Un total de 13 personas se encuentran actualmente investigadas en el marco de la operación Santiago-Rusadir sobre delitos relacionados con la corrupción que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, de las cuales cinco están en prisión provisional, comunicada y sin fianza, una en libertad bajo fianza y siete en libertad provisional.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que las personas que están actualmente en prisión son el presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, que se encuentra en Santander, donde fue detenido; y los exconsejeros del anterior Gobierno de Melilla Hassan Mohatar, Dunia Almansouri, Rachid Bussian y Mohamed Ahmed, éste último en Granada. Estos dos deberán ser conducidos a la ciudad seguramente acompañados por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando así lo estime la juez.
Por su parte, la exviceconsejera Yonaida Sellam se encuentra en libertad tras haber abonado la fianza de 5.000 euros que estableció la jueza encargada del caso tras prestar declaración.
Los siete detenidos restantes en el marco de esta operación, entre ellos la exconsejera Cecilia González, se encuentran en libertad provisional. Su compañera de partido y exviceconsejera del Mayor, Fatima Kaddur, por su parte, se encuentra también en libertad pero a ella sí se le decretaron medidas cautelares, como la comparecencia en el juzgado cada quince días.
Esta operación desplegada es continuación de la desarrollada en mayo del año pasado por el caso de la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales del 28M. La policía investiga en ese sentido presuntos delitos de organización o grupo criminal, fraude en contratos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencia, falsedad en documento y malversación de fondos.
Las primeras pesquisas que se hicieron públicas se conocieron en mayo de 2023 pero el alcance fue mucho menor del que se ha producido en esta ocasión. Entonces sólo uno de los investigados tenía relevancia pública. Se trataba de Mohamed Ahmed Al-Lal, titular de Distritos, que llegó al juzgado acompañado de su abogado y allí mismo se procedió a su detención antes de que se negara a declarar ante la juez al estar secretas las investigaciones. Poco después era puesto en libertad.
A lo largo de este jueves, por su parte, los policías de la operación Santiago-Rusadir procedieron a la entrada y registro de los domicilios de entre seis y siete empresarios más a los que se vincula con la trama como posibles beneficiarios de contratos. Todos ellos fueron detenidos y conducidos a dependencias de la Jefatura Superior antes de ser puestos a disposición de la juez instructora.
Según explican fuentes cercanas a la investigación, estos empresarios locales, algunos propietarios de empresas muy conocidas, se dedican prácticamente al completo al sector de la construcción y los servicios. En ese sentido, se cree que serían los concesionarios de un número indeterminado de contratos menores, cada uno de ellos no superior en la mayoría de las ocasiones a los 40.000 euros.
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