Las vacaciones, nuevo foco de conflicto entre los funcionarios de Justicia y el Ministerio

Continúa el conflicto entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios de las autonomías donde las competencias no están transferidas, esto es, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, en esta ocasión a propósito de las vacaciones.

Según el presidente del sector de Justicia de CSIF en la ciudad autónoma, Ángel Castillo, el Ministerio, con el propósito de “minar la moral” del colectivo y hacerle “la vida imposible”, prohibió que en estas autonomías se pudieran coger las vacaciones y los días de asuntos propios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, fechas entre las cuales los funcionarios están obligados a tomar 11 días hábiles –la mitad de los 22 de que disponen durante todo el año-. “Cosa que no ocurrió en las comunidades autónomas que tienen las transferencias, porque sus consejerías de Justicia no sólo les han permitido coger vacaciones, sino también asuntos propios”, ha matizado.

Para Castillo, se trata de una injusticia, ya que “no se puede permitir que un derecho fundamental como son las vacaciones se coarte por otro derecho fundamental, que es el de huelga”, además, sin importar si la persona en cuestión está secundándola o no.

“Pagan justos por pecadores”, ha indicado Castillo, quien ha matizado que la excepción es que alguien tuviera billetes o reservas con navieras o ‘touroperadores’ antes del 17 de abril, día que comenzó un conflicto que se vio aumentado el 22 de mayo, cuando empezó la huelga indefinida.

Si, teniendo una reserva posterior al 17 de abril, alguien decidía irse, podía hacerlo, pero esos días le iban a contar como de huelga y, tal como ha manifestado Castillo, “si estás de vacaciones, no estás de huelga y no puede ser que te quiten dinero de tu nómina cuando estás de vacaciones”.

Finalmente, después de “presiones”, ha informado el dirigente sindical, el Ministerio ha dictado una resolución que permite coger las vacaciones, pero sólo desde el 26 de junio hasta el 3 de septiembre. Es algo que no entienden, según Castillo, pues supone perder prácticamente dos meses de plazo para disfrutar de las vacaciones y porque ni siquiera se incluyen los días de asuntos propios.

En concreto, la resolución de Manuel Olmedo Palacios como secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, dice lo siguiente: “Por todo ello y por el bien del servicio, quedan suspendidos, en las jornadas en que está convocada la huelga, el disfrute de los días de asuntos particulares y vacaciones de todo el personal, salvo causas excepcionales y en todo caso por motivos de conciliación debidamente justificados, así como la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo, debiendo hacerse la jornada laboral en régimen de presencialidad para garantizar la atención al público. Se excepciona de la anterior regla las vacaciones que se soliciten para su disfrute en el periodo comprendido entre el 26 de junio y 3 de septiembre de 2023, teniendo siempre en cuenta que han de quedar atendidas las necesidades del servicio”.

Encierros en la península

Así, en Melilla, donde el porcentaje de seguimiento Castillo reconoce que es “muy bajo” –incluso más bajo del 10-15 por ciento que se calculaba al principio-, “hay compañeros que ya las están pidiendo, pero otros están cabreados porque se han reducido a dos meses prácticamente las vacaciones”.

Con un seguimiento tan bajo, en la ciudad autónoma no hay previsto nada próximamente, si bien sí está repercutiendo en la paralización de escritos, citaciones y notificaciones. “O sea, que también hay una paralización de la Justicia en Melilla, aunque con menos incidencia”, ha explicado el representante de CSIF, quien, pese a todo, confía en que las movilizaciones que se están realizando en otras autonomías surtan efecto.

A este respecto, cabe reseñar que en Murcia o Madrid se han encerrado los funcionarios por la noche en algunas sedes judiciales, sin que por el momento haya habido llamada ni oferta por parte del Ministerio, que, según Castillo, no tiene ninguna intención de plantear una posible solución al conflicto.

El futuro de la huelga

Al estar todo “parado”, el dirigente sindical desconoce cuánto tiempo más podrán aguantar los funcionarios en huelga, habida cuenta de que cada día que la secundan es un día que se les descuenta de la nómina.

Por último, y respecto a si un posible cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo día 23 de julio pudiera desbloquear la situación, Castillo no se ha mostrado demasiado optimista, ya que puede ser que se aplace o se desconvoque la huelga, pero “igual hay que volver a empezar” con todo el proceso. Por lo tanto, ha culminado, lo que existe ahora mismo es “incertidumbre” con estas posibilidades que están “en el aire”.