Los MENA son polizones por culpa de La Purísima, según Pro Derechos Humanos

El abogado José Alonso exige que se acelere la entrega de la documentación a los menores acogidos.

La culpa de que los menores extranjeros no acompañados (MENA) prefieran estar en la escollera e intenten subir de polizones a un barco con destino a la península es de La Purísima. Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, el abogado José Alonso, que resaltó en declaraciones a El Faro que la única solución para los menores es que haya cambios en los profesionales que trabajan en el centro de acogida. Además, afirmó que mientras se mantenga a personas que no son “buenos” educadores y cuidadores en La Purísima y no se ofrezca la documentación a los MENA en un plazo “adecuado”, los menores van a seguir prefiriendo la escollera. Esto es, vivir entre piedras y a la intemperie, en lugar de estar bajo el techo de este centro.
El abogado de la asociación Pro Derechos Humanos de Melilla apoyó ayer además su acuerdo con las denuncias que se recogen en el informe anual del Defensor del Pueblo que salió publicado el pasado jueves. El documento elaborado por la entidad que dirige Soledad Becerril asegura que La Purísima no reúne las condiciones para ser considerado un centro de acogida de larga duración.

“Malos tratos” en el centro
Al igual que hace un año, el Defensor del Pueblo destaca que es necesario habilitar más recursos para los menores de 16 años. En este sentido, el presidente de ProDerechos Humanos apunta que La Purísima es un lugar en el que se producen “malos tratos”. Asevera que en numerosas ocasiones las ONGs de la ciudad han denunciado que determinados cuidadores del centro agreden a los menores. De hecho, afirma que más de una vez se han producido lesiones físicas a los MENA. Por ello, resalta que los niños y jóvenes acogidos prefieren estar en la calle en lugar de en el centro. No hay otra explicación, apunta.
En cuando a las denuncias de malos tratos, Alonso explica que en muchas ocasiones no se ha podido llevar a juicio porque el menor agredido ha desaparecido y no se le localiza para continuar con la denuncia. En otros casos, es porque sólo se cuenta con la versión del menor frente a la del cuidador y no es tan fácil demostrar ese maltrato que se ha recibido.
Para el presidente de Pro Derechos Humanos, es “imprescindible” que se haga una reforma en el centro en cuanto a la contratación de nuevos educadores o cuidadores para que los menores puedan encontrar en La Purísima un lugar seguro en el que vivir. Explica que por muchos talleres, cursos formativos y actividades lúdicas que se hagan en el interior no se va a conseguir que los menores se queden si no hay un cambio en la forma que tiene Bienestar Social de gestionar el centro.
Otra de las denuncias que recoge el informa del Defensor del Pueblo es que la Ciudad tarde más de nueve meses en ofrecer la residencia a los menores acogidos.

Meses indocumentados
Alonso destaca que la ley marca un plazo máximo de nueve meses para que la Administración legalice la residencia de los MENA y sin embargo, se sobrepasa esta cifra, como bien recoge el informe de la institución que dirige Soledad Becerril. Para el presidente de Pro Derechos Humanos, la Administración no debería tardar más de tres meses en entregar la documentación a los menores con el objetivo de que no estuvieran sin papeles residiendo en España.
También critica Alonso que a los 18 años, la Ciudad deje de tutelar a los jóvenes, les eche a la calle sin ningún tipo de recurso e incluso les retire la documentación con la que estaban en La Purísima. Señala que si un padre deja en reiteradas ocasiones a sus hijos en la calle sin ningún tipo de ayuda, aunque sean mayores de edad, la Fiscalía puede enjuiciar a esa familia por dejarles en desamparados. Sin embargo, la Bienestar Social realiza “esto a menudo” y la Justicia aún no ha tomado cartas en el asunto, añade Alonso.

Educación deficiente
La no escolarización de los MENA es otra de las reclamaciones que se recogen en el informe del Defensor del Pueblo, así como la falta de formación a los mayores de 16 años.
El presidente de Pro Derechos Humanos indica que en La Purísima se han vivido diferentes etapas en cuanto a la formación que se le ofrecía a los menores, pues ha habido años en los que estaban escolarizados en los centros y otros, en los que se ha empeorado la situación de la formación de los niños porque no se les ofrecía un colegio en el que recibir clases. Tampoco se libra de la denuncia del Defensor del Pueblo cómo la Bienestar Social ejerce la tutela de los MENA. El informe aclara que no apoya el hecho de que una vez que el menor abandona La Purísima, éste deje de ser una responsabilidad de la Ciudad.
Al hilo de esta reclamación, Alonso destaca que ningún padre deja de supervisar a su hijo cuando sale de casa y por ello, el Ejecutivo local no puede dejar sin más de tutelar a esos niños y jóvenes. Este periódico intentó recabar la opinión de Bienestar Social y no lo consiguió.

Cambiar la Ley del Menor es “un disparate”

José Alonso, el presidente de Pro Derechos Humanos, destacó que es “un disparate” que se pretenda cambiar la Ley del Menor por parte de la Administración local. “Aquí se soluciona todo cambiando la Ley en lugar de adoptar nuevas medidas y cambiar en el chip de las autoridades”, explica. Además, afirma que hay normas, como esta ley que están sujetas a declaraciones internacionales que ha firmado el Estado y por lo tanto que no se pueden incumplir como es el caso de los Derechos del Niño.