Las técnicos de Educación Infantil de la Ciudad Autónoma han dado este martes un plazo de diez días a la consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, para que estudie con su equipo si se pueden regular las cotizaciones de este colectivo para que se les compute cada día de trabajo.
Tras la reunión, tanto tiempo esperada, que ha mantenido una representación de estas trabajadoras junto al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, con la consejera, María del Mar Sepúlveda, quien está ejerciendo como su representante, ha salido “un poco decepcionada por la falta de compromiso” de Rojas.
Sepúlveda cree que es comprensible que se pueda cotizar por cada día trabajado, pues, de lo contrario, se les perjudica en el paro, en la jubilación y en el concurso de méritos. Esta técnico ha recordado que su plazo para sentar las bases del concurso de méritos concluye el próximo día 31 de diciembre y así no quedar excluida por no tener reconocido su tiempo de trabajo en la Ciudad Autónoma. Por lo tanto, ha añadido, le “corre prisa” tener un plazo concreto para la resolución del problema por “un error que han cometido ellos”.
Por su parte, Montenegro, quien ha admitido que “el tono de la reunión ha sido cordial” después de lo sucedido el pasado día 1 de septiembre, ha indicado igualmente que no se les han querido dar fechas concretas para los informes que la consejera “se ha comprometido a pedir sobre las cotizaciones y el reconocimiento de los trienios”.
En este sentido, el dirigente sindical ha apuntado que la situación está “afectando gravemente al presente y al futuro” de las técnicos de Educación Infantil: de presente, a la hora de cobrar sus prestaciones por desempleo y, de futuro, para la oferta de empleo público (OEP) y en lo que respecta a sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Aunque confiaban en que este asunto podría haber quedado resuelto hoy y el hecho de que no haya sido así les da que pensar que hay “un poco de dejadez por parte de la Administración”, Montenegro ha asegurado que van a ser “pacientes” a la espera de los informes que tiene que recabar la consejera, que ésta les “ha dicho que va a intentar que estén con la mayor celeridad posible”, por lo que, tal como han manifestado las técnicos, si al cabo de diez días siguen sin estar disponibles, retomarán los actos reivindicativos.
Montenegro ha detallado que, durante la reunión con Rojas, se ha hablado de la falta de cotizaciones y también de los abonos de los trienios que corresponderían a las técnicos si sus cotizaciones se regularizaran, así como de la necesidad de una oferta pública de empleo de, al menos, 150 plazas, visto que actualmente el número de estas trabajadoras –bien a través de contratas para la Ciudad, los planes de empleo o el concierto del Gobierno local con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP)- supera ya dicho número.
Por último, según ha contado que le ha transmitido Rojas, por el momento el Partido Popular (PP) no ha registrado la moción que anunció que presentaría.
En otro orden de cosas, Montenegro ha afirmado que se ha hablado con la consejera de “la gravísima situación en que están dejando a los trabajadores de los planes de empleo”, ya que, tras comprobar sus nóminas, han descubierto que “les está faltando un dineral”.
La respuesta de Rojas ha sido, según el dirigente de la CGT, que trataría este asunto con la consejera de Economía y Hacienda, Dunia Almansouri, pero Montenegro ha anunciado que pronto anunciarán las medidas legales que van a empezar a adoptar si esta situación no se arregla.
“No vamos a permitir que personas cuyo futuro está ligado a poder trabajar seis meses a través de unos planes de empleo vean perjudicados no sólo sus salarios de esos seis meses, sino los de las prestaciones por desempleo”, ha asegurado al respecto.
Montenegro ha recordado que pueden llegar a interponer “en breve” las primeras demandas contra el Gobierno local en el Juzgado de lo Social de Melilla, al igual que ya han hecho en Ceuta, donde cuentan, según ha dicho, con “más de 50 sentencias favorables” y que, en este caso, no van contra la Ciudad Autónoma, sino contra la Delegación del Gobierno. “Allí el Ayuntamiento lo hace bien y aquí es justo al contrario”, ha concluido el representante de la CGT.
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