Las consecuencias de la operación Santiago-Rusadir continúan su marcha

Seguimos asistiendo durante la semana a las consecuencias derivadas de la operación Santiago-Rusadir, cuya cara pública se conoció a primeros del pasado mes de marzo cuando efectivos de la Policía Nacional realizaron el registro de las viviendas de los exconsejeros de CpM en el Gobierno de Eduardo de Castro. Todos ellos, salvo el viceconsejero Abdelrrahim Hammú, fueron detenidos y puestos a disposición judicial, si bien corrieron distintas suertes: Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed Al-lal ingresaron en prisión preventiva sin fianza; Mustafa Aberchán quedó en la cárcel en Santander mientras que Yonaida Selam pudo pagar una fianza de 5.000 euros, y Cecilia González y Fatima Kaddur están libres con cargos.

Las acusaciones que pesan sobre ellos van desde tráfico de influencias a malversación de fondos pasando por organización criminal, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la contratación pública, entre otros. Se calcula que estarían comprometidos alrededor de 7 millones de euros procedentes de contrataciones menores, que habrían beneficiado a decenas de empresarios "afines" con el fin último de comprar votos para las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

El caso es que esta semana el Consejo de Gobierno ha decidido que la Ciudad Autónoma debe personarse como acusación particular en esta pieza Santiago-Rusadir, que sería una de las cuatro que están abiertas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y la única que, por ahora, tiene levantado el secreto de sumario.

Y en ese sentido se puede añadir también que Vox ha pedido que no se empañe la labor que lleva a cabo la Justicia aludiendo a cuestiones racistas para tratar de justificar el ingreso en prisión de los exconsejeros. Para José Manuel Tasende, se trata de temas objetivos que nada tienen que ver con la religión.

Para cerrar el capítulo semanal de la operación Santiago-Rusadir se debe añadir que en estos días se han conocido las elevadas cifras que se manejan en torno a la responsabilidad civil que se exige a las personas involucradas en lo que se ha venido en calificar como una "organización criminal con mayúsculas". Solo a tres exconsejeros (Bussian, Mohatar y Ahmed Al-Lal) se le imponen más de dos millones de euros.

Cambio de consejeros

Otro de los datos curiosos y significativos de la semana es el cambio de consejeros que se ha producido en el Gobierno. Los afectados son José Ronda y Daniel Ventura, que han intercambiado sus respectivas áreas de gestión. Así, Ronda pasará a ser titular de Seguridad Ciudadana y Ventura lo será de Medio Ambiente. No ha habido muchas explicaciones al respecto más allá de más efectividad.

Sin embargo, a la oposición este cambio le suena raro. Emilio Guerra (CpM) cree que hay un "cambio de imagen, que algo les está fallando y no está funcionando bien". Para la líder del PSOE melillense, Sabrina Moh, se trata de una "burda improvisación" de la Administración que pone de manifiesto la "falta de proyectos e ideas" del Ejecutivo local.

Comunidades

La semana se inició con una importante conmemoración: la del Día Internacional del Pueblo Gitano. Por este motivo se desarrollaron actos institucionales con la comunidad gitana local entre los que, lógicamente, no podía faltar la "ceremonia del río" a través de la que las mujeres lanzan al aire pétalos de rosas como símbolo de libertad y los hombres encienden velas en recuerdo de todas las víctimas gitanas durante el holocausto nazi.

Mientras los gitanos celebraban este importante día en el calendario, la comunidad hindú reivindicaba a la Ciudad Autónoma un nuevo local en condiciones para poder desarrollar sus actividades, dado que el actual apenas si dispone de 40 metros cuadrados.

Atropello

La crónica triste viene de la mano, por su parte, de la agresión que sufrió un vigilante de seguridad de la empresa Sureste en el Hospital Comarcal cuando fue atropellado intencionadamente después de que este empleado hubiese intervenido para sofocar una pelea entre bandas.

El incidente provocó un enorme malestar entre la plantilla de la empresa, que demanda un entorno laboral digno. Las condenas por lo sucedido vinieron inmediatamente después con el pronunciamiento del Ingesa, la propia Sureste y Vox, que exigía un refuerzo en medios para todos los vigilantes de seguridad de la ciudad.