La ONU exige a España que investigue la muerte de un inmigrante en alta mar

Los hechos ocurrieron en Ceuta en 2007, cuando presuntamente se negó auxilio a un senegalés · La Delegación del Gobierno de Melilla defiende el protocolo a seguir cuando se interceptan a personas que intentan entrar ilegalmente en la ciudad por vía marítima.

El Comité de Tortura de la ONU determinó este martes que España violó la convención internacional en los hechos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta en septiembre de 2007, cuando, según una denuncia presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) la Guardia Civil pinchó el bote salvavidas que utilizaba un grupo de inmigrantes senegaleses para llegar a la costa española, acto que concluyó con la muerte de uno de ellos ahogado.
La resolución de la ONU, que exige a España que efectúe una investigación al respecto y califica lo ocurrido de “inhumano y cruel” hace surgir varias dudas en torno al protocolo de actuación que debe seguir la Benemérita a la hora de interceptar en el mar las embarcaciones de inmigrantes que pretenden entrar en territorio nacional de manera irregular.
En 2011, 1.900 inmigrantes llegaron a Melilla empleando métodos ilegales. A partir de mayo del mismo año, la mayor parte de las entradas se produjeron por vía marítima, bien utilizando embarcaciones hinchables de juguete o incluso a nado.
En vista de que lo ocurrido en Ceuta podría sentar un precedente en el modus operandi de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se interceptan inmigrantes que pretenden llegar a España por vía marítima, El Faro se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en Melilla y con la asociación humanitaria Prodein para conocer la versión oficial y la oficiosa sobre cómo se actúa en el litoral de la ciudad autónoma cuando se detecta un intento de entrada por mar.
Hay que recalcar que ambas partes coincidieron en dos puntos: En primer lugar, tanto Delegación como la ONG subrayaron que este tipo de situaciones son complicadas de tratar tanto en Melilla como en Ceuta, por la proximidad de ambas a Marruecos y la definición de los límites de las aguas territoriales del ambos países. Asimismo, también señalaron que, en cualquier caso, siempre ha de prevalecer el principio de auxilio a la hora de actuar.
Según las fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por este periódico, cada intento de entrada tiene sus matices, y en el protocolo de actuación de la Guardia Civil se conjuga el objetivo de impedir el acceso a territorio español y el deber de ayudar a los inmigrantes si se encuentran en situación de peligro.
Este es uno de los principales motivos por los que desde mayo de 2011 se incrementó notablemente el número de llegadas por mar, pues la mayor parte de las embarcaciones interceptadas por las patrulleras de la Benemérita solían encontrarse muy deterioradas, con el consiguiente peligro para sus ocupantes de que esta se hundiera, por lo que los agentes se veían obligados a remolcarlas hasta tierra firme.
No obstante, cuando no ha habido indicios de que los inmigrantes corrieran peligro alguno y todavía no habían llegado a aguas españolas, se les instaba a dar la vuelta y volver a Marruecos, requiriendo en ocasiones la colaboración de las fuerzas del orden del país vecino para que llegaran sin problemas a la costa.

Límites sin definir

A esto también hay que añadir la peculiar situación geográfica de Melilla y el reconocimiento de sus aguas jurisdiccionales por parte de Marruecos, que no siempre ha aceptado los límites definidos por España. Esta situación, genera una suerte de vacío legal en la zona en la que no está claro que cuerpo policial debe actuar.
Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno insistieron en que el principio de auxilio prevalece cada vez que hay alguna situación en la que las personas que intentan acceder a España corren serio peligro. Esto, unido a la misión de la Guardia Civil de luchar contra la inmigración irregular, hace que cada intervención cuente con sus propias peculiaridades, aunque siempre se actúa “aunando el deber con lo humano”.
En cuanto a lo ocurrido en Ceuta en 2007, desde Delegación optaron por no pronunciarse al respecto, aunque destacaron que lo de pinchar las embarcaciones de los inmigrantes (acusación realizada por CEAR en la denuncia) no está contemplado en ningún protocolo de actuación de la Benemérita y es una práctica que nunca se ha realizado en Melilla.

Por otro lado, el máximo dirigente de la ONG Prodein, José Palazón Osma, se pronunció sobre esta problemática en unos términos muy similares, aunque en su opinión los agentes de la Guardia Civil deberían actuar velando por la seguridad de los inmigrantes en todos los casos, aunque no haya indicios claros de que corren peligro.
“Cuando se intercepta a un inmigrante en el mar, ya vaya a nado o en una embarcación, se le debe recoger para garantizar su integridad física”, afirmó Palazón, quien aseguró que es una práctica habitual que la Guardia Civil ordene a las personas que intentan entrar en España que vuelvan a Marruecos, aunque se encuentren en aguas españolas.
“Es algo que debería erradicarse de inmediato”, agregó el dirigente de Prodein. “En Melilla nunca ha ocurrido una desgracia, pero cualquier día podría pasar lo mismo que en Ceuta. No es nada raro que cuando los inmigrantes se acercan a la costa de Melilla nadando les obliguen a dar la vuelta sin recogerlos, es algo inhumano”, agregó.
Además, destacó que existe cierta confusión en torno a qué cuerpo policial debe actuar cuando se estrecha la franja que separa las aguas de España de las de Marruecos, lo que complica aún más la situación. Así pues, concluyó que en cualquier caso los inmigrantes deben recibir la ayuda de la Guardia Civil. “Por desgracia, cuando la presión migratoria es muy elevada todo vale para evitar las entradas”, sentenció.

Lauding Sonko advirtió que no sabía nadar.

El pasado martes, la ONU determinó que España había quebrantado la convención internacional por los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés en Ceuta, a quien la Guardia Civil pinchó su salvavidas cuando intentaba entrar en España, lo que provocó que se ahogara al no saber nadar.
Los hechos ocurrieron en la noche del 25 a 26 de septiembre del 2007 frente a las costas de Ceuta, cuando una embarcación de la Guardia Civil, con tres agentes, interceptó a cuatro subsaharianos (tres hombres y una mujer) que intentaban acceder a nado a la ciudad, procedentes de Marruecos.
Según la denuncia, la Guardia Civil los subió a bordo, los trasladó a aguas jurisdiccionales de Marruecos, les pinchó los salvavidas y les obligó a arrojarse al mar, pese a que uno de ellos, un senegalés de 29 años de nombre Lauding Sonko, “se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar”.
Cuando la Guardia Civil se percató de que tenía dificultades para llegar a la orilla, un agente se tiró al agua y, una vez en tierra, empezó a hacerle un masaje cardiaco, pese a lo cual falleció y fue enterrado en el cementerio de Santa Catalina, sin identificación.
La denuncia fue presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), cuyo abogado, el sevillano Alberto Revuelta,informó el martes de que la resolución considera demostrado que los hechos suponen una vulneración del Artículo 16 de la Convención contra la Tortura en cuanto constituyen un “trato cruel, inhumano y degradante”.
Por ello, la ONU ha ordenado  que el Estado español “efectúe una investigación adecuada e imparcial de los hechos, persiga y condene a las personas responsables y conceda una "reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del señor Sonko.
“El Estado español debe proceder a una investigación pronta y completa, siempre que haya indicios de actos que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes”, añade la resolución.
España argumentó que estos hechos fueron investigados y archivados por un juzgado de Ceuta, pero el Comité dice que el Estado español “debe explicar las circunstancias de la muerte” del inmigrante, pues “con independencia del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado su flotador o a que distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaron la muerte”.
Además, el Comité considera que la Guardia Civil impuso al senegalés “sufrimiento físico y mental antes de su muerte, agravada por su particular vulnerabilidad como inmigrante”.