La Guardia Civil insta a AUGC a acudir a la Justicia por las subvenciones a Aprogc

La Asociación Unificada preguntó a la Dirección General por los 4.150 € para costear festividades.

La Dirección General de la Guardia Civil cree que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) debería “poner una denuncia” si considera o tiene indicios de que la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha recibido subvenciones por vías no permitidas por la normativa de financiación de organizaciones profesionales de la Benemérita. Así lo expresaron ayer desde el gabinete de prensa del Instituto Armado a El Faro.
Hay que recordar que, tal y como publicó este diario el pasado 14 de marzo, el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del 16 de febrero del presente año recoge que Aprogc recibió de la Consejería de Cultura y Festejos un total de 4.157,05 euros para sufragar la organización de diferentes festividades como Navidad, Halloween, Carnaval o el Día de La Legión.

Dirección General
Por otro lado, tal y como expone AUGC en un comunicado en su página web, desde esta asociación, mayoritaria dentro del Cuerpo, han preguntado a la Dirección General por dichas subvenciones y si están recibidas atendiendo a la normativa (recogida en el BOE número 254 del 23 de octubre de 2007 artículo 37). Esta entidad lamenta que, en la respuesta, el organismo alegue desconocimiento y “eluda responsabilidades”.
En declaraciones a El Faro, además, la Dirección General se pronunció en similares términos, asegurando que no tienen constancia de ninguna partida que reciba Aprogc. La Asociación Unificada, asimismo, habla de “opacidad” por parte del organismo al tratar este asunto.

Sólo del Estado
Sobre este tema, hay que recordar que, según la normativa a la que hacen referencia desde la AUGC, “la percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, es decir, que no pueden obtener ayudas municipales o autonómicas, como sería el caso de Aprogc con el Gobierno melillense.
También hay que indicar que, según el portavoz nacional de AUGC, Juan Fernández, no se pueden achacar responsabilidades a la Ciudad Autónoma, puesto que son las asociaciones profesionales de guardias civiles, como Aprogc, las que tienen que saber cómo y mediante qué mecanismos pueden financiarse. La Administración, por tanto, se limita a establecer unos requisitos, pero no tiene que conocer las normativas específicas de cada clase de organización.
También cabe resaltar que cuando El Faro se puso en contacto con Aprogc por este asunto, desde la dirección nacional negaron tajantemente la recepción de dichas subvenciones. Posteriormente, afirmaron que no querían hacer declaraciones sobre este tema, por lo que quisieron “anular” sus palabras.

Sanción de Hacienda o expediente

La dirección nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha preguntado a la Dirección General de la Benemérita sobre las subvenciones recibidas supuestamente de forma irregular por la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc). Esta cuestión, a la que han tenido como respuesta que no constan dichas partidas, responde a que, según afirma AUGC haciendo referencia al Boletín Oficial del Estado (BOE) número 254 del 23 de octubre de 2007, las organizaciones profesionales de este Cuerpo sólo pueden recibir ayudas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
La Asociación Unificada indicó también a El Faro el pasado mes de marzo que existen mecanismos en el seno del Instituto Armado para penalizar este tipo de hechos, como los expedientes disciplinarios.
También, según el integrante de AUGC, el Ministerio de Hacienda puede poner en marcha la maquinaria ante un hecho que podría ser concebido como financiación irregular. Se podría, por tanto, imponer una multa a esta entidad.
Hay que destacar que, según Fernández, una vía no tiene por qué excluir a la otra, por lo que la penalización podría incluso llegar por dos caminos.
Desde la Asociación Unificada explicaron a El Faro que si no se permite que este tipo de organizaciones reciban ayudas de ayuntamientos, autonomías o firmas privadas es para evitar vinculaciones por parte de estas entidades con las administraciones o empresas interesadas en tener determinada influencia.