La semilla del odio

EL art. 24.2 de la Constitución Española contempla la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Según el Tribunal Supremo "ha dejado de ser un principio del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata". Por lo tanto, a toda persona se le presume su inocencia tras una acusación hasta que no quede demostrada su culpabilidad. Quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad del acusado y por tanto el acusado no tiene que demostrar su inocencia, ya que de ella se parte.

Pues bien, a pesar de ello, de un tiempo a esta parte, justamente desde la llegada del presidente Sánchez al Gobierno, la izquierda de este país y sus aliados secesionistas, que le dan apoyo inquebrantable para mantenerse en el ejecutivo, se han instalado en una indiscriminada presunción de culpabilidad dirigida hacia todo aquél que no acepte de manera resignada las imposiciones de sus principios o de su manera de entender la realidad.

Esta semana, una de las acusaciones más contundentes ha sido la de la inducción de delitos de odio homofóbicos que, a la postre, ha demostrado estar basada en una denuncia falsa. Les da igual. Ellos insisten porque, al fin y a la postre, creen que la calumnia les rinde beneficios electorales, cosa que en estos momentos aparenta no ser así.

De hecho, resulta delirante que, practicando un discurso de odio hacia todos los que no piensan como ellos (PP y VOX), manifiesten alegremente que los discursos del odio, que, lógicamente, ellos atribuyen a todo el mundo menos a ellos mismos, llevan aparejados delitos de odio. Eso lo sostienen a pesar de que, para ello, haya que permanecer ciego y mudo ante los delitos de odio que tienen como objetivo a aquéllos a los que injustificadamente acusan, es decir a los militantes de PP y VOX, víctimas continuas de agresiones verbales y físicas inducidas por sus discursos.

Y es que, en su sectarismo, ciego y feroz, no tienen pudor alguno en culpar a la oposición, es decir, a los que no piensan como ellos, de todos los males de España, los pasados, los presentes y los futuros. Excepción hecha de la Ley de Memoria Histórica, en vías de ser empeorada en su sectarismo ideológico por la Ley de Memoria Democrática, a través de la cual pretenden situar a media España en la posición de herederos de golpistas y genocidas, hay muchos otros casos que impregnan nuestra actualidad.

Al comienzo de los estragos de la pandemia del pasado año, al margen de no reconocer los efectos de la concentración del 8M, calificando de misógino al que tuviese a bien someter la posibilidad de dichos efectos a la consideración pública, invadieron el espacio de la opinión ciudadana con la consigna, falsa por otra parte, de que los efectos de la pandemia se debían a lo que ellos llamaban los recortes del PP. Ni antes ni después de los efectos más hostiles de la pandemia tuvieron inconveniente alguno en manifestar que la sanidad pública y privada españolas son de las más eficaces del mundo, hecho que ha quedado sobradamente demostrado, pero durante el período crítico, todo valía para eludir sus presuntas responsabilidades.

Cuando se pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno para controlar la descomunal subida de la factura de la luz por no cejar en su voracidad recaudatoria y su afán por ser los más ecologistas del mundo, incluso a costa del sacrificio brutal de las clases medias españolas, la culpa es de que Rajoy no hizo los deberes, si bien mantuvo la factura energética en niveles de control que para sí quisieran estos gobernantes que nos han tocado en suerte.

Cuando el líder de la oposición manifiesta ante la Unión Europea los perjuicios a los intereses generales de los españoles a los que este sectario gobierno nos somete, a ellos les basta con acusarle, ni más ni menos, que de traición a España, porque España son ellos, claro. Los demás somos no sé qué.

Cuando la oposición se resiste a la manipulación espuria de la Administración de Justicia por parte de este sectario gobierno, propugnando la despolitización de la justicia, tal como preconiza la Constitución, las asociaciones profesionales de Jueces y la Unión Europea, pues nada, se acuña la consigna de los mil días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y a vivir que son dos días.

A pesar de la absoluta moderación en la presentación de propuestas y en la manifestación de discrepancias por parte de la oposición, incluyendo 11 pactos de Estado que D. “no es no”, simplemente ignoró, el presidente Sánchez comparece ante los suyos para calificarla, pásmense, como la oposición más furibunda de Europa, ni más ni menos.

Y qué decir de las absurdas equiparaciones de este gobierno entre la situación general de las mujeres en España con la que viven en Afganistán. Todo les vale para mantener a esta sufrida sociedad que les padece en la creencia de que todos los males se ciernen sobre ella y sólo ellos son capaces de defenderla de dichos males.

Para ello necesitan, eso sí, personalizar todos esos males en la perversa naturaleza de sus opositores políticos. O lo que es lo mismo, dispersar la semilla del odio.