La Fiscalía pone a Melilla como ejemplo para cambiar la Ley del voto por correo

La Memoria Anual del 2011 apunta a una laguna legal, al no tener que enseñar el votante su DNI en Correos cuando envía el sobre, y señala que ésta propició la trama del 2008.

La Fiscalía General del Estado ha propuesto modificar la Ley de Régimen Electoral General al detectar una “laguna legal” en lo relativo al voto por correo, caso en el que la norma no establece que el funcionario del servicio de cartería deba exigir la exhibición de un documento que acredite la identidad del que le entrega el sobre con la papeleta.
Esta recomendación, incluida en la Memoria Anual relativa al año 2011, hace referencia explícita al caso del voto por correo que tuvo lugar en Melilla durante las elecciones generales de marzo de 2008. “Esta laguna legal dio lugar a que en la ciudad autónoma se formara un entramado conformado por distintas personas que consiguieron la obtención ilícita de votos a favor de una coalición formada por dos grupos políticos, mediante el ofrecimiento de un trabajo en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno a cambio de su voto por correo”, reza la Memoria de la Fiscalía.
En el texto, presentado con motivo de la apertura del Año Judicial, la Fiscalía reclama un cambio en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) respecto al derecho a emitir el voto por correo.
La Ley indica que, en caso de querer ejercer este derecho democrático en dicha modalidad, el elector, previa solicitud de un certificado en el Censo, el cual debe tramitarse a través de Correos previa exhibición del Documento Nacional de Identidad (DNI), reciba a través de la Oficina del Censo Electoral por correo certificado, en el domicilio designado por el votante las papeletas y un sobre en el que figura la dirección de la Mesa donde le corresponda votar.
Una vez el interesado haya escogido su papeleta de voto, la introducirá en el sobre dirigido, junto al certificado del Censo, y lo enviará a la Mesa de votación. La “laguna”, según la Fiscalía, se da cuando el votante se dispone a enviar el sobre, ya que en ningún punto de la Ley queda expresado que sea necesario mostrar el DNI el funcionario de Correos, “por lo que cualquier persona diferente a aquella que pretende ejercer el derecho al voto puede hacer entrega de dicho sobre con el sufragio ya emitido”.
Como ejemplo de la utilización con mala fe que alguien puede llevar a cabo aprovechándose de este resquicio legal, la Fiscalía no ha dudado en apuntar al caso producido en elecciones generales del 2008 en la ciudad autónoma, que actualmente está investigando el Juzgado Número 4 de Melilla y en el que ya hay más de 30 personas imputadas, entre ellas varios trabajadores de Correos acusados de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
De cumplirse la recomendación realizada, dicha laguna quedaría solventada.

La presunta  compra de votos en 2008, caso abierto.

La Fiscalía General del Estado apuntó ayer directamente al conocido como ‘caso del voto por correo’, que tuvo lugar durante las elecciones generales de 2008 en Melilla, para solicitar que se subsane la laguna legal que presenta la ley que regula dicha modalidad de sufragio.
Hay que recordar que la presunta compra de votos por parte de la coalición formada por PSOE y CpM durante dichos comicios es un caso que aún está en el juzgado. Ya hay más de 30 imputados por esta trama, entre ellos la cúpula mayor de ambas formaciones políticas durante dichas elecciones, dos delegados del Gobierno y varios trabajadores de Correos, incluidos dos jefes del servicio de cartería. Estos últimos están acusados de presuntos delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.
En el auto judicial se señala que para ejecutar el plan, fue necesaria la realización  de “ciertas actividades ilegales” en la sede de Correos de Melilla, anteriormente situada en la calle Pablo Vallescá.
Por otro lado, a raíz del testimonio ofrecido por el personal de Correos hasta la fecha, se subraya en el texto que personas ajenas a dicha empresa tenían acceso “a lugares no permitidos del edificio de servicio postal”.
En definitiva, se recalca que existen claros indicios de que se desvió documentación electoral de manera ilegal, especialmente la referente a votantes que creían que con la solicitud del voto por correo ya habían terminado de ejercer su derecho al sufragio.
En opinión de la Fiscalía, este es el ejemplo que mejor explica la laguna legal de la Ley Orgánica 5/1985