La Policía Judicial ve responsables a Imbroda y Marín de contratar a un letrado al margen de la ley

El informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha sido ya remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, que ha dictado su exposición razonada para su elevación al Tribunal Supremo

El informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla sobre la contratación de abogados externos por parte de la Ciudad Autónoma, señala al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, y al consejero de Fomento, Miguel Marín, como dos de los posibles responsables de efectuar estas contrataciones, que podrían haber incurrido en una supuesta ilegalidad. El documento, al que ha tenido acceso El Faro, indica que “el presidente es el responsable de haber designado al letrado J.J.O.A. para la dirección de varios procesos judiciales sin constar en el expediente remitido a la Autoridad Judicial que hubiera acuerdo del Consejo de Gobierno”.
Asimismo, el informe de la Policía Judicial responsabiliza a Imbroda “de la designación de este abogado a pesar de existir unos Servicios Jurídicos y un letrado externo contratado por la Ciudad para estos fines, sin constar un informe de necesidad que justificara tal contratación”.
El documento de la investigación, que ya ha sido remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, apunta, además, que supuestamente el máximo dirigente de la Ciudad decretó el abono de varias provisiones de fondos para los procedimientos judiciales “cuando la Ley prohíbe que una Administración Pública adelante fondos públicos para una prestación de servicios”. Asimismo, señala que Imbroda fue “el responsable de haber realizado la contratación de este letrado al margen de la Legislación de Contratación Pública existente en aquel momento”.
En el auto en el que se imputa a la consejera María Antonia Garbín por un presunto delito de prevaricación, se apunta que ha sido dictado la exposición razonada para su elevación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del informe de la Policía Judicial, en el que se responsabiliza a Imbroda y Marín de las contrataciones.
Otro de los posibles responsables de la contratación del abogado externo J.J.O.A. es, según el documento elaborado por la Policía Judicial, el consejero de Fomento, Miguel Marín. En el texto se indica que Marín fue quien supuestamente solicitó por escrito al presidente de la Ciudad el abono de varias minutas presentadas por el letrado, “sin existir expediente de contratación, vulnerando la Ley de Contratos de la  Administración Pública, no constando informe de necesidad del gasto a pesar de tener servicios jurídicos y un letrado ya contratado para tales fines”.
Además de Imbroda y Marín, en el informe también se señalan otros posibles responsables de la contratación de este abogado. Se trata de un consejero sin identificar, el tesorero de la Ciudad, el interventor, el graduado social adjunto jefe de Sección de Función Pública, la consejera de Recursos Humanos, un cargo público o empleado sin identificar y el secretario técnico de la Consejería de Medio Ambiente.

Las conclusiones
Entre las conclusiones del documento elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla se indica que la Ciudad obstaculizó las investigaciones que se realizaban desde su inicio. Asimismo, apuntan que la contratación del letrado J.J.O.A. se efectuó al margen de la ley de Contratación de las Administraciones Públicas.
Por otra parte, el informe hace referencia al hecho de que entre los documentos remitidos a la Autoridad Judicial sobre los expedientes de las contrataciones de este abogado no hay ningún acuerdo de Consejo de Gobierno designando a este letrado, “por lo que se entiende que es el presidente de la Ciudad quien lo designa”. Además, apunta que se realiza la contratación de abogados externos sin justificar el motivo de externalizar dicha contratación.
La investigación realizada por la Policía Judicial surge a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libre de Abogados de Melilla en la que reseñaba las posibles irregularidades cometidas por la Ciudad Autónoma en las contrataciones de letrados externos para su representación no cumpliendo con las disposiciones legales vigentes sobre contratación pública.

La Asociación de Abogados defiende la profesión

La investigación iniciada por la Policía Judicial se abrió a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Libre de Abogados de Melilla. El presidente de dicha Asociación, José Miguel Pérez, aseguró ayer en declaraciones a  El Faro que lo que ellos hicieron su momento fue  poner en conocimiento de la Justicia unos hechos “con apariencia de delito” de los que tuvo conocimiento a través de un letrado de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. “Puesto que uno de los fines de la asociación es el de cuidar el ejercicio profesional de la Abogacía, el cual se veía gravemente dañado de ser ciertos los hechos relatados, se actuó en defensa de la profesión”, explicaron. No obstante, Pérez no informa sobre el proceso judicial por respeto a la presunción de inocencia. Aseguró que por norma general no suelen hablar de casos que se encuentran en proceso de instrucción.