La versión de los aludidos

N0 están imputados ni mucho menos acusados, pero sus nombres aparecen en el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4. Ese documento justificó y autorizó la entrada  y registro en varias dependencias de la Ciudad Autónoma que tuvo lugar el pasado jueves.
Ayer el ex consejero de Medio Ambiente Ramón Gavilán, su sucesor en el cargo, José Angel Pérez Calabuig, y el ex director general de Gestión Económica de esa misma consejería José Pastor comparecieron ante los medios de comunicación para dar explicaciones. Los tres aportaron datos, mostraron documentos y dieron su versión de los hechos para tratar de despejar las dudas que sobre su patrimonio tienen la juez y los agentes de la Policía Judicial. Sólo faltaron, por parte de Calabuig, aclaraciones a cerca de su participación en determinadas empresas y de la actividad de éstas. Prefirió reservarse para cuando sea llamado a declarar en el juzgado. Está convencido de que la instructora acabará por citarle. Si es así, aún no está claro en calidad de qué prestará declaración. La juez y los agentes de la Policía Judicial todavía deben evaluar el contenido de los documentos retirados durante los registros y eso, como cada vez que la Justicia da un paso, previsiblemente necesitará su tiempo. Habrá que dar la espera por buena si sirve para evitar que la juez dé un patinazo y la instrucción se venga abajo.
Entre tanto, los ciudadanos, menos meticulosos, más rápidos y, tal vez, menos ‘justos’, tenemos ya algunos elementos para empezar a hacernos una idea de qué puede haber de cierto en las sospechas de la titular del Juzgado de Instrucción número 4. Cada uno, con el contenido del auto y las explicaciones de los aludidos en la mano, tenemos varios argumentos para tratar de entrever qué hay de cierto en este asunto, aunque difícilmente podamos emitir una sentencia firme. Desde la perspectiva de unos, quizá falten datos sólidos que permitan mantener las sospechas sobre la actuación de los cargos públicos. Desde la posición de los otros, los recelos de la juez puede que continúen estando justificados. Sin embargo, en lo que sin duda sí habrá unanimidad es en que la imagen de Melilla no ha quedado muy bien parada en este caso. Si las sospechas se transforman en indicios y luego éstos se convierten en pruebas incriminatorias, toda la responsabilidad de la mala imagen que ha proyectado nuestra ciudad recaerá sobre quienes en su momento sean condenados. Y si finalmente no hay base para continuar con la instrucción, las explicaciones debería darlas el responsable de la falta de discreción con la que se ha llevado la investigación en esta última fase. Sabiendo que la justicia en este país es lenta, extremadamente lenta, quienes están encargados de impartirla deben tener especial cuidado de no causar daños colaterales al intentar impartirla. Así ha ocurrido en este caso, donde las sospechas continuarán planeando aún durante mucho tiempo tanto sobre varias instituciones de nuestra ciudad como sobre varios de sus responsables públicos a la esperade  ver hacia dónde se inclina la balanza de la justicia.