Los secretarios judiciales comenzarán este martes una huelga indefinida

Los secretarios judiciales de Melilla comenzarán este martes, al unísono con los del resto de España, una huelga indefinida por el incremento de funciones que vienen asumiendo desde el año 2009 sin que se hayan visto retribuidas esas labores.

Según ha explicado Raquel Alonso, no están solicitando una subida de sueldo “caprichosa”, sino “un ajuste retributivo” a esas nuevas responsabilidades”. “Después de estos casi 14 años que llevamos asumiendo estas funciones, la razón de parar ahora radica en el incumplimiento, por parte del Gobierno, del mandato legislativo recogido en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021”, ha detallado Alonso.

Esta disposición obligaba a esa adecuación salarial sin que ello se haya verificado y también conseguimos un acuerdo por escrito con el Ministerio que no ha cumplido, en abril de 2022, con 12 puntos básicos. En este sentido, Alonso ha explicado que ese acuerdo, por escrito, firmado por las asociaciones de secretarios judiciales, originó que se desbloquearan las dos jornadas de huelga previstas para marzo, pero, ante el incumplimiento, se tuvo que convocar en noviembre y diciembre y ahora les “queda otro remedio que llegar a la huelga indefinida”. Además, ha indicado, hay que tener en cuenta que se realizaron cinco avisos previos e incluso se dirigió, durante los últimos días, una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que asumiera de forma personal la gestión de esta situación, así como se ofreció al Ministerio de Justicia cinco mediadores para desbloquear el conflicto.

Alonso ha pedido disculpas “de antemano” al resto de operadores jurídicos y a la ciudadanía por el perjuicio que puedan ocasionar y ha afirmado que no es su responsabilidad, dado que han intentado “por todos los medios” evitar esta situación.

“Paralización de la actividad”

En cuanto a la repercusión que la huelga pueda tener, Alonso ha pasado a enumerar las funciones de los secretarios judiciales que se van a ver afectadas. En realidad, ha dicho, “puede ser bastante relevante”, porque “puede suponer una paralización casi total de la actividad ordinaria judicial”.

En este sentido, dado que ostentan la fe pública judicial y dirigen la Oficina Judicial y la ordenación del procedimiento –lo que supone que intervienen en todos los trámites desde que se inicia un procedimiento con la admisión de la demanda hasta su finalización-, quedarán afectados los procedimientos monitorios, los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo cuando no hay hijos menores de edad, los desahucios sin oposición, las divisiones de herencia, las juras de cuentas, la tasación de costas, la jurisdicción voluntaria, la consignación judicial, las declaraciones de ausencia y fallecimiento, el nombramiento de peritos, el deslinde de fincas o la convocatoria de juntas.

También se verá paralizada la ejecución, que supone que, cuando no se consiga un cumplimiento voluntario de la sentencia por resolución del secretario judicial, que pone fin al procedimiento, se trate su consecución mediante la intervención también de la Justicia. En este caso, la ejecución también depende de los secretarios judiciales.

Por ello, también en estos días se va a parar de hacer averiguaciones patrimoniales, embargos de sueldos, salarios y otros bienes a fin de satisfacer las pretensiones económicas recogidas en sentencias y decretos, subastas de bienes muebles e inmuebles o cancelación de cargas.

De la misma manera, dejará de moverse “mucho dinero”, dado que son los secretarios judiciales quienes llevan la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales –de alrededor de un millón de euros- y que tiene un movimiento diario para las pensiones, indemnizaciones o ingreso de multas.

En cuanto al Registro Civil, que asumirá en Melilla a partir del día 13 de febrero el secretario judicial, se verán afectados trámites tales como nacimientos, defunciones, matrimonios, nacionalizaciones, filiación, representaciones legales, cambios de nombre y apellidos o expedición de certificaciones.

También se verán afectadas, mientras continúe la huelga indefinida, otras funciones como la estadística judicial, el archivo o el depósito de bienes.

En conjunto, según ha detallado Alonso, durante esta primera semana se van a ver afectadas un total de 109 actuaciones entre siguientes juicios y declaraciones: jurisdicción civil (14 juicios y un alzamiento derivado de un procedimiento de desahucio), jurisdicción penal (35 juicios y 36 declaraciones penales), jurisdicción social (12 juicios) y jurisdicción contencioso-administrativo (11 juicios).

Servicios mínimos

Tal como ha señalado Alonso, de los 14 secretarios judiciales de Melilla, la previsión es que 12 de ellos se van a adherir a la convocatoria, lo que supone un 85 por ciento. Para los servicios mínimos, se ha nombrado a tres secretarios, que tendrán que atender el juzgado de guardia, la violencia de género, las causas con preso, las medidas cautelares y, dentro del registro civil, la inscripción de nacimientos y defunciones.