Las ONGs que se personaron como acusación popular en el caso, ya archivado, en el que resultaron imputados ocho guardias civiles tras un salto que tuvo lugar en octubre de 2014 expresaron ayer su temor a que el Ministerio del Interior intente “criminalizar la denuncia y la petición por parte de la ciudadanía de que se investiguen los hechos”.
Estas declaraciones, hechas a través de un comunicado de prensa, responden a la condecoración que se concedió a estos agentes el pasado jueves. En concreto, les fue entregada la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
“Consideramos que la distinción es precipitada y una falta de respeto, ya que la causa aún está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sí se ha permitido la investigación de las expulsiones colectivas prohibidas por el Convenio Europeo, así como una vulneración del Art. 3 por trato degradante”, dicen.
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