El consejero de Hacienda, Julio Liarte, asegura que “hay un caso muy grave de mala gestión” del anterior Gobierno local. Afirma que, a petición del presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, se reunió con el equipo jurídico de la Ciudad que le indicaron que hay facturas sin pagar sin ninguna orden ni informe de la necesidad del servicio ni contrato. De hecho, asevera que se ha tenido que afrontar el pago de una factura de 1 millón de euros de una empresa, de la que no ha querido dar el nombre. Ha calificado esto de “un regalito que nos deja el anterior Gobierno”. Pero subraya que esta situación puede ser peor aún porque puede ascender a 5 millones de euros la deuda total que puede tener la Ciudad con la empresa. Por ello, va a abrir un expediente informativo para conocer por qué ha pasado esto y quiénes son los responsables.
Liarte argumenta que si llega una sentencia del juzgado en el que se dice que hay que abonar esas facturas o un informe del Consejo de Estado porque se haya demandado el pago de esos tickets allí, el Gobierno local va a abonarlos porque cumple con la normativa.
Sin embargo, insiste en que se va a analizar lo que ha llevado a la Ciudad a deber este dinero en facturas sin contrato ni documentación. Asevera que es “una negligencia”, pero que el Gobierno local lo va a solucionar.
Liarte cree que detrás de estas facturas están decisiones políticas de consejeros que han dicho que hay que hacer esto de esta forma y que los funcionarios le dirían que no habría dinero y por ello, no hay esas justificaciones en documentos. Mientras que hay empresas que esperan a que se les abonen y “tienen más paciencia que el Santo Job”, el consejero dice que hay otras que llevan este tema directamente a los tribunales o al Consejo de Estado para que le abonen, y tienen derecho a ello.
El titular de Hacienda insistió en que va a abrir expedientes informativos del tema para saber qué ha pasado y saber quién tiene la culpa y luego serán otros organismos de la Ciudad los que determinarán si se toman medidas desde el punto de vista administrativo o de otro tipo.
Al margen de esta cuestión, el consejero también informa de que ha tenido que devolver al Estado un total de 418.000 euros de una subvención que no se ha justificado y que tiene que ver con las obras de reparación del terremoto.
Liarte explica que esto se debe a una “gestión negligente e inadecuada” de la ayuda que se recibió del Gobierno central. En concreto, explica que en 2018 se recogen en los Presupuestos Generales del Estado dos peticiones de ayuda, una de ellas es de 673.000 euros para arreglar la plaza de toros y otras de 409.648 euros para la segunda planta del Palacio de la Asamblea que fue “extraordinariamente” dañada por el seísmo de 2016.
Aseguró que la Ciudad solo tenía que justificar el gasto de estas obras y que no se ha podido realizar con la última porque aún está en marcha. Ése es el motivo de que tengan que devolver no solo la subvención, sino también 9.000 euros de intereses de demora. Afirmó Liarte que cuando llegó a la Consejería se ha encontrado este tema cerrado sin que pudiera haber posibilidad de una recurso.
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