Las claves del auto del ‘caso Arquitecto’

La Fiscalía solicita una pena de 11 años de inhabilitación en cargo público para Miguel Marín

1 Solicitan 11 años de inhabilitación

La Fiscalía de Área de Melilla solicita para Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, ex vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma y exconsejero de Administraciones Públicas, una pena de 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público y también para participar en procesos de “sufragio pasivo” (ser candidato en unas elecciones). En el escrito de acusación del ‘caso Arquitecto’, al que ha tenido acceso El Faro, le hace responsable de pagar las costas judiciales del proceso.

2 Prevaricación administrativa

La Fiscalía considera que Miguel Marín, cuando ejercía sus funciones de consejero de Administraciones Públicas, cometió delito de prevaricación administrativa al contratar a un arquitecto sin respetar el procedimiento que se establece en el reglamento. Estos hechos ocurrieron en el año 2007, entre julio y agosto.

3 El objetivo era “mantener    el puesto de trabajo”

Según el auto de acusación de la Fiscalía de Melilla, al que ha tenido acceso este diario, el objetivo de los hechos que se le imputan a Miguel Marín era “mantener el puesto de trabajo” de un arquitecto que se contrató de forma temporal. Según la acusación, concretaron para ello la extinción del primero de los contratos (realizado para cubrir una baja) para, un día más tarde, realizar otro para cubrir la jubilación de un arquitecto.

4 De una forma “grotesca”

El auto de acusación del Ministerio Fiscal señala que la contratación del arquitecto en cuestión se hizo llevando a cabo un incumplimiento “grotesco” de la normativa aplicable al respecto. En concreto, hace referencia al artículo 9.1 de la orden 24/05/2005.

5 De una vacante por baja a ocupar un puesto por una jubilación

En lo que hace hincapié la Fiscalía de Melilla con el auto de acusación hacia el exconsejero de Administraciones Públicas es en que el arquitecto y la Administración rescindieron un contrato temporal de mutuo acuerdo para, al día siguiente, contratar a la misma persona para ocupar un puesto que se había quedado vacante por jubilación del anterior empleado.

6 Miguel Marín presentará sus argumentos y razonamientos ante el juez

El ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla aseguró ayer mismo en rueda de prensa que presentará, por medio de un escrito, sus argumentos para defenderse de la acusación de la Fiscalía en el ‘caso Arquitecto’. Afirmó que aún no está fijada la fecha para el juicio oral, pero se mostró “tranquilo” ante las acusaciones.

7 Marín se acoge al Consejo de Estado y la sala de lo Social del TSJA

El ex vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma asegura que el Consejo de Estado, por unanimidad, dictaminó que “no existe ningún vicio de nulidad en el proceso administrativo” que supuso la contratación del arquitecto. Por otra parte, hizo referencia a una resolución del Juzgado de lo Social de Melilla en la que, según el presidente de la Autoridad Portuaria, las contrataciones del arquitecto son acordes al Estatuto de los Trabajadores.

8 El Colegio de Arquitectos se aparta de la causa

La semana pasada, el Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla, que estaba personado como acusación particular en el caso, decidió en Junta de Gobierno retirarse del proceso, dado que, según aseguraron en una nota de prensa, éste no tenía que ver con “los intereses de los arquitectos”. Aseguran que, para tomar la decisión, contaron con la recomendación de los servicios jurídicos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.