La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla tendrá que decidir si condena o absuelve a un acusado de un delito de estafa. La Fiscalía reclama una pena de dos años de prisión para un individuo por presuntamente utilizar el número de la tarjeta de crédito de un vecino para adquirir billetes de barco de la compañía Trasmediterránea y hacer encargos a la empresa Vodafone. Los cargos denunciados superaban los 560 euros. Estos hechos fueron enjuiciados el miércoles y el encausado negó los hechos que se le imputan por parte del Ministerio Público.
Antes de iniciar la práctica del juicio oral, en el trámite de cuestiones previas, el letrado de la defensa presentó un documento en el que se hacía constar que el procesado padece un trastorno que afecta de forma severa a su salud mental.
El encausado se acercó al micrófono temblando. Con un hilo de voz respondió a las preguntas formuladas por la fiscal y su letrado. Según sostuvo el procesado, que entró en la sala acompañado de sus padres, conocía al denunciante porque era su vecino “de toda la vida”. No obstante, aclaró que nunca había cogido su tarjeta de crédito y que tampoco había realizado con la misma ninguna compra a Vodafone, ni había pagado billetes de barco.
563 euros estafados
El procesado señaló que desconocía el motivo que podía tener el querellante para denunciarlo por un delito de estafa que, según aseguró, no cometió. Según la acusación, las compras que motivaron la denuncia ascienden a la cantidad de 563 euros.
El denunciante no compareció en el juicio, pese a que había sido citado. Esta era la segunda ocasión en la se fijaba fecha para esta causa ya que, en la primera, el querellante tampoco acudió a la cita judicial, motivo por el que la fiscal solicitó la suspensión de la vista, con el respaldo de la magistrada, ya que era el principal testigo del caso.
Este miércoles declaró en la vista uno de los agentes de la Policía Nacional que se encargaron de instruir las diligencias de este caso. Según apuntó, tras comprobar la base de datos de la compañía Trasmediterránea y Vodafone llegaron a la conclusión de que el procesado era el presunto autor de un delito de estafa.
En este sentido, sostuvo que los billetes de barco a Málaga estaban a su nombre, así como las compras realizadas a la compañía telefónica. “No había ninguna duda”, incidió el testigo policial.
Motivos espurios
Al finalizar las declaraciones, la fiscal mantuvo su acusación y solicitó que el encausado sea condenado a dos años de prisión, además de devolver el importe estafado al denunciante. El letrado de la defensa, por su parte, reclamó el dictado de una sentencia absolutoria e insistió en que no se había acreditado la comisión del delito de estafa. Según expuso, el denunciante podría tener algún “motivo espurio” por el que había utilizado a su cliente para incriminarle por unos cargos realizados con su tarjeta de crédito.
En su derecho a la última palabra el acusado dijo que era inocente. La magistrada decidirá.
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