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La acusación considera que cometió un delito de prevaricación administrativa cuando ocupaba el cargo de consejero de Administraciones Públicas
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Supuestamente favoreció la contratación de un arquitecto
El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, compareció ayer ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla como único acusado del ‘caso Arquitecto’. En el juicio declaró como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa, supuestamente cometido cuando ejercía de consejero de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma. Tanto la Fiscalía de Melilla como la acusación popular, que en este caso representa a Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE local; Coalición por Melilla (CpM) y Manos Limpias, lo acusan de incumplir la normativa de la Ciudad para mantener el puesto de un arquitecto que había sido contratado inicialmente para cubrir una baja y que, finalmente, fue contratado para cubrir un puesto fijo tras producirse una jubilación. El dirigente popular defendió ayer su inocencia e insistió en que en todo momento actuó según lo establecía la normativa de contratación vigente. Lo único que hizo, subrayó, fue estampar su firma en los contratos del arquitecto.
El ex consejero explicó que el arquitecto Iván R., al que aseguró que no conocía de nada, fue contratado en 2006 temporalmente para cubrir la baja médica de un funcionario. Juan José B. Para ello, indicó que tuvo que superar un proceso selectivo en el que se presentaron más candidatos. Según señaló Marín, él no tuvo conocimiento en ninguna de las dos ocasiones en las que el titular regresó a su puesto de trabajo, sin que cesara el contrato de sustitución.
La primera vez, Iván R. y Juan José B. ocuparon el mismo puesto durante dos días, aunque el segundo recayó y volvió a darse de baja. Cuando este se dio de alta de nuevo, ambos continuaron ocupando un mismo puesto, por lo que se pagaron dos sueldos durante dos meses.
“Yo no tenía constancia de esas altas y esas bajas”, sostuvo el procesado. Según añadió, es “habitual” que en la Ciudad se produzcan estos “desfases” entre que una persona regresa a su puesto y se da de baja a la persona que cubría su puesto de forma temporal.
De hecho, apuntó que la Inspección de Trabajo ha sancionado en numerosas ocasiones a la Administración por esta cuestión, motivo por el que mandó una circular a todas las áreas para incidir en que se informara directamente al negociado correspondiente de las altas.
Por otro lado, el actual presidente de la Autoridad Portuaria indicó que en 2007 recibió una llamada del consejero de Fomento en la que le anunció que se había quedado un puesto vacante por una jubilación y que con carácter urgente necesitaba que fuera cubiera.
Entonces, según la explicación de Marín, se concretó de mutuo acuerdo la extinción del primer contrato de Iván R., ya que, según la normativa que rige las bolsas de trabajo, era la persona que aparecía en primer lugar para optar a ese cargo de larga duración.
Mecanismos de la Ciudad
“En este aspecto, mi única intervención consistía en decir que se cubriera esta plaza. Él era el primero que aparecía en la lista y son los propios funcionarios los que, en base a unos mecanismos de la Administración, lo seleccionan”, defendió el ex consejero. Según apuntó, si hubiese habido algo extraño en la contratación se le habrían echado encima los sindicatos o habría recibido alguna llamada de atención por parte de Intervención, cosa que, como incidió, nunca llegó a ocurrir. Además, el encausado sostuvo que otros órganos jurisdiccionales como la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Social de Melilla ya le habían dado la razón en este asunto.
Un total de diez personas prestaron declaración ayer en calidad de testigos en el juicio del ‘caso Arquitecto’, que dio comienzo a las diez de la mañana y quedó visto para sentencia pasadas las siete y media de la tarde. Entre ellos, testificó el arquitecto que supuestamente fue contratado de forma irregular, punto que él negó, ya que insistió en que pasó un proceso selectivo para ser contratado de forma temporal por la primera baja.
“No tuve conocimiento de la primera incorporación del titular, aunque sí de la segunda porque coincidí con el arquitecto”, sostuvo. Según indicó, él esperaba que alguien de la Administración lo llamase para anunciarle el cese del contrato, pero esto no ocurrió: “Cuando llegó Juan José B. se me siguió dando trabajo”.
Más tarde, explicó, se le anunció que había quedado vacante un puesto tras una jubilación y que, segun la bolsa de trabajo, era el primero para optar a cubrirla. “No vi nada raro en ello”, aclaró. Según aclaró, no conocía de nada al procesado, ni tampoco pidió a ninguna persona que se le prolongara su contrato.
Por otro lado, el arquitecto que estuvo de baja médica indicó que, al incoporarse a su puesto, desconocía que Iván R. hubiera sido contratado cara cubrir su vacante. “Mi despacho no lo ocupó nadie, que yo sepa”, sostuvo. Según afirmó, él comunicó su alta médica al volver a su trabajo, pero desconocía lo que pudo tardar en tramitarse.
Un caso de ‘enchufismo’
En el juicio también comparecieron varios miembros de la anterior junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla(CoaCam), que en su día denunció la presunta contratación irregular. El que en 2006 ocupaba el cargo de secretario de esta entidad, Benito P., afirmó que el entonces consejero de Fomento, Rafael Marín, les dijo de manera expresa que Iván R. tenía que ser contratado por petición de un viceconsejero, amigo del padre del arquitecto.
Las tres personas que formaban parte de la cúpula directiva de la CoaCam incidieron en que los colegiados se vieron perjudicados por la contratación que llevó a cabo la Ciudad Autónoma, sin concurrir en concurso público u oposiciones para que el resto de arquitectos pudiera optar al mismo puesto.
El entonces consejero de Fomento, Rafael Marín, negó que hubiera solicitado de manera expresa la contratación de Iván R. Negó el supuesto enchufismo que denunció otro testigo y subrayó que, en el tiempo que este arquitecto y el que se incorporó de la baja compartieron el mismo puesto, realizaron funciones “completamente distintas”.
Además, insistió en que la plaza del funcionario jubilado tenía que cubrirse urgentemente, motivo por el que de un día a otro se rescindió el contrato de Iván R. para realizarle otro de larga duración. No obstante, admitió que se quedaron con el mismo número de personal, ya que esta persona ya estaba trabajando en la consejería de Fomento.
“Marín sólo firmaba”
Según declaró Enrique M., que en 2006 era jefe de sección de Relaciones Laborales, él fue la persona que realizó los contratos al arquitecto. Indicó en la contratación de Iván R. se aplicó una normativa que contaba con el visto bueno de la Comisión de Interpretación, Valoración y Estudios (CIVE), recurriendo para ello a una segunda bolsa, para larga duración, de la bolsa de trabajo.
El testigo también incidió en que en la Administración es habitual que se den “desfases” a causa de la tardanza en la tramitación de las altas y las bajas médicas, puesto que corresponden a negociados distintos. Por otro lado, aseguró que Marín únicamente intervino para firmar el contrato de contratación temporal, la extinción de este y el nuevo contrato de larga duración.
Por otro lado, el funcionario que en 2012 elaboró un informe como secretario técnico de Administraciones Públicas, Antonio Jesús G., señaló que hizo este trabajo después de que así se lo solicitaran por toda la controversia generada. “Esta contratación se hizo respecto a las bases de 2005, con pleno derecho”, dijo.
En su derecho a la última palabra, Marín defendió que la contratación del arquitecto se hizo “de forma inmaculada”. Reiteró que así lo avalaban numerosas sentencias.
“¿Usted permite que se paguen dos sueldos?”
El juez del ‘caso Arquitecto’ preguntó a Marín si, como responsable de la Consejería de Administraciones Públicas, permitía que hubiera dos personas contratadas a la vez para ocupar un mismo puesto, por el que, en consecuencia, la Administración tenía que pagar dos sueldos. “Estos desfases implican costes para la Ciudad Autónoma de Melilla”, le espetó. Al respecto, el acusado respondió que era la propia estructura de la Consejería la que le impedía saber lo que sucedía. “Yo llevo el control, pero si no se me informa es imposible que tenga conocimiento de esta circunstancia. Tendría que ir despacho por despacho para saber quién está de alta y quién de baja”, señaló Marín. “¿Sabe usted que estos desfases pueden dar lugar a una malversación de caudales públicos?”, volvió a interrogarle el juez. Marín insistió en que este supuesto no se dio en ningún momento, puesto que ambos trabajadores desempeñaron un trabajo por el que cobraron un sueldo. Asimismo, subrayó que Iván R., en los periodos que coincidió con el titular de la plaza, realizó tareas con independencia a las del otro arquitecto, obedeciendo las órdenes que recibía del director general. “No es que los dos estuvieran en el mismo despacho y haciendo lo mismo”, aclaró Marín al titular del Juzgado de lo Penal número 1. El juez, por su parte, apostilló que este caso “no es ninguna tontería”.
Penas propuestas: de ocho a diez años de inhabilitación
La representante del Ministerio Público, la fiscal Laura Santa Pau, solicitó que Miguel Marín fuese condenado a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y también para participar en procesos de “sufragio pasivo”, es decir, para ser candidato en unas elecciones. La acusación popular, ejercida por el abogado José Miguel Pérez en representación de Dionisio Muñoz (ex secretario general del PSOE), CpM y Manos Limpias, elevó su petición de condena a diez años de inhabilitación.
