La Justicia investiga posibles delitos de agentes marroquíes y de la Guardia Civil en la valla

El Juzgado de Instrucción nº2 admite la querella de SOS Racismo, Andalucía Acoge y Prodein por las agresiones a inmigrantes en el intento de salto del 18 de junio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha admitido a trámite la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, por la que se investigará la actuación de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y de la Guardia Civil en el intento de salto a la valla del pasado 18 de junio. Durante el suceso, denuncian estas ONGs, se produjeron agresiones y la vulneración de derechos fundamentales de los inmigrantes por parte de militares marroquíes en presencia de agentes de la Benemérita.
En el auto, conocido ayer, el titular del juzgado, Emilio Lamo de Espinosa, ordena la apertura de diligencias para determinar si se cometieron o no delitos contra los derechos individuales, de lesiones, trato degradante, coacciones, contra el deber de impedir la comisión de un delito y prevaricación.
El juez también ordena a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla que realice un informe en el que “identifique a los agentes que estuvieron en el dispositivo desplazado el día 18 de junio en la valla fronteriza con ocasión del asalto ocurrido, así como quién o quiénes eran los responsables de dicho dispositivo”. Concretamente, en el informe la Guardia Civil debe incluir “el protocolo de actuación seguido ese día y las órdenes concretas que recibieron los agentes actuantes acerca de la manera de proceder con los inmigrantes” y la identificación de los guardias civiles que aparecen en el vídeo aportado en la querella, “tanto en el momento en el que se aprecia a un miembro de las Fuerzas Auxiliares marroquíes golpear a un inmigrante como en el dispositivo formado para que los inmigrantes pasaran por la puerta de la doble valla hacia Marruecos”.
Lamo de Espinosa también ordena la identificación de los militares y gendarmes marroquíes que aparecen en el vídeo a través de una comisión rogatoria a Marruecos y solicita la declaración en calidad de testigos de los fotoperiodistas que grabaron las imágenes contenidas en el vídeo.
Además, las ONGs que presentaron la querella deberán abonar en el plazo de 10 días una fianza de 3.000 euros para cumplir los requisitos legales exigidos a la acción popular, con la que pretenden ser parte en el proceso judicial que se inicia. El Ministerio Fiscal también deberá pronunciarse sobre el auto, que no es firme, para que incluya, en su caso, las diligencias de investigación “que tenga por conveniente”.

La grabación de las agresiones
En el auto, el juez de Instrucción número 2 admite como prueba documental el vídeo aportado por las ONGs querellantes en el que durante, al menos, 48 minutos se recogen las imágenes del intento de asalto a la valla por parte de un grupo de 400 inmigrantes en la madrugada del 18 de junio en las inmediaciones del puesto fronterizo de Mariguari. Ese día, la Delegación del Gobierno informó de que ninguno de los inmigrantes consiguió acceder a la ciudad.
Lamo de Espinosa destaca fragmentos del vídeo filmado en la frontera en el que “se observa cómo Fuerzas Auxiliares marroquíes, dentro del territorio nacional (pues tras ellos se ve la valla de delimitación del territorio español) apalean a un inmigrante”.  “Al comienzo de la grabación se observa en el margen derecho la presencia de un coche de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, que se identifica por una luz superior azul, a menos de 15 metros, sin que intervengan para detener esa actuación”, añade.
Por último, el juez detalla que “un grupo de inmigrantes que ya se encontraba en la zona entre las dos últimas vallas, es conducido hacia Marruecos por Fuerzas marroquíes (que estaban dentro de territorio español) y por guardias civiles, por una puerta en la doble valla”. “Igual acción se observa dentro del territorio nacional, actuando las fuerzas marroquíes incluso con personas heridas”.

Las ONGs que firman la querella, satisfechas

Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein valoraron ayer en un comunicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla vaya a investigar las “palizas y las expulsiones en caliente de inmigrantes” en la valla de Melilla en el intento de asalto del pasado 18 de junio, al admitir a trámite el juez titular la querella que presentaron. Destacaron la importancia de que la Justicia determine si se ha cometido delito en la acción de agentes de la Guardia Civil y de la Policía marroquí, algo que ha sido posible gracias al vídeo grabado el pasado 18 de junio en la valla. Este documento audiovisual ha sido la principal prueba para que la querella haya sido admitida y se investiguen delitos contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito, lesiones, trato degradante, coacciones, y prevaricación, según el auto del juez.
El coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, señaló que “las violaciones de derechos en la valla de Melilla, de las leyes españolas y de la normativa europea son sistemáticas”, aunque el contar con un vídeo supone una “pieza clave”. “Teníamos testimonios, conocíamos casos anteriores que podrían ser constitutivos de delito, pero las imágenes hablan solas”, puntualiza Mikel Mazkiaran, de la Federación de SOS Racismo. Para el presidente de Prodein, José Palazón, una de las oenegés más activas de Melilla en la defensa de los inmigrantes, esta querella abre un importante precedente en España y Europa, porque “permitirá aclarar lo que es legal o no en el proceder de las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes”. “España y Europa no pueden permitirse otra acción al margen de la legalidad, del respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales”, afirma Palazón.