La elección del jurado y la defensa de la abogacía

Tensión entre Fiscalía y el presidente de la Sección 7º. En torno a las 09:30 horas de ayer comenzaron a llegar acusados, abogados, miembros del jurado y testigos a la segunda planta de la Torre Norte, sede de la Sección 7º de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla. Durante al menos dos horas, las partes estuvieron interrogando a los melillenses preseleccionados con un programa informático para formar parte del jurado popular que determinará la inocencia o culpabilidad de los dos acusados en el caso del supuesto fraude en el servicio de la ITV en la ciudad desde 1999 y 2003.
Algunos de los preseleccionados respiraban con alivio al salir, descartados, de la sala de vistas. Otros aceptaron con ilusión la responsabilidad de formar parte del jurado popular. Una vez declarada la audiencia pública los medios de comunicación pudieron acceder a la sala para tomar imágenes con la sorprendente decisión de los acusados de posar de espaldas a las cámaras.
En torno a las 13:00 horas comenzaba el juicio con la presentación ante el jurado de los hechos a juzgar por parte de la Fiscalía. Ésta explicó los delitos de los que se acusaba al ex jefe de Industria y a un guardia civil así como las penas que se solicitan en base al Código Penal antes de la reforma del 2010 por ser más beneficiosa para los procesados. En el caso de Ricardo Maldonado se pide una pena de cinco años de prisión, una multa de 700.000 euros y 10 años de inhabilitación para la función pública por dos delitos continuados de cohecho y falsedad documental en base a los artículos 419 y 390, apartados 1 y 4. Para el guardia civil, colaborador necesario en el supuesto fraude de la ITV, se pide una pena de seis años de prisión y otros seis de inhabilitación, en base al artículo 423.1 del Código Penal.
Algunas de las alusiones que hizo con respecto al derecho de los acusadosa no declarar en su contra y su derecho a mentir, como dijo, no gustó a los abogados defensores, quienes en su turno de palabra defendieron a ultranza la labor de la abogacía.
“No es mi primer juicio con jurado popular y estoy cansado de oír al Ministerio Fiscal tratar a los abogados como si fueran mercenarios y autoproclamarse poseedores de la verdad. Nosotros también tenemos dignidad y defendemos la presunción de inocencia de nuestros defendidos”, aseguró Pedro Apalategui.

Una tarde de tensión
La primera jornada del juicio estuvo marcada por la tensión no solamente entre Fiscalía y abogados defensores, sino también entre el Ministerio Fiscal y el presidente de la Sección 7º, José Luis Martín Tapia, quienes intercambiaron duras palabras durante la sesión vespertina. La Fiscalía quiso dejar constancia en acta de varias protestas, que no gustaron a Martín Tapia. La tensión se desencadenó en el momento de dar paso a los interrogatorios de los testigos, momento en el que la Fiscalía quiso hacer prevalecer su derecho a llamar en primer lugar a su primer testigo, pero las defensas y el magistrado estuvieron de acuerdo en ofrecer el turno a uno de los testigos por videoconferencia, al considerar que el primer testigo requería de un interrogatorio muy largo en el tiempo.
El segundo encontronazo entre Ministerio Fiscal y Martín Tapia vino a raíz de la imposibilidad aparente de mostrar parte de los documentos de la investigación al testigo por videoconferencia desde Almería. El magistrado insistió a la Fiscalía que no era posible mostrar estos papeles, mientras que la fiscal recordó que en su petición al tribunal requirió la presencia en la sala de los agentes de la Guardia Civil implicados en la investigación “precisamente para evitar estos impedimentos técnicos”.
A pesar de que finalmente se superaron esos impedimentos, la Fiscalía no retiró su protesta del acta y a cada nueva réplica del Ministerio Fiscal, el magistrado exigía por su parte que fuera “respetuosa”.

Los testigos
Durante esta semana se espera la comparecencia de más de medio centenar de testigos, entre los que se encuentra el exconsejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, quien entre 1999 y 2003 era director general del mismo área de la Ciudad Autónoma.