Los abogados se concentrarán este miércoles por un pacto de Estado de Justicia

Este miércoles, día 28 de junio, a las 12:00 horas, se celebrará una concentración de abogados en las puertas de las Torres V Centenario, por un pacto de Estado de Justicia y "ante la continua paralización del servicio público", según ha informado el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

Los abogados reclaman un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de Justicia y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados. Creen que la actual situación del servicio público de Justicia es "insostenible", ya que lleva paralizado por diversas huelgas, entre los secretarios judiciales y los funcionarios, desde hace más de cuatro meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución.

Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la Justicia se suman, añaden, a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Tras cuatro meses consecutivos de huelgas, avisan de se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, lo que deja a miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada y señalamientos fijados ya "para fechas tan irrazonables como el año 2027".

"Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la Justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, para dotar así de seguridad y confianza a la ciudadanía", explican los letrados, para quien es "desolador" que tengan que concentrarse para "recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar".

"Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado", manifiestan.

La Justicia es una cuestión de Estado

Los abogados reclaman un pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio que permita "crear un servicio público, efectivo y de calidad durante la próxima legislatura".

"El actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de la Justicia nos afecta a todos. Con miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta inasumibles, la Justicia sufre una grave crisis reputacional y graves ineficiencias", aseguran. Por ello, en su opinión, "la XV legislatura de la democracia española debe ser la legislatura de la Justicia, con mayúsculas: una legislatura que inicie su andadura con un gran pacto de Estado por la Justicia, honrado por cualesquiera que sean los partidos que finalmente gobiernen".

En este sentido, los abogados recuerdan que llevan décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la Justicia para convertirla en un servicio público equivalente a la sanidad o la educación y apuntan que hace falta "transformar la Administración de Justicia en un verdadero servicio público de calidad, que mejore la seguridad jurídica en sociedad y genere confianza a la ciudadanía". Para ello, indican, hace falta abordar con altura de miras, lealtad institucional y sentido de Estado cuestiones básicas entre la mayoría de los profesionales de la Justicia desde hace años:

1. Gobernanza incluyente: Creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de Justicia (a nivel estatal, autonómico, provincial y por partidos judiciales), asegurando la participación efectiva de los profesionales que intervenimos en ella, así como de la ciudadanía.

2. Recursos materiales y personales: Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos.

3. Racionalización organizativa: Racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia, revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que, implantando tribunales de instancia, supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el aprovechamiento de los recursos, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.

4. Ejecución de resoluciones: Mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para su ejecución.

5. Expediente electrónico: Implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso, posibilitando trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad y pleno respeto a sus derechos fundamentales.

6. Acceso universal: Revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la justicia para que la asistencia jurídica gratuita garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados a los que se garantice una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, y manteniendo la proximidad territorial, y tendiendo a la especialización por áreas y servicios.

7. Conciliación de la vida personal y profesional: Posibilidad de la conciliación de la vida personal y familiar de todos los profesionales que intervenimos en el servicio público de justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.

8. Regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el Ministerio Fiscal: Aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, así como de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento para adaptarse a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno.

9. Solución adecuada de diferencias: Impulso decidido y eficaz de mecanismos adecuados de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.

10. Recursos y procedimientos: Revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía; así como revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, simplificación y antiformalismo, reconsiderando asimismo el criterio de condena en costas, para que el principio del vencimiento no limite el acceso a la tutela judicial efectiva, tendiendo a que se imponga a quien litiga con mala fe o temeridad.