Las sanciones a parados caldean los ánimos sindicales antes de la huelga

CCOO y UGT creen que la idea del Gobierno central es “privatizar” el sistema público de gestión de desempleo y exigen a los partidos políticos que recapaciten.

Las formaciones sindicales comienzan a calentar motores de cara a la huelga general que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre por todo el territorio nacional, y a la cual Melilla no permanecerá ajena, ya que, tanto la Unión General de Trabajadores (UGT), como Comisiones Obreras (CCOO) anunciaron antes del verano que durante los meses previos a la convocatoria realizarían un plan de difusión para recabar el máximo número de apoyos posibles. Además, la huelga, motivada por la Reforma Laboral que pretender llevar a cabo el Gobierno, se ha visto últimamente caldeada por la llegada del proyecto de ley al Senado.

“El trámite parlamentario es un proceso que da más razones a la huelga del próximo 29 de septiembre, porque lo que va a hacer es empeorar el recorte de derechos. Por ello instamos al conjunto de los Grupos Parlamentarios a que reflexionen y reconduzcan la situación para que vuelva a los cauces del diálogo y la negociación”. Así habló el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, al tiempo que homólogo de CCOO, Ramón Górriz, analizó el proceso sobre la Reforma Laboral, que actualmente se encuentra en trámite de enmiendas en sede del Senado.

Ferrer subrayó que el conjunto de enmiendas que se han presentado “son prácticamente una reproducción de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios presentaron en el proceso del Congreso de Diputados y que profundizan en la línea de endurecer los recortes de los derechos de los trabajadores, a excepción de los votos de rechazo a la totalidad presentados por los grupos de izquierda parlamentaria”.

El secretario de Acción Sindical ugetista manifestó que los grupos de la derecha estatal y autonómica “persisten en sus ataques a los derechos de negociación colectiva y de libertad sindical” y recordó que “el PP ha vuelto a reproducir enmiendas con las que pretende que un convenio colectivo no tenga la fuerza vinculante durante su vigencia abriendo la vía de romper la eficacia del convenio; el PNV intenta romper con la libertad sindical, atentando contra el derecho que tienen las organizaciones sindicales representativas a participar en todos los niveles de negociación y CiU insiste en que se plantee la vía de determinar las causas de extinción en el ámbito de la empresa, lo que rompería los principios de igualdad de trato y de oportunidades y dejaría a merced de la correlación de fuerzas, en este caso a las del empresario, el fijar las causas en ese terreno”. 

También hubo críticas para la Administración del Estado, pues apuntó que el PSOE “reproduce las mismas enmiendas”, dejando ver “el afán privatizador del sistema público de gestión del desempleo dando más iniciativas a las agencias privadas con ánimo de lucro y la preferencia por las políticas de sanciones e infracciones, frente a las políticas activas orientadas a la reinserción de las personas desempleadas”.

Por último resaltó que tanto UGT como CCOO “rechazan las propuestas del Gobierno enfocadas a las sanciones e infracciones a las personas desempleadas y exigimos la necesidad de aumentar la inversión en políticas de orientación y de formación en nuestro país”. 

“Estamos asistiendo a un debate falso e interesado en el que parece que los desempleados no quieren aceptar las ofertas que les hacen los Servicios Públicos de Empleo”, unos servicios cuya capacidad de intermediación es escasa, no alcanza el tres por ciento, y en el que las ofertas de orientación y formación “prácticamente no existen”, sentenció.