) ayudan a mantener el Estado de Bienestar del que todos los españoles, sin excepción, tenemos la suerte de disfrutar.
Atacar en momentos de debilidad y hacer leña del árbol caído no me parece la mejor manera de poner el acento sobre un problema que nos agobia desde hace muchísimos años sin que hasta ahora se haya conseguido una solución.
El problema de los menores extranjeros no acompañados en Melilla no es algo que se pueda solucionar desde esta ciudad. Se puede gestionar con más eficiencia, pero no se puede solucionar. Es así de sencillo.
Si queremos devolver a esos niños y adolescentes, la mayoría marroquíes, a sus familias, España tiene que sentarse con Marruecos y arrancarle de una vez por todas un compromiso serio que permita la repatriación inmediata a su país.
En su lugar, permitimos que Marruecos nos llame a capítulo por lo mal que son tratados sus niños en nuestro país. Si tanto los quiere, que los reciba de vuelta, pero no para meterlos en antros ni correccionales sino para educarlos como intenta hacer España.
Llevamos desde 2003 hablando de llegar a un acuerdo con Rabat sobre el futuro de los menores marroquíes que llegan a nuestro país solos y que son, con diferencia, mayoría entre todas las nacionalidades del mundo de las que nos hacemos cargo.
Yo creo que ya es hora de exigir a Marruecos que nos pague por educar y mantener a esos niños o, en su defecto, deberíamos descontarle ese dinero de las subvenciones que nos exigen por cumplir su responsabilidad de vigilar las fronteras.
En estos momentos en que nuestras relaciones bilaterales cojean, deberíamos presionar a Marruecos porque tenemos muy poco que perder, especialmente después de que Europa tuviera la generosidad de sacar a Rabat de la lista gris de paraísos fiscales. Nosotros vamos por un lado y la UE, por otro.
No me extraña, por tanto, que el ex embajador español en Rabat entre 2010 y 2013, Alberto Navarro, hombre de confianza de Miguel Ángel Moratinos, ese lince de la política internacional que sigue viviendo de su cargo de Alto Representante de la ONU para la progresista Alianza de Civilizaciones, haya dicho esta semana, alto y claro, que Cuba no es una dictadura.
¿Y saben qué? Josep Borrell lo ha llamado a consultas, pero no por eso sino por apoyar por escrito una carta firmada por una amplia gama de comunistas cubanos pidiendo al presidente de los Estados Unidos que suavice el embargo a Cuba, de manera unilateral, sin pedir a cambio respeto a derechos humanos fundamentales en la Isla. Algo que el Gobierno de La Habana rechaza agarrado al argumento de que eso es cesión de soberanía. Porque sí, en Cuba consideran que reclamar el derecho de un cubano a entrar y salir de su país es cesión de soberanía. Todavía no se han enterado de que los derechos humanos son universales.
Pero pese a ser universales, Marruecos sigue sin enterarse de que los niños son suyos y necesitamos, por el bien de todos, que cada palo aguante su vela.
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