La organización pedía conseguir los 8.000 votos como fuera

La organización criminal constituida por CpM se quedó sin poder depositar 8.000 votos en Correos, a juzgar por las conversaciones captadas por la Policía Nacional en el marco de la operación Santiago- Rusadir que investiga el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.

El atestado policial demuestra cómo a través de mensajes de chats y de los “interlocutores” que el partido utilizaba de cara a la jornada electoral del 28 de mayo de 2023, el director de la campaña, Abdelrahem Selam se reclama la recuperación de esos 8.000 votos que, según señalan los investigadores, “ya no están en manos del elector”.

Estos consideran que esos miles de votos ya habían sido “comprados” por lo que la cúpula de la organización criminal dio orden de “recuperar el mayor número de votos por correo posible” y de “convencer al votante que debía acudir a depositar su voto” haciendo “un último esfuezo” por el partido.

De hecho esos 8.000 electores habían perdido la posibilidad de acudir a las urnas a introducir su papeleta por cuanto que la ley establece que, una vez se ha solicitado el voto por correo, queda fuera de los censos que se manejan en las mesas electorales.

“El mensaje es inequívoco: pretende motivar a los suyos, convencerles de que esa recuperación depende la victoria en las elecciones”, apunta el atestado.

Por eso urge a “salir a la calle” para recuperar esos votos a través de la persona que se lo habría comprado o viceversa con el fin de que el elector pudiera depositar la papeleta en Correos.

Cómo lo sabía

Y los investigadores se preguntan llegado este punto cómo Abderahem Selam sabía que esos 8.000 votos desaparecidos eran todos para CpM. “La respuesta es sencilla y obvia: los que han introducido el sentido del voto en el sobre, directa o indirectamente, son los integrantes de la organización criminal”.

El mensaje del director de campaña de CpM a los suyos es claro. “Y si de esos 8.000 votos somos capaces de forma legal, moral y honrada de menter más votos de CpM en las urnas que ellos, os garantizo que ganaremos las elecciones. Sé que es un trabajo de hormiga pero hay que hacerlo. Este es ahora el principal y único objetivo y para cumplirlo tenemos cinco días. Centrad el tiro por favor”, dice textualmente a los suyos.

Además, CpM no solo se conformaba con obtener una mayoría absoluta en la Ciudad Autónoma a través de la compra de votos por correo sino que, además, pretendía ir más allá y “asaltar” el Senado y el Congreso, cuyas elecciones se preveían para finales de 2023, si bien finalmente el presidente del Gobiero, Pedro Sánchez, las adelantó al mes de julio.

“El objetivo del líder de la organización (Mustafa Aberchán) iba más allá, dado que como se encontraba inhabilitdo hasta septiembre de 2023, no podía presentarse a las elecciones siendo entonces su otro objetivo, con los recursos ingentes del presupuesto de la Ciudad Autónoma, si las previsiones se hubiesen cumplido, podría haber ‘asaltado’ las elecciones al Congreso y al Senado de finales de 2023, antes del adelanto electoral”.

Entramado de empresas

Los 291 contratos públicos presuntamente fraudulentos que sirvieron supuestamente para la compra de votos fueron repartidos entre un total de 25 empresas, si bien algunas se vieron mucho más beneficiadas que otras, no solo en el número de encargos sino también en las cantidades percibidas. Es el caso de Karim T.M que obtuvo 425.075 euros en un total de 16 contratos o de Salah-Adine N.E.B que recibió 396.880 euros en otros 15.

El total de lo gastado en esos contratos menores de obras y servicios supera los 6,1 millones de euros, tal y como consta en el atestado policial.

Fuentes cercanas al caso han indicado, asimismo, que en varias ocasiones es una única persona la que recibe el dinero a través de hasta tres empresas distintas, todas ellas beneficiadas por esos contratos menores que provenían en su totalidad de las consejerías gestionadas por CpM.

Y un detalle muy significativo de la impunidad en que se creía actuar la organización criminal es que los investigadores califican en algunos casos como “burdas” las “ilegalidades, irregularidades y falsedades contenidas en varios de los contratos”. Ello vendría a indicar “la poca pericia delictiva” de los investigados.

Entre las características propias de esta organización criminal también se sitúa el hecho de que se crearan empresas únicamente con el objetivo de obtener adjudicaciones públicas.

“Se ha podido contrastar el nacimiento de sociedades, empresas y asociaciones que han visto la luz con el único objetivo de contratar con la Administración o recibir cuantiosas subvenciones públicas, donde sus adminitradores y representantes, en muchos casos, eran familiares directos de los principales líderes de la formación política CpM”, explica el atestado.

Éste ofrece hasta veinte ejemplos de cómo la gente de la organización intimidaba y amenaza con violencia a quienes no quisieran seguir sus órdenes.