Ayer llegó a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede está en Melilla, un caso en el que hay trece personas implicadas por participar de una manera u otra en una red de blanqueo de capitales. De ellas, siete eran trabajadores de una sucursal de BBVA de la ciudad y otros dos, unos hermanos dedicados al tráfico de hachís a gran escala, según la acusación de la fiscal. Lo que tuvo lugar en la mañana de ayer fue el trámite de las cuestiones previas, en el que los letrados pidieron las anulaciones de las pruebas que consideran que vulneran los derechos de sus clientes. En base a ello, solicitaron la anulación de las intervenciones telefónicas que afectan a varios de los procesados, sobre todo a los supuestos traficantes.
Según pudo saber El Faro, las defensas alegaron que no existía una motivación concreta para explicar la causa por la que se intervinieron los teléfonos a los investigados.
En el escrito de acusación, al que ha podido acceder este periódico, el Ministerio Fiscal sostiene que, a través de las intervenciones telefónicas, quedaba suficientemente acreditada la actividad ilícita de los hermanos dedicados al tráfico de estupefacientes.
En una de estas intervenciones se recoge la conversación que mantienen uno de los hermanos con otro procesado, quien supuestamente actuaba como testaferro, en la que este segundo lo aleccionaba sobre cómo tenía que llevar a cabo el lavado de su capital.
El registro de los domicilios
Por otro lado, en la sesión de ayer se solicitó la nulidad de las pruebas derivadas de los registros que se practicaron en los domicilios de tres de los encausados.
Según se explicó, se pudo vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El letrado Rachid Mohamed expuso que en el auto no se especifica quién es el titular de la vivienda ni la relación de los imputados con el domicilio registrado.
La fiscal recoge en su escrito que en esta intervención se hallaron en un armario, envuelto en la ropa, seis billetes de 500 euros, un billete de 200, 11 de 100 y 130 de 50. Estas pruebas hicieron que cobrara fuerza la comisión del delito contra la salud pública por parte de los hermanos.
La siguiente sesión se ha señalado para el 11 de diciembre.
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