La Fiscalía andaluza vincula la llegada de ‘niños ancla’ con las redes de prostitución

Subraya la necesidad de agilizar las pruebas de ADN para proteger a los menores de sufrir maltrato o explotación. En su memoria anual muestra su preocupación por las entradas masivas a través de las fronteras de Melilla y Ceuta.

La Fiscalía Superior de Andalucía asegura en la Memoria Anual correspondiente a 2013 que el fenómeno de los ‘niños ancla’, consistente en la utilización de menores  por parte de inmigrantes adultos que dicen ser sus progenitores para evitar la expulsión del país, está relacionado con redes de prostitución que explotan a las mujeres que los acompañan.
La primera en alertar de este fenómeno fue la Fiscalía de Málaga, de la que depende el área de Melilla. En 2013 trasladó al Ministerio Fiscal andaluz los casos detectados de menores que accedían al país con adultos que decían ser sus progenitores o familiares, sin que este dato quedase acreditado, lo que generó “la seria sospecha de que dichos menores estuvieran siendo objeto de tráfico o utilizados como ‘anclas’ para conseguir su regularización”.

La trata humana
La Fiscalía Superior de Andalucía establece la relación entre el fenómeno de los ‘niños ancla’ con las redes de trata humana, después de que la Fiscalía en Jaén detectara en el Centro de Acogida de Inmigrantes en Alcaudete casos de mujeres con menores o embarazadas en los que existen “claros indicios de que éstas estaban siendo víctimas de trata de seres humanos”. Por ello, además de que los menores de edad sean utilizados como “un mecanismo de permanencia en España”, son una forma adicional de controlar a la supuesta madre para que ejerza la prostitución y pague su deuda con las redes criminales de explotación sexual.
Por su parte, la Fiscalía de Córdoba destaca la presunta trata de seres humanos con fin de explotación sexual detectada en un centro de Puente Genil dedicado a la atención de mujeres inmigrantes, en la mayor parte de los casos acompañadas de menores.
Además, el Ministerio Fiscal cordobés apunta a que, en varios casos, los menores que no son hijos o familia natural de los inmigrantes “pueden resultar abandonados o sometidos a la custodia de personas que terminan en ocasiones atentando contra su integridad física, psíquica o contra su vida” una vez que los adultos han conseguido quedarse en territorio nacional.
Concretamente, en Córdoba se registraron dos casos de estas características. En uno de ellos, el menor falleció y el otro, víctima también de malostratos, sufrió lesiones graves.

Agilidad en pruebas de ADN
En el informe, el Ministerio Fiscal destaca la efectividad del protocolo de actuación establecido entre la Sección de Extranjería y la de Menores para la protección de estos menores de situaciones de maltrato o explotación. Sin embargo, exige una mayor celeridad a la hora de realizar las pruebas de ADN para determinar la veracidad de las relaciones filiales entre el menor y el adulto. Este aspecto, cabe recordar, ya fue criticado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres–Dulce, en la Memoria de la Fiscalía de 2013 publicada hace algo más de una semana.
La tardanza en la realización de las pruebas genéticas, entre tres y cuatro meses, dificulta la detección de los casos en los que las madres ficticias son víctimas de las redes criminales de explotación sexual y, en consecuencia, entorpece la adopción de las medidas correspondientes.
En el Centro de Acogida en Puente Genil, las mujeres que reconocieron ser víctimas de estas redes explicaron que “habían sido captadas en sus países de origen bajo falsas promesas de que mejorarían su calidad de vida en España. Fueron trasladadas a Marruecos, donde fueron violadas y se quedaron embarazadas”. Una vez dieron a luz o casi al término del embarazo llegaron a territorio español, donde son controladas por las redes de trata, incluso dentro del propio centro de acogida.
La Fiscalía andaluza reconoce la complejidad y las dificultades que estos casos presentan para la investigación policial y judicial. Muchas mujeres pasan apenas unos días en el centro de acogida, pues son trasladadas a los clubes de alterne donde son explotadas y otros casos, en los que existen indicios de que las mujeres son víctimas, éstas no quieren declarar.

La presión sobre la frontera de Melilla

La Fiscalía Superior de Andalucía manifiesta en la Memoria Anual de este órgano correspondiente a 2013 su preocupación por el aumento de la presión migratoria en las fronteras de Melilla y Ceuta, así como la llegada masiva de pateras a las costas andaluzas.
El Ministerio Fiscal destaca la “especial relevancia” de la cantidad de pateras que llegan a las costas andaluzas y “la problemática específica” de Melilla y Ceuta al ser frontera natural de Marruecos. También recuerda en su informe anual los “graves acontecimientos” ocurridos este año en ambas ciudades, como la muerte de 15 personas en Ceuta ahogados en su intento de llegar a España y la entrada masiva de inmigrantes en Melilla. Además, recalca la “carencia” de aplicaciones informáticas para elaborar estadísticas fiables del fenómeno migratorio.