La gestión de los residuos y de los espacios verdes enfrenta a PP y CpM

Después del ya tradicional minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género, el pleno de este lunes en la Asamblea ha comenzado con una propuesta de la Mesa de la Asamblea, que ha presidido Dunia Almansouri, para añadir un punto al orden del día previsto: la expropiación de terrenos para la ampliación del cementerio musulmán.

Tras presentar, por parte del Partido Popular (PP), Miguel Marín su oposición porque, según él, era preciso resolver primero las cuestiones relativas a la titularidad de la finca ya que no se trataba de un asunto “urgente”, se ha aprobado su inclusión con los votos a favor del PSOE y de CpM y el voto en contra de Vox, 11 a 10 en total. Todo ello después de un breve intercambio de pareceres entre Marín y Almansouri, quien le ha recordado que tan sólo se estaba debatiendo su inclusión y que él podría, más tarde, presentar todas las alegaciones que le parecieran pertinentes.

Entre los ausentes en el pleno, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, de Mohamed Mohand por el PSOE, de Esther Donoso por el PP y del diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy.

Como no se ha aprobado el acta de la sesión anterior por no haber “tiempo material” para ello, el pleno ha comenzado, en realidad, con lo que era el primer punto del día, la modificación del presupuesto de la encomienda de gestión de residuos y actividades relacionadas con el medio ambiente para los años 2024, 2025, 2026 y 2026 y la modificación de la encomienda de gestión entre la Ciudad Autónoma y Residuos de Melilla para la gestión de dichos residuos.

Se trata de un asunto que pasó por la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que emitió un dictamen favorable por unanimidad y para el que el Partido Popular (PP) ha mantenido su voto favorable, no sin ciertas objeciones referentes a las tarifas. Además, Quevedo ha opuesto que supondría pagar a Remesa un millón de euros fuera de los Presupuestos Generales de la Ciudad de 2023.

Frente a ello, el consejero del área, Hassan Mohatar, ha contestado que, por ley, cada dos años se hace una actualización de las tarifas, por lo que es la única forma de que los ciudadanos conozcas las correspondientes a 2021 y 2022. Así, pese al “desfase” con lo que se tenía presupuestado para esos años –que él no cree que llegue al millón de euros-, es “obligación” del Gobierno autonómico hacer estos reajustes. Además, ha añadido, sirve para recalcular los datos correspondientes a 2024, 2025, 2026 y 2027, último año del actual contrato.

Quevedo le ha respondido que el millón de euros “lo confirmó el técnico en la comisión”, porque se lo preguntó él mismo, pero, según Mohatar, en realidad no hacía falta mucho debate, porque unos años Remesa da pérdidas y otros, beneficios, aunque, por ley, estos no pueden superar el cuatro por ciento.

Finalmente, todos los diputados presentes han votado a favor de la modificación del presupuesto, a falta de saber la cantidad exacta.

Espacios verdes

A continuación, se ha tratado la modificación del contrato de servicios y conservación y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado urbano tras su aprobación en la comisión de medio ambiente con el voto en contra del PP.

En este punto, Quevedo ha mantenido la oposición de su Grupo por considerarlo “totalmente innecesario”, ya que un incremento de 12 personas es “más de un 11 por ciento” y, además, ya en el contrato de 2018 pasó de 94 personas a 108 por parte del PP. El diputado popular cree que la “excusa” para añadir a esos 12 “peones” de que ahora se usa más Rostrogordo por el cierre de la frontera “no responde a la realidad”. Además, Quevedo mantiene que, en la modificación del contrato existente, “hay precios que están un 40 por ciento por encima”, por lo que es “ilegal”, ya que los precios deben mantenerse. Incluso considera que hay “operaciones erróneas” y que, como mucho, harían falta nueve trabajadores, a quienes además se paga un 48 por ciento más de lo estipulado. Con ello, el coste de esas 12 personas aumenta para la Ciudad de 322.000 euros a 477.000 euros, casi la mitad más que lo que costaban en 2021. “Es algo fuera de lugar e irregular y nos parecen innecesarias 12 personas más y un incremento de casi 500.000 euros al año”, ha indicado.

“En concreto, nos cuestan un 48 por ciento más esas 12 personas en 2023 que lo que nos costaban en 2021”, ha reiterado Quevedo, quien ha advertido de que la actuación “no se ajusta a la legalidad según la ley de contratación del sector público”, ni por el número de personas ni por el precio.

“Usted vende la película como usted piensa que va la película”, le ha respondido Mohatar, quien ha recordado, para empezar, que cuenta con un informe de legalidad. Pero, lo más importante, una de las seis zonas en que está dividida la ciudad cuenta con el 72 por ciento de las zonas verdes (D) de la ciudad y sólo dos limpiezas a la semana. Como ahora, según Mohatar, los ciudadanos salen menos a Marruecos y usan más el barranco del Nano, Aguadú o los pinares de Rostrogordo, parece lógico que necesiten más cuidado. “Simplemente es cambiar de zona D a zona B, que significa que tiene cuidado cinco días a la semana” y más cuidado equivale a más personal, ha dicho.

También influye, ha añadido el consejero, el millón de euros que la Ciudad ha invertido en senderos, zonas verdes y mobiliario urbano en esas zonas y “todo eso necesita de un cuidado diario”. A ello cabe añadir los más de dos millones de euros que próximamente ha anunciado Mohatar que se invertirán en el barranco de Cabrerizas para un parque periurbano de más de 60.000 metros cuadrados.

“Yo creo que es una buena noticia para los melillenses, con más zonas verdes y de esparcimiento, y todo eso necesita un mantenimiento”, ha abundado.

“Tiene un informe de legalidad y un informe de necesidad”, ha informado Mohatar, quien ha cifrado la modificación del contrato en el 3,8 por ciento.

A continuación, y en referencia a los salarios, Mohatar cree que Quevedo se estaba metiendo “en un charco” porque lo que decía equivalía a pensar que los trabajadores cobraban demasiado, cuando lo hacen según convenio.

Pese a todo, Quevedo ha insistido en que ese 48 por ciento de más iba directamente a la empresa y que los trabajadores iban a cobrar lo mismo. Por lo tanto, el diputado del PP ha dicho que sí, que los trabajadores cobrarían según convenio, pero que a la empresa había que pagarle según contrato, además de insistir en que eran nueve y no 12 los que hacían falta. Mohatar ha recalcado, empero, que la empresa va a cobrar lo que se fijó en su momento.

Finalmente, la votación se ha resuelto 11 a 10, con los votos a favor de PSOE y CpM y en contra, de PP y Vox.

“Ni de coña”

Más tarde ha llegado la votación inesperada del día, sobre la expropiación de 12.000 metros cuadrados para ampliar el cementerio musulmán, en el que la discusión ya se ha centrado entre Quevedo, por parte del PP, y el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian.

Ha sido en este punto cuando ha llegado el momento más curioso de la sesión, cuando el dirigente popular le ha reprochado al diputado de CpM que, “si fuera su dinero, no lo haría ni de coña”.