El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido al Gobierno español que explique qué medidas ha adoptado para reunir a una mujer inmigrante con su hijo de cuatro años, que permanecen separados en distintos centros de acogida después de que llegaran a España en distintas pateras.
Oumo, una mujer de origen costamarfileño, y su hijo llegaron a España desde Marruecos hace unos meses en distintas pateras: el menor cruzó en marzo acompañado por su tía y su madre lo hizo más tarde.
La embarcación del pequeño fue interceptada por las autoridades, que lo trasladaron a Melilla, donde fue internado en un centro de acogida para menores. Desde entonces, permanece allí y no se ha permitido ni a su tía ni a su madre verlo.
Oumo llegó un mes después y, tras pasar por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, reside actualmente en una residencia de acogida para migrantes en Jerez. Pese a que intentó reunirse con su hijo desde el primer momento, "las autoridades españolas no han tomado ninguna medida para hacerlo posible", según denunció la organización internacional Women's Link.
Junto a otras organizaciones, como La Merced Migraciones, Women's Link se dirigió al TDEH para solicitar medidas cautelares que permitan la reunificación de Oumo y su hijo.
El Tribunal ha respondido a la petición y ha solicitado al Gobierno español, en un documento al que ha tenido acceso Efe, que explique qué medidas ha adoptado para probar la filiación del niño y la madre y que así se pueda determinar su reunificación.
También le pregunta si no es posible adoptar algunas medidas provisionales mientras se obtienen los resultados de las pruebas de filiación, como que Oumo pueda hablar por teléfono o visitar al menor.
El Gobierno tiene de plazo hasta el próximo jueves a las 17 horas para enviar al TEDH la información solicitada.
"Es un paso bastante positivo, porque implica una presión para que se tomen medidas y no siga demorándose la reunificación de Oumo con su hijo", han indicado a Efe fuentes de Women's Link.
Esta organización considera que la incomunicación entre la mujer y el niño "vulnera gravemente sus derechos".
"El estado español no puede quedarse con los hijos de las mujeres migrantes por el simple hecho de estar en situación administrativa irregular. Eso es discriminación y racismo", denunció la organización al hacer público el caso de Oumo.
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