La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pide al Parlamento Europeo una “investigación exhaustiva” del 24J

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha comparecido hoy ante la Comisión de LIBE del Parlamento Europeo para dar su versión sobre los hechos ocurridos en Melilla el pasado 24 de junio, en los que al menos 23 personas murieron, 77 se encuentran aún desaparecidas y, según el Defensor del Pueblo, 470 fueron devueltas “sin las garantías previstas legalmente” . La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) también ha intervenido en la sesión, mientras Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha declinado la invitación hasta que concluyan las investigaciones abiertas. 

La directora de la organización española, Estrella Galán, ha relatado ante los eurodiputados los hechos más relevantes que provocaron esta tragedia, destacando el incremento de la violencia por parte de las autoridades marroquíes en los campamentos cercanos a la valla de Melilla, desde la reanudación de las relaciones de cooperación con Marruecos en el mes de marzo, tras el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental.  Esto se tradujo, según CEAR, en “una mayor colaboración para la externalización del control de fronteras con un aumento de las interceptaciones en el mar, las detenciones, las redadas en asentamientos de personas migrantes y los traslados forzosos a Argelia o al desierto”. De hecho, ha explicado que el día previo a la tragedia, según los testimonios, las fuerzas de seguridad marroquíes realizaron redadas en los asentamientos donde se encontraban las personas migrantes, a las que amenazaron con dispararles si en 24 horas no abandonaban la zona, lo que desencadenó que precipitaran su decisión de intentar cruzar la frontera hacia Melilla.

La mayoría de los jóvenes que protagonizaron los hechos procedían de Sudán, Sudán del Sur y Chad, personas con un alto índice de reconocimiento de protección internacional en España por los conflictos que sufren sus países. Sin embargo, las autoridades marroquíes impiden el acceso al puesto fronterizo para solicitar asilo a las personas de origen subsahariano y tampoco España habilita la posibilidad de que puedan hacerlo en el consulado, pese a que la Ley lo contempla. “Esta falta de vías seguras les obliga a arriesgar sus vidas saltando vallas o subiéndose a una patera para poder acceder al procedimiento de asilo”, afirma Estrella Galán, que además ha confirmado que las 134 personas que sí lograron acceder a territorio español han solicitado asilo en nuestro país.

CEAR manifiesta que las últimas pruebas que han salido a la luz desmontan la versión de las autoridades españolas , que siguen sosteniendo que los hechos “no sucedieron en territorio español”, algo que contradicen los mapas de Instituto Geográfico Nacional y del Castrato; que el uso de la fuerza fue “proporcional y adecuado”, pese a que en las imágenes se puede comprobar la enorme violencia empleada; y que los procedimientos de expulsión, devolución y denegación se llevaron a cabo con “pleno respeto a los derechos humanos”, lo que ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo y por los diputados de la Comisión de Interior que visitaron la zona la semana pasada.

Fin de la impunidad 

CEAR ha vuelto a reclamar al Gobierno español colaboración para garantizar una investigación exhaustiva, inmediata y transparente que aclare los hechos, tal y como también vienen exigiendo la Unión Africana, la Comisión Europea, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y diversos organismos de las Naciones Unidas, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil. Para ello recuerda que es imprescindible que se faciliten todas las imágenes aéreas y del perímetro fronterizo . “Esto puede interpretarse como una intención de ocultación que no favorece al esclarecimiento de los hechos. Resulta llamativo que, en el momento más cruento de la tragedia, las imágenes grabadas por el helicóptero español se interrumpieran porque tuvo que repostar y al dron de la guardia civil también se le agotara la batería. Demasiadas casualidades”, ha cuestionado Estrella Galán.

Además, se tiene constancia que las víctimas no fueron auxiliadas en ningún momento, lo que podría suponer omisión del deber de socorro. También queda patente que las autoridades marroquíes se ensañaron con personas que se encontraban en el suelo heridas, desmayadas o posiblemente fallecidas, tras caer de la valla o por la avalancha producida en el patio situado bajo jurisdicción española. Por este motivo, la organización ha denunciado que aquel día se vulneraron varios derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos: el derecho de asilo; la prohibición de expulsiones colectivas; el derecho a la vida e integridad física; la prohibición de tortura, tratos inhumanos o degradantes; y el derecho a la protección de la salud.

“Somos conscientes de que la gestión de las fronteras no es una tarea fácil y que tiene muchos vértices y puntos de vista, pero el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional debe estar por encima de cualquier valla, por muy alta que sea”, ha concluido en su comparecencia.