Decenas de trabajadores de la Administración local de Justicia se concentraron ayer, a media mañana, frente a la entrada de las Torres V Centenario. Entre otras reivindicaciones, pidieron contar con más “retribuciones”, que los salarios se equiparen al de los funcionarios de las comunidades en las que se han cedido las competencias y poder desempeñar su tarea en “condiciones dignas”. El acto fue convocado conjuntamente por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). La movilización se llevó a cabo de forma simultánea en otros territorios nacionales en los que las competencias también son dependientes del Ministerio de Justicia.
Los organizadores dejaron claro que, en el caso de que sus peticiones no sean atendidas por el Gobierno central, continuarán con las movilizaciones, sin descartar la huelga, entre otras medidas que tendrían que estudiar. “No toleramos más atropellos: queremos una mesa de negociación y que se sienten a hablar con los sindicatos”, subrayó en declaraciones a los medios Sandra Álvarez como portavoz de STAJ.
Incremento de complementos
Una de las reclamaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia pasa por recibir los mismos complementos que en el resto de autonomías que no dependen del Ministerio de Justicia. La brecha salarial, según apuntaron, llega a superar los 500 euros respecto a otros territorios.
Uno de los complementos que reivindican es el que, en otras zonas, cobran los juzgados de primera instancia e instrucción por canalizar los procedimientos de violencia de género. “Conllevan mucho trabajo y eso hace que el día a día se haga muy poco llevadero”, señaló a los medios Fernando Caño, representante de UGT.
Otra de las quejas de los funcionarios tiene que ver con las 50 propuestas de enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha presentado el Partido Popular (PP). “Suponen un empeoramiento muy importante de nuestras condiciones laborales”, sostuvo Juan Manuel Domene, presidente del sector de Justicia de CSIF.
Además, los representantes de los sindicatos pusieron de manifiesto que una de las molestias que dificultan la tarea de los funcionarios de la Administración local de Justicia tiene que ver con la digitalización de los expedientes y las aplicaciones informáticas. Según resaltaron, los sistemas fallan “continuamente”, lo que retrasa o impide avanzar a los trabajadores.
“Es raro el día que no se cae una aplicación u otra”, subrayó Álvarez. “Las nuevas tecnologías tienen que ser analizadas porque nos están haciendo perder mucho tiempo y eso no solo repercute en nuestro trabajo, sino que también genera un impacto en la sociedad”, manifestó Caño.
En esta línea, los funcionarios también lamentaron que no habían recibido la formación necesaria para hacer frente a todos los cambios relativos a la digitalización.
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